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Cesantía Laboral un tema sobre la mesa en discusión entre empleados y empleadores.

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Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional es escenario de un gran debate sobre la reforma del Código de Trabajo, cuya medida implica una confrontación entre empresarios y trabajadores.

El proyecto entregado por el Poder Ejecutivo al Senado de la República pretende actualizar la Ley 16-92, que fue promulgada en el año 1992, hace 32 años, agregando nuevas modalidades laborales y fortaleciendo el marco regulatorio del país.

Sin embargo, el principal tema de discusión es la cesantía laboral, ya que mientras el sector empresarial solicita desde hace años una revisión para modificarla, los empleados y las centrales sindicales demandan lo contrario, asegurando que este es un derecho adquirido de los asalariados dominicanos que no debe ser perjudicado.

La cesantía no es más que el pago “auxiliar” que debe realizar el contratante cuando ejecute el desahucio (despido) del empleador. El monto está establecido en función del tiempo que el empleado tenga perteneciendo a la compañía.

Así lo dicta el artículo 80 de la ley, en el cual detalla que luego de un trabajo continuo por un periodo no menor a tres, ni mayor a seis meses, requerirá la entrega de 6 días de salarios ordinarios, sin contabilizar las horas extras.

Mientras que para quienes hayan cumplido con su labor entre seis meses y un año, la norma jurídica ordena el pago de 13 días de sueldo.

Por último, en el caso de quienes tengan más de cinco años, la pieza legislativa vigente dispone una indemnización de 23 días de salarios, de igual forma, por cada año.

Según el artículo 86, las compensaciones económicas deben ser pagadas al trabajador en un plazo de diez días, a contar de la fecha de la terminación del contrato. Cuando ocurra un incumplimiento, el empleador debe adicionar el pago de un día del salario por cada día de retraso.

Temor y preocupación

La pieza elaborada por el Ministerio de Trabajo no pretende afectar el artículo de la Cesantía, debido a que este tema no pudo ser consensuado por el sector tripartito (Gobierno, empresarios y empleados). Esto, a pesar de los más de 100 encuentros en los que participaron estas tres representaciones de la sociedad.

Sin importar las garantías que ofrece el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, asegurando que la intención del tren gubernamental no es adicionar o modificar algún artículo, el cual no haya sido acordado en los diálogos, iniciados en 2022.

Tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, cuentan con total soberanía por conformar al Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, para decidir finalmente los proyectos de ley que se aprueban o pasan a ser rechazados. Y, precisamente, así lo entienden los sindicalistas.

Es por eso que el pasado jueves, al visitar la comisión especial del Senado que estudia el proyecto, las cuatro principales Centrales Sindicales manifestaron temor y preocupación ante la existencia de esa posibilidad.

Sin importar la incertidumbre que puedan tener, El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, fungió como vocero de otras tres entidades que estaban presentes para reiterar su rechazo al pedimento de la clase empresarial.

Al finalizar, Abreu expresó tener esperanza de que los congresistas de ambas cámaras cumplirán con mantener la cesantía intacta.

“Tenemos fe en que va a ser cumplido. De este hemiciclo, de esta cámara alta, no va a salir una propuesta que incluya la cesantía laboral. Esa es la fe que tenemos nosotros”, dijo Abreu. Momentos antes se escuchaba desde las afueras del salón de reuniones en el Senado al senador Antonio Marte pedir confianza en la voluntad de los congresistas.

¿Seguridad social?

Mientras tanto, hay legisladores que consideran oportuno colocar la discusión sobre la cesantía dentro de la reforma a la Ley 87-01 de la Seguridad Social, la cual es parte de las 12 transformaciones legislativas anunciadas el pasado 6 de junio por la Presidencia.

“Si en la mesa tripartita no se acordó tocar la cesantía. Pues no se puede tocar… Como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y senador de La Vega, entiendo que ese tema debe abordarse al discutirse la reforma de la Seguridad Social”, afirmó el pasado viernes el representante Rogelio Genao, quien comparte la misma declaración de otros senadores que, incluso, pertenecen a la comisión especial.

Genao entiende que una solución podría ser establecer dentro de la Ley 87-01 un seguro de desempleo. A esta visión también se une la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), quien publicó un comunicado el 22 de julio para pedir la exclusión de la cesantía.

“Profundizar el diálogo”

Por otro lado, una de las grandes agrupaciones empresariales, el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), reiteró el pasado viernes su compromiso con el bienestar de los trabajadores. No obstante, el presidente, Celso Juan Marranzini, espera que el Senado sirva de espacio para que se profundice el diálogo.

“Quieren forzar una discusión en el Congreso donde ya se abortó, no se logró consenso en la mesa tripartita”, esta fue la respuesta de Genao ante las declaraciones de los empresarios.

Tiempo de discusión

Este proyecto podrá permanecer, de manera vigente, durante dos legislaturas en el órgano legislativo, de acuerdo con lo fijado en el reglamento. Por lo que quedará en manos de los congresistas si finalmente este apartado será modificado en los próximos o cuando sea desarrollada la evolución en la Ley de Seguridad Social.

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40 modificaciones tuvo el Nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la nueva Ley 74-25 del Código Penal, la cual entra en vigencia durante la primera semana de agosto.

Los diputados decidieron enviar al Senado de la República la pieza que tiene el objetivo de variar el contenido de 40 artículos, agregando ocho cambios a los 32 realizados en la sesión desarrollada el pasado sábado.

La iniciativa pasará al Senado de la República, donde deberá ser sometida a votaciones en dos discusiones. Si fuese acogida, sería remitida a las manos del presidente Luis Abinader, quien decidirá si los acoge.

Dentro de las alteraciones establecidas por los legisladores de la Cámara Baja se encuentra una disposición agregada al artículo 238 que sanciona la estafa agravada cinco a diez años de prisión mayor.

Los diputados adicionaron un párrafo para que especificar que se constituye estafa agravada cuando alguien intente vender o prometer un bien en plano, recibiendo total o parcialmente el precio convenido o cuando sea vendido.

Además, cuando una sola propiedad haya sido comercializada a dos personas.

No obstante, incluye la penalización de los casos en que la captación de persona se realice fuera del país, así como si utilizan establecimientos para facilitar la explotación sexual.

El presidente de la Cámara Baja, diputado Alfredo Pacheco, informó que esta moción fue propuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que estaba contenida en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Persona.

El apartado en el cual se encontraba esa palabra busca especificar que quien sea cómplice de la consumación del hecho antes mencionado será sancionado con la misma pena de la persona que orquestó su secuestro. El castigo es de dos a tres años de prisión menor y una multa de hasta 15 salarios mínimos.

El otro cambio fue realizado al artículo 142 que versa sobre el exhibicionismo sexual. Los diputados agregaron un numeral en este para eximir de responsabilidad penal cuando ocurra la realización de esos actos en contextos artísticos destinados a personas mayores de edad que no impliquen una afectación del bien jurídico.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos presentó una nuevo párrafo para el artículo 173 que tipifica la discriminación.

“No habrá discriminación cuando la acción u omisión se fundamente en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal en la imposibilidad material o en caso de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los supuestos previstos de estos artículos”, establece el texto.

Según explicó Pacheco, este fue elaborado para atender una ola de críticas que registraron en las redes sociales durante los últimos días.

Los artículos 104, sobre Daños por aplicación de sustancias químicas (ácido del diablo), y 141 que regula la prescripción de los delitos sexuales solo recibieron modificaciones de estilo.

Mientras que el último artículo aprobado por el órgano legislativo permitirá que los técnicos realicen cualquier arreglo ante la aparición de faltas ortográficas o de otro tipo.

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Destinan a víctimas de violencia de género 10% recaudaciones bienes incautados.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de ley que agrega dos párrafos al numeral dos del artículo 82 de la la Ley 60-23 para que destine al menos un 10% de lo recaudado en los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, sean destinados políticas de protección a mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa propuesta por el senador Pedro Catrain busca que de los fondos recaudados a través de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, se destine un porcentaje fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

La pieza legislativa plantea que sea prioridad dar apoyo a las casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio con el propósito de reformar “la cultura machista” en perjuicio de los derechos y dignidad de la mujer.

Asimismo, establece la implementación de planes y programas en las escuelas públicas para promover una nueva forma de masculinidad que permita cambiar la cultura tradicional de comportamiento del hombre dominicano frente a la mujer.

El proyecto plantea crear campañas de publicidad en redes sociales y demás medios tradicionales para cambiar el comportamiento de las relaciones hombre-mujer de la sociedad dominicana.

Los fondos destinados serán asignados al Ministerio Público, y coordinados con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, entre otras instituciones.

De los fondos destinados, 40% será al Ministerio Público para la ejecución y fortalecimiento de las acciones vinculadas a la prevención y protección frente a la violencia de genero e intralamiliar; mientras que el 60% restante será distribuido entre el Ministerlo de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación.

El Senado también aprobó el proyecto de ley que declara el 16 de mayo de cada año como «Día

Nacional de las Sufragistas Dominicanas», el cual busca preservar la memoria histórica del movimiento sufragista de vanguardia en el país, promoviendo la educación cívica y democrática, y la igualdad de género en la participación política.

La pieza establece la realización de charlas, conferencias y seminarios temáticos educativos sobre la emancipación femenina y el significado del movimiento sufragista, donde se reconocerán a mujeres destacadas en la política, académicas, investigadoras, artistas e intelectuales que hayan producido aportes a la historiografía nacional de la mujer en la política.

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Senado garantiza Código Penal para agosto.

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Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado,  aseguró este lunes que el nuevo Código Penal entrará en vigencia el próximo 3 de agosto, con las modificaciones que se discuten en el Congreso Nacional.

De los Santos afirmó que existe el ánimo legislativo para completar el trámite antes de que concluya la actual legislatura y sostuvo que ambas cámaras trabajan de manera coordinada para aprobar la pieza sin mayores contratiempos.

“Ese es el ánimo que hay. Nosotros entendemos que antes de que termine esta legislatura habrá Código Penal sin ningún inconveniente, ya que estamos trabajando de manera conjunta para eso”, expresó el presidente del Senado.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado, en primera lectura, un paquete de 32 modificaciones distribuidas en 24 artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

De los Santos destacó que el objetivo es que, cuando el proyecto llegue al Senado, esté suficientemente consensuado para recibir un trámite expedito.

Referencia geográfica

Según explicó, la intención es darle a la iniciativa “el tratamiento con la misma vigorosidad, con el mismo entusiasmo y con el mismo esfuerzo” con que ha trabajado la Cámara de Diputados.

El legislador dijo que el Senado trabaja en armonía con la Cámara Baja y que las inquietudes detectadas durante el proceso se están estudiando en conjunto, a fin de evitar que el texto llegue al Senado con cambios pendientes.

“Las inquietudes que estamos encontrando las estamos estudiando en conjunto, para que ya la pieza estudiada en la Cámara de Diputados cuando llegue al Senado no haya cambios que hacerle, sino que nos aboquemos a darle el tratamiento apropiado para su aprobación, y el envío al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El presidente del Senado informó, sin embargo, que cuando el proyecto llegue a esa cámara tiene algunos párrafos que presentará para introducir al artículo 173.

La discusión legislativa ocurre bajo presión de tiempo. El nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el 3 de agosto de 2026, por lo que las modificaciones deben aprobarse antes de esa fecha si el Congreso pretende que el texto entre en vigor con los ajustes reclamados por distintos sectores.

De los Santos había rechazado previamente postergar la entrada en vigor de la nueva normativa penal, argumentando que la justicia dominicana requiere instrumentos actualizados para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

El presidente del Senado también informó que las propuestas que no fueron acogidas recibirán una comunicación explicando las razones de su exclusión, con el objetivo de que la sociedad conozca el criterio seguido por el Congreso.

De los Santos recordó que la Cámara de Diputados ha sesionado en horarios extraordinarios y afirmó que el Senado está listo para hacer lo mismo si resulta necesario.

El proyecto se mantiene ahora en una fase decisiva. Una vez la Cámara de Diputados complete la segunda lectura, la pieza deberá pasar al Senado, donde se definirá si el Congreso logra cerrar el proceso de modificación antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

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