Santo Domingo, RD.-César Emilio Peralta, el ¨¨Abusador¨¨, narcotraficante dominicano, se declaró culpable de tráfico de cocaína, de acuerdo con el fiscal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.Nacionales
El Abusador se declara culpable de tráfico de drogas
Santo Domingo, RD.-César Emilio Peralta, el ¨¨Abusador¨¨, narcotraficante dominicano, se declaró culpable de tráfico de cocaína, de acuerdo con el fiscal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Peralta se declaró culpable el pasado 4 de noviembre de 2022.
César el Abusador admitió que entre 2007 hasta junio de 2017 intencionalmente y a sabiendas conspiró y acordó junto a otras personas importar cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos desde países como República Dominicana, Venezuela, Colombia y las Antillas Holandesas. Todo en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952, 960 y 963.
Como parte del proceso, Peralta también se declaró culpable del primer cargo de una acusación proveniente del Distrito Sur de Florida (SDFL, por sus siglas en inglés) que fue transferida al Distrito de Puerto Rico para efectos de sentencia.
En el SDFL, Peralta fue acusado de distribución de cocaína con fines de importación ilegal.
Esta persecución forma parte del Grupo Especial de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Ocdetf, por sus siglas en inglés), que identifica, desbarata y desmantela las organizaciones delictivas de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiinstitucional dirigido por los fiscales y basado en la inteligencia.
Desde 2017, la organización de narcotráfico de Peralta ha sido investigada por agentes asignados a la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF, por sus siglas en inglés).
La red de Peralta también fue investigada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El 20 de agosto de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a Peralta y a su Organización de Tráfico de Drogas como importantes narcotraficantes extranjeros, de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (Ley de Kingpin).
El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Adjunto Max J. Pérez-Bouret, Jefe de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, y el Fiscal Federal Adjunto Jawayria Z. Auchter.
Peralta se enfrenta a una posible sentencia de 10 años y que podría ampliarse hasta cadena perpetua.
La audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2023 a las 14:00 horas ante el juez Pedro A. Delgado Hernández.
César Emilio Peralta es el líder de una red transnacional basada en República Dominicana.
Peralta accedió a que confiscaran cuatro propiedades y un negocio en la República Dominicana que estaban controlados por él, como Flow Gallery Lounge, Club La Koura o, Aqua Club y Al Panino, todos en Santo Domingo. Así como Inversiones Peralta, S.A.
“Esta condena demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Continuaremos maximizando nuestros esfuerzos multiagenciales para llevar ante la justicia a aquellos que no respetan nuestras leyes y trafican drogas a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales”.
El 28 de noviembre de 2018, el Gran Jurado Federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra Peralta, acusándolo de conspiración para importar heroína y cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos y de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con fines de importación ilegal a los Estados Unidos. Posteriormente, Peralta fue arrestado en Colombia y extraditado a Puerto Rico.
Tras varios meses de intensa búsqueda, “El Abusador” fue capturado la madrugada del 2 de diciembre de 2019 en Cartagena, Colombia.
‘César el Abusador’ se encontraba prófugo desde agosto de ese año, cuando en Santo Domingo, se realizó una gran operación contra el narcotráfico que dio con la captura de varias personas.
Según las autoridades de Puerto Rico, Peralta se inició en el narcotráfico en 1997 y fue arrestado en República Dominicana en los años 2000, 2008 y 2015. Luego, en abril de 2019, el distrito sur de la Florida hizo una acusación formal de reemplazo contra César Emilio Peralta.
Entre las acusaciones presentadas en la solicitud de extradición está “asociación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, sabiendo o teniendo motivos para creer razonablemente que tal sustancia controlada sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos”.
Peralta fue extraditado el 22 de diciembre de 2021 a Puerto Rico desde Colombia, donde guardaba prisión en la cárcel de La Picota desde su apresamiento en 2019.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.