Economía
CES en sesión permanente para discutir sobre la reforma fiscal
Empresariado: reforma es inconsistente y generará desempleo.
La reforma fiscal genera controversia empresarios-gobierno.
SANTO DOMINGO. El Consejo Económico y Social (CES) se declaró ayer en sesión permanente en las próximas dos semanas para seguir la discusión en torno al «programa de consolidación fiscal de corto plazo».
Asimismo, para garantizar una participación amplia y activa de todos los sectores, este miércoles se anunciará el mecanismo que se utilizará en torno al pacto fiscal.
Mientras que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, advirtió ayer que la República Dominicana se expone a una insostenibilidad financiera si no se toman medidas respecto al gasto y al ingreso como propone la reforma tributaria, por lo que será imposible que el país siga operando con el actual nivel de déficit que bordeará el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) este año.
Dijo que si no se toman medidas «todo esto puede muy bien conducir a una debacle de la economía», que se reflejará inmediatamente en un incremento de la tasa de cambio, que es un factor de estabilidad.
El empresariado, sin embargo, ve la reforma fiscal con otro cristal, tras afirmar que es insostenible, inconsistente, y generará desempleo y afectará la seguridad social.
Montás aseguró que el próximo año habrá que pagar RD$17 mil millones, sólo en intereses de deuda y habrá que invertir el 4% del PIB para la educación básica, el 0.5% para la universitaria, es decir un incremento de casi 1.5% del PIB en el gasto educación.
«Si no se toman medidas, el gobierno central terminaría el año que viene con un déficit superior al 5% del PIB, que puede situarse próximo al 7% del PIB, si se agrega el déficit del Banco Central», dijo.
Medidas
«Todo esto puede conducir a una debacle de la economía, que se reflejará inmediatamente en un incremento de la tasa de cambio, que es un factor de estabilidad», y recordó que la caída de ese factor disparó el dólar a casi sesenta pesos cuando la crisis bancaria 2003-2004, dijo. Montás informó que el gobierno el próximo año aplicará una serie de medidas tendentes a reducir el gasto público entre RD$55 mil millones y RD$60 mil millones, lo que representaría el 2.3% el Producto Interno Bruto (PIB). Sostuvo que se reducirá la inversión pública en unos RD$48 mil millones, RD$5,000 millones en la electricidad, así como la racionalización de los cuerpos diplomáticos y consulares de la República Dominicana.
Mientras el viceministro de Hacienda y director de Presupuesto, Luis Reyes, afirmó que el déficit del sector público consolidado de RD$184,000 millones a diciembre de este año es el resultado de las debilidades institucionales, por lo que si en el país no se establecen topes para el endeudamiento y gastos, los actuales problemas se pueden repetir, y habrá que recurrir a reformas «para tapar agujeros».
Ayer se reunió la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social, encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, y por los ministros de Economía y de Hacienda, Temístocles Montás y Simón Lizardo, respectivamente, y para tratar sobre el pacto fiscal, pero continuará este miércoles y será anunciado el mecanismo para tratar el tema.
Rechazo empresarial
Sin embargo, esa no es la visión del empresariado. Al respecto, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) consideró que el proyecto de reforma fiscal generará efectos negativos en el empleo y la seguridad; la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), que es inconsistente; y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), que será difícil incentivar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
El presidente de Copardom, Jaime González, rechazó la propuesta de reforma porque no es integral y no establece austeridad en el gasto público y tampoco señala metas macroeconómicas.
Advirtió que la propuesta de reforma fiscal presentada generará efectos negativos en el empleo y la formalidad de las actividades productivas.
Sostuvo que como consecuencia del desempleo y el incremento de la informalidad que conllevaría la aplicación de una reforma fiscal como la propuesta, se generaría en el Sistema Dominicano de Seguridad Social amenazas inmediatas en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, incrementándose el desequilibrio y su sostenibilidad y permanencia en el corto plazo.
La Anje rechazó la propuesta fiscal presentada y exigió al gobierno presentar una propuesta detallada de ajuste del gasto público.
Sindicalistas al diálogo
Organizaciones laborales, sindicales y empresariales anunciaron su integración al proceso de diálogo y concertación de un pacto fiscal integral. En ese tenor, las centrales sindicales manifiestan, en una primera valoración, que la propuesta de aumento de impuestos presentada por el gobierno, no responde al espíritu del Pacto o Reforma Fiscal Integral que la ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a elaborar para financiar el desarrollo sostenible y productivo a mediano y largo plazo.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.