Santo Domingo, RD.-César Emilio Peralta, el ¨¨Abusador¨¨, narcotraficante dominicano, se declaró culpable de tráfico de cocaína, de acuerdo con el fiscal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.Nacionales
El Abusador se declara culpable de tráfico de drogas
Santo Domingo, RD.-César Emilio Peralta, el ¨¨Abusador¨¨, narcotraficante dominicano, se declaró culpable de tráfico de cocaína, de acuerdo con el fiscal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Peralta se declaró culpable el pasado 4 de noviembre de 2022.
César el Abusador admitió que entre 2007 hasta junio de 2017 intencionalmente y a sabiendas conspiró y acordó junto a otras personas importar cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos desde países como República Dominicana, Venezuela, Colombia y las Antillas Holandesas. Todo en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952, 960 y 963.
Como parte del proceso, Peralta también se declaró culpable del primer cargo de una acusación proveniente del Distrito Sur de Florida (SDFL, por sus siglas en inglés) que fue transferida al Distrito de Puerto Rico para efectos de sentencia.
En el SDFL, Peralta fue acusado de distribución de cocaína con fines de importación ilegal.
Esta persecución forma parte del Grupo Especial de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Ocdetf, por sus siglas en inglés), que identifica, desbarata y desmantela las organizaciones delictivas de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiinstitucional dirigido por los fiscales y basado en la inteligencia.
Desde 2017, la organización de narcotráfico de Peralta ha sido investigada por agentes asignados a la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF, por sus siglas en inglés).
La red de Peralta también fue investigada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El 20 de agosto de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a Peralta y a su Organización de Tráfico de Drogas como importantes narcotraficantes extranjeros, de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (Ley de Kingpin).
El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Adjunto Max J. Pérez-Bouret, Jefe de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, y el Fiscal Federal Adjunto Jawayria Z. Auchter.
Peralta se enfrenta a una posible sentencia de 10 años y que podría ampliarse hasta cadena perpetua.
La audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2023 a las 14:00 horas ante el juez Pedro A. Delgado Hernández.
César Emilio Peralta es el líder de una red transnacional basada en República Dominicana.
Peralta accedió a que confiscaran cuatro propiedades y un negocio en la República Dominicana que estaban controlados por él, como Flow Gallery Lounge, Club La Koura o, Aqua Club y Al Panino, todos en Santo Domingo. Así como Inversiones Peralta, S.A.
“Esta condena demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Continuaremos maximizando nuestros esfuerzos multiagenciales para llevar ante la justicia a aquellos que no respetan nuestras leyes y trafican drogas a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales”.
El 28 de noviembre de 2018, el Gran Jurado Federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra Peralta, acusándolo de conspiración para importar heroína y cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos y de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con fines de importación ilegal a los Estados Unidos. Posteriormente, Peralta fue arrestado en Colombia y extraditado a Puerto Rico.
Tras varios meses de intensa búsqueda, “El Abusador” fue capturado la madrugada del 2 de diciembre de 2019 en Cartagena, Colombia.
‘César el Abusador’ se encontraba prófugo desde agosto de ese año, cuando en Santo Domingo, se realizó una gran operación contra el narcotráfico que dio con la captura de varias personas.
Según las autoridades de Puerto Rico, Peralta se inició en el narcotráfico en 1997 y fue arrestado en República Dominicana en los años 2000, 2008 y 2015. Luego, en abril de 2019, el distrito sur de la Florida hizo una acusación formal de reemplazo contra César Emilio Peralta.
Entre las acusaciones presentadas en la solicitud de extradición está “asociación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, sabiendo o teniendo motivos para creer razonablemente que tal sustancia controlada sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos”.
Peralta fue extraditado el 22 de diciembre de 2021 a Puerto Rico desde Colombia, donde guardaba prisión en la cárcel de La Picota desde su apresamiento en 2019.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.