Economía
CES en sesión permanente para discutir sobre la reforma fiscal
Empresariado: reforma es inconsistente y generará desempleo.
La reforma fiscal genera controversia empresarios-gobierno.
SANTO DOMINGO. El Consejo Económico y Social (CES) se declaró ayer en sesión permanente en las próximas dos semanas para seguir la discusión en torno al «programa de consolidación fiscal de corto plazo».
Asimismo, para garantizar una participación amplia y activa de todos los sectores, este miércoles se anunciará el mecanismo que se utilizará en torno al pacto fiscal.
Mientras que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, advirtió ayer que la República Dominicana se expone a una insostenibilidad financiera si no se toman medidas respecto al gasto y al ingreso como propone la reforma tributaria, por lo que será imposible que el país siga operando con el actual nivel de déficit que bordeará el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) este año.
Dijo que si no se toman medidas «todo esto puede muy bien conducir a una debacle de la economía», que se reflejará inmediatamente en un incremento de la tasa de cambio, que es un factor de estabilidad.
El empresariado, sin embargo, ve la reforma fiscal con otro cristal, tras afirmar que es insostenible, inconsistente, y generará desempleo y afectará la seguridad social.
Montás aseguró que el próximo año habrá que pagar RD$17 mil millones, sólo en intereses de deuda y habrá que invertir el 4% del PIB para la educación básica, el 0.5% para la universitaria, es decir un incremento de casi 1.5% del PIB en el gasto educación.
«Si no se toman medidas, el gobierno central terminaría el año que viene con un déficit superior al 5% del PIB, que puede situarse próximo al 7% del PIB, si se agrega el déficit del Banco Central», dijo.
Medidas
«Todo esto puede conducir a una debacle de la economía, que se reflejará inmediatamente en un incremento de la tasa de cambio, que es un factor de estabilidad», y recordó que la caída de ese factor disparó el dólar a casi sesenta pesos cuando la crisis bancaria 2003-2004, dijo. Montás informó que el gobierno el próximo año aplicará una serie de medidas tendentes a reducir el gasto público entre RD$55 mil millones y RD$60 mil millones, lo que representaría el 2.3% el Producto Interno Bruto (PIB). Sostuvo que se reducirá la inversión pública en unos RD$48 mil millones, RD$5,000 millones en la electricidad, así como la racionalización de los cuerpos diplomáticos y consulares de la República Dominicana.
Mientras el viceministro de Hacienda y director de Presupuesto, Luis Reyes, afirmó que el déficit del sector público consolidado de RD$184,000 millones a diciembre de este año es el resultado de las debilidades institucionales, por lo que si en el país no se establecen topes para el endeudamiento y gastos, los actuales problemas se pueden repetir, y habrá que recurrir a reformas «para tapar agujeros».
Ayer se reunió la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social, encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, y por los ministros de Economía y de Hacienda, Temístocles Montás y Simón Lizardo, respectivamente, y para tratar sobre el pacto fiscal, pero continuará este miércoles y será anunciado el mecanismo para tratar el tema.
Rechazo empresarial
Sin embargo, esa no es la visión del empresariado. Al respecto, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) consideró que el proyecto de reforma fiscal generará efectos negativos en el empleo y la seguridad; la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), que es inconsistente; y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), que será difícil incentivar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
El presidente de Copardom, Jaime González, rechazó la propuesta de reforma porque no es integral y no establece austeridad en el gasto público y tampoco señala metas macroeconómicas.
Advirtió que la propuesta de reforma fiscal presentada generará efectos negativos en el empleo y la formalidad de las actividades productivas.
Sostuvo que como consecuencia del desempleo y el incremento de la informalidad que conllevaría la aplicación de una reforma fiscal como la propuesta, se generaría en el Sistema Dominicano de Seguridad Social amenazas inmediatas en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, incrementándose el desequilibrio y su sostenibilidad y permanencia en el corto plazo.
La Anje rechazó la propuesta fiscal presentada y exigió al gobierno presentar una propuesta detallada de ajuste del gasto público.
Sindicalistas al diálogo
Organizaciones laborales, sindicales y empresariales anunciaron su integración al proceso de diálogo y concertación de un pacto fiscal integral. En ese tenor, las centrales sindicales manifiestan, en una primera valoración, que la propuesta de aumento de impuestos presentada por el gobierno, no responde al espíritu del Pacto o Reforma Fiscal Integral que la ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a elaborar para financiar el desarrollo sostenible y productivo a mediano y largo plazo.
Economía
PE somete Presupuesto General de 2025 por RD$1,484,234.6 millones, con la fusión de instituciones
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, el cual contempla gastos por RD$1,484,234.6 millones, marcando así el inicio de la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública, anunciada recientemente.
El Gobierno estima, que en términos de ingresos, estos asciendan a RD$1,241,364.7 millones, representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), gracias a los esfuerzos administrativos para elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y al mantenimiento del contexto macroeconómico favorable.
Mientras que en lo concerniente al gasto, cuyo monto equivale al 18.3 % del PIB estimado, el presupuesto tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.
Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla una asignación de recursos del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector, medida que facilitará la implementación de políticas educativas integrales, eliminando la fragmentación que actualmente dificulta la coordinación entre los diversos niveles de enseñanza.
“Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.
Asimismo, incluye el reforzamiento de los servicios económicos con el impulso de proyectos de desarrollo turístico en puntos geográficos estratégicos, provee los recursos para continuar la construcción de un sistema integrado de transporte en Santiago y Santo Domingo y reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, destinando los recursos necesarios para acentuar la reforma policial.
“La política de gasto de 2025 prioriza la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, protegiendo su capacidad de consumo y sus medios de vida. En protección social, se mantendrá el alcance de millón y medio de familias vulnerables beneficiarias del programa Supérate, reduciendo la desigualdad social y la pobreza multidimensional”, establece.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año plantea un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones, equivalente a un 3.0 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de la reducción del déficit público.
“El documento está alineado con las directrices de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales y cumple con la regla fiscal de gasto primario establecida en dicho marco normativo. Esta estrategia busca asegurar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y evitar un aumento del déficit, contribuyendo a una gestión fiscal más transparente y sostenible en el tiempo”, resaltó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
Economía
Economistas sugieren analizar “costo y beneficios” antes de eliminar leyes de incentivos fiscales
Santo Domingo, R.D.-Estudios técnicos con antelación a cada sector productivo y análisis de costo y beneficios. Esto es lo que sugieren economistas consultados por Listín Diario en torno a lo que dijo el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, de mantener o eliminar algunas leyes de incentivos fiscales que disfrutan distintos sectores económicos del país, como turismo y las zonas francas. El plan forma parte de la propuesta del Poder Ejecutivo en torno a la venidera reforma fiscal que, según Vicente, se presentará “en los próximos días”.
El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, explicó que esa medida debe realizarse con estudios técnicos y no base a prejuicios ni opiniones. Con esto, Jiménez se ha referido a estudios “rigurosos” en los que se analice, primero, el beneficio desde el punto de vista del impacto en el crecimiento económico y la creación de empleos para ciertos grupos, por la capacidad del Gobierno en reducir la pobreza.
Y, por otro lado, que se analice el costo que tienen desde el punto de vista de dejar de pagar impuestos recibidos. “Esos se llaman estudios beneficios y eso permitirá saber cuáles políticas de incentivos a los sectores productivos se justifican desde el punto de vista que el beneficio sea mayor al costo y cuales no en los casos donde el costo sea mayor al beneficio”, argumentó el también profesor de la Universidad de Harvard.
Jiménez reiteró que antes de tomar una decisión sobre quitarle exenciones fiscales a los sectores productivos se necesitan estudios técnicos que sustenten esa medida.
¿Qué dice Henri Hebrard?
Para el economista Henri Hebrard el tema debe separarse en dos grupos grandes: por un lado, las exenciones del ITBIS, el impuesto sobre la renta y con algunos combustibles; y por otro, las leyes de incentivos fiscales, que son en las que hay más discusiones en la mesa de la reforma tributaria, según Hebrard.
“En este grupo yo separaría lo que es zona franca de todo lo demás, porque la cifra que se calcula, que usualmente se calcula como supuesto sacrificio fiscal, está muy inflada y ahí no estamos de acuerdo con la metodología que se utiliza para calcular cuánto de impuesto se lograría cobrar si se fuese a poner un impuesto a la zona franca”, señaló.
A juicio del experto, el país de manera unilateral no puede hacer un cambio a la ley de incentivo de zona franca. “Si solamente lo hacemos nosotros y que en los demás países con los cuales competimos no hacen un cambio en esta misma dirección, pues, lo que vamos a provocar es una estampida y vamos a perder lo que tenemos en zona franca, que es tan sensible para República Dominicana”, explicó.
De acuerdo con Hebrard, la ley de incentivo para la zona franca “no se debe tocar para nada”. No obstante, con respecto a los otros sectores productivos, dijo que el Gobierno debe analizar uno por uno, midiendo “muy bien” y teniendo “mucho cuidado”.
El economista afirmó que el mayor efecto que traería la eliminación de las leyes de incentivos fiscales se reflejaría en la captación de nuevas inversiones.
“Habrá de tomar estas decisiones de manera muy cuidadosa, ya que para lograr duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 años no se puede correr el riesgo de desenchufar importantes sectores de actividades”, apuntó.
Hebrard explicó que la factura de la reforma fiscal se va a cargar en función de la capacidad contributiva de cada quien: es normal, dijo, que los de mayores ingresos, de más propiedad, sean los que tengan que asumir, en mayor parte, la carga de la reforma. Mientras que los más vulnerables puedan recibir beneficios del aumento del gasto público.
Santo Domingo, R.D.-Las tarjetas de crédito se han convertido en uno de los métodos de pagos más usados en el día a día de muchas personas. Muchos creen que este préstamo que otorgan las entidades bancarias es una extensión de su salario, y pagan caro cuando no pueden cubrir lo consumido en los 21 días que se les otorga.
Es muy importante que se entiendan las fechas de corte y de pago. El corte es la fecha programada para realizar la facturación o cierre de los consumos, cargos y pagos del mes, presentados en el estado de cuenta y la fecha de pago es el último día que tienes para realizar el pago total, parcial o mínimo de las sumas adeudadas.
Es necesario que se tengan claras estas fechas para que se pueda hacer un uso planificado y sano de esta facilidad financiera que brindan los bancos múltiples.
Si el corte se realiza los 30 de cada mes, la fecha de pago sería los días 21 del mes siguiente. Si no se hace el pago completo de lo consumido hasta el corte se generan cargos por mora, que van desde casi 400 pesos hasta más de RD$800, dependiendo el tipo de tarjeta y entidad que la emite, y también cargos por financiamiento que varia un poco de acuerdo al tipo de banco, pero que rondan el 60%.
Los cargos por mora se pueden evitar cuando se realiza el pago mínimo en el tiempo estipulado, pero el financiamiento no, por lo que, es necesario que se este conciente de que en el próximo corte se sumará esta cantidad, y si sigues solo pagando el mínimo, el pago de la tarjeta se va a hacer cada día más difícil.
Para hacer un buen uso de la tarjeta de crédito y no sufrir daño en el historial crediticio se debe poner un tope al total que puedes consumir y pagar con tu salario, tomando en cuenta los gastos fijos o en efectivo que se realizan.
Hacer un mal uso de esta facilidad económica que ofrecen los bancos puede, no solo dañar el historial créditicio, sino que genera una deuda que va creciendo y que poco a poco, reduce la disponibilidad de dinero para los gastos diarios, hasta llevar a quienes la poseen a la insolvencia financiera.