El Comercio (GDA)

Perú.-A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.

Esto fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.

Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.

Las mismas fuentes señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.

Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.

Fuentes cercanas Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte “seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.

El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.

La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.

En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.

“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.

“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino […] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko Fujimori a este Diario.

No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.

“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó Quiroga.

“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.

Un gobierno autoritario

Fujimori, apodado como “El Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.

El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.

La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.

Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.

En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.

En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.

En setiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.

Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.

Cuatro condenas firmes

El ex jefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.

Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.

Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.

El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.

En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.

Agencia EFE

Caracas,.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.

El mandatario venezolano sostuvo que está «muy pendiente» del debate presidencial, que se celebra este martes, y que si no le «hubieran robado el avión en República Dominicana», viajaría a Estados Unidos.

El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la confiscación del avión oficial de Maduro en una operación que realizó en República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre la nación petrolera.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, «propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre».

La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) «a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches», denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación de este avión

Agencias.-

Puerto Príncipe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un aumento de la ayuda humanitaria a Haití de 45 millones, pidió a otros países que aporten más y prometió trabajar durante la Asamblea General de Naciones Unidas para aumentar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad.

“En este momento crítico, necesitamos más fondos. ¡Necesitamos más personal para apoyar y alcanzar los objetivos de esta misión”, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa celebrada durante su visita oficial a Puerto Príncipe.

Al cierre de su visita a la capital haitiana, Blinken también dijo que es “un paso crítico” el crear un consejo electoral para conseguir celebrar elecciones a finales de 2025.

“El éxito llama al éxito y los países están vigilando lo que pasa ahora en Haití. Están viendo lo que ha pasado en los últimos meses, al inicio de esta misión de apoyo de seguridad y si entrega resultados”, reflexionó Blinken.

EE.UU. ha contribuido a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), que desplegó desde junio a 380 policías kenianos, más de 300 millones de dólares.

Asimismo, Blinken adelantó que ha propuesto una reunión ministerial durante la Asamblea General de Naciones Unidas de este mes en Nueva York para conseguir nuevas aportaciones internacionales y asegurar la renovación del mandato del Consejo de Seguridad al despliegue, algo que debe suceder en octubre.

“Necesitamos más fondos y más personal para sostener la misión”, aseguró Blinken tras reunirse con el primer ministro haitiano, Garry Conille; el jefe del Consejo de Transición Presidencial, Eduard Leblanc Fils, y visitar la base en la que se están desplegados los policías kenianos desde junio.

Blinken pasó revista a ese contingente inicial, que acaba de recibir vehículos armados estadounidenses y ya patrulla las calles de Puerto Príncipe junto con la Policía Nacional haitiana.

El secretario de Estado recordó que a principios de año, ni el aeropuerto ni el único gran hospital de la capital operaban por la violencia y ahora las calles han recuperado el comercio y “los padres no tienen miedo de mandar a sus hijos al colegio”.

Blinken agradeció la contribución de Kenia, que ha comprometido un total de hasta 2.500 policías; de Canadá, que aporta financiación y de países como Jamaica y El Salvador, por su compromiso en personal. No obstante, la misión ha avanzado con retraso desde junio y ayer mismo fue declarado el estado de emergencia en todo el país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken se reunió en Puerto Príncipe con las autoridades de transición de Haití.

El secretario de Estado de Estados Unidos confió en que el país pueda celebrar elecciones en 2025, con la mejora de la seguridad tras el inicio de la misión multinacional liderada por Kenia. “La seguridad es el cimiento de todo lo que debe suceder aquí, incluido un camino hacia las elecciones el año próximo, pero también para entregar servicios al pueblo haitiano”, indicó Blinken ante la prensa, junto al primer ministro de Haití, Garry Conille