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Chile abraza la nueva izquierda latinoamericana

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Gabriel Boric asume la presidencia como líder de una generación que promete enterrar definitivamente el legado de la dictadura

Gabriel Boric será desde este viernes el nuevo presidente de Chile. Y con él llegará una nueva izquierda a La Moneda. Con solo 36 años, este líder surgido de la fragua de las protestas estudiantiles se pondrá al frente de un proceso que promete cambios profundos. Se trata de enterrar definitivamente lo que queda del legado de la dictadura, que en los años ochenta aplicó a rajatabla las políticas neoliberales del consenso de Washington. De aquel país forjado al calor de las ideas de los Chicago Boys deberá surgir uno nuevo. Al menos eso ha prometido Boric, y así se lo exigirá su electorado, que pide más Estado en cuestiones básicas como la educación y la salud, y más igualdad. La ceremonia de asunción será en Valparaíso, la ciudad costera que es sede del Congreso. Boric se trasladará luego a Santiago, al pie de la cordillera de los Andes, y por la noche saldrá al balcón de La Moneda para dar su primer discurso como presidente. La capital chilena se prepara para una gran fiesta.

Boric jurará como líder de una alianza de partidos de izquierda de nuevo cuño y otras fuerzas tradicionales, como el Partido Comunista, con el apoyo de los socialistas. Su gabinete promedia los 49 años y está integrado por una mayoría de mujeres. Serán ellas las que delinearán el perfil del Gobierno: feminista, promotor de un desarrollo sustentable y, sobre todo, más cercano a la gente. “En Chile, el neoliberalismo fue extremo y hoy se intenta desmantelar en el mismo sitio donde nació. Este país no solo fue el más neoliberal, fue también el primero, incluso antes que en EE UU y Reino Unido. El único país donde la asociación entre dictadura y neoliberalismo funcionó fue en Chile”, dice Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile y de relación estrecha con el nuevo presidente.

Boric llega a La Moneda bajo el paraguas de la Constitución de 1980, redactada en dictadura, y lo dejará con otro. El cambio lo obligará a rediseñar la estructura institucional del país a partir de mediados de este año, cuando está previsto que termine el trabajo de la Convención y se celebre un referendo “El éxito de Gabriel Boric esta ligado al éxito del proceso constituyente. Si la nueva Constitución se aprueba por poco o se rechaza sería un tremendo fracaso para el Gobierno y para Chile”, advierte Ignacio Briones, exministro de Hacienda del segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Para Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, también será clave la salud de la economía. “Durante el segundo semestre, Chile tendrá un frenazo importante, con más inflación junto con demandas para que el Estado siga repartiendo dinero, como se hizo durante la pandemia. Habrá también un shock por la guerra en Ucrania y la subida de los precios del petróleo”. Para capear la tormenta, Boric ha nombrado en el ministerio de Hacienda a Mario Marcel, expresidente del Banco Central y uno de los economistas más respetados del país, tanto por la derecha como por la izquierda.

En este escenario de incertidumbre, Boric deberá satisfacer viejas demandas. Tiene a su favor el apoyo de aquellos que en 2019 salieron a las calles para pedir por un nuevo Chile. Está además al frente de la primera generación de políticos que nació en democracia y no carga con el lastre del temor a una regresión autoritaria, el fantasma que sobrevoló buena parte de la transición democrática desde 1990. “La gran crítica de estos grupos es que en Chile no hubo transición, que la Concertación fue una farsa y que continuó con la Constitución de Pinochet. Ellos encarnan la transición”, dice Leónidas Montes. El ambiente político es de la proximidad de una revolución pacífica.

“Chile tuvo tres revoluciones en 16 años (1964-1980): la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva, la revolución socialista de Salvador Allende y la capitalista de Augusto Pinochet y los Chicago Boys. Y el país no lo resistió”, advierte el exsenador democristiano Ignacio Walker. Por eso, dice Walker, “es de esperar que se entienda que los Gobiernos no parten de cero y que tienen que buscar un equilibrio de continuidad y cambio”. “Esa es la lógica del reformismo gradualista, que es lo propio de la democracia”, asegura Walker, canciller durante el Gobierno de Ricardo Lagos.

Jorge Arrate, uno de los rostros históricos de la renovación socialista y hoy cercano a los intelectuales del Gobierno de Boric, define el momento actual como de “innovación e imaginación política”. Y, como Walker, asegura que ha habido fenómenos de este tipo en el último siglo en Chile: “Hubo tres frentes populares en los años treinta del siglo pasado que triunfaron en el mundo y uno de ellos fue el chileno. Luego hubo una alianza única entre socialistas y comunistas, que no ocurría en el resto del mundo”, y menciona los Gobiernos de Frei y de Allende y la posterior “modernización de la dictadura”, a la que llama “un injerto único y monstruoso entre la extrema libertad económica y extrema brutalidad dictatorial”.

¿Puede la ola de Boric replicarse en otros procesos de izquierda en América Latina? Arrate considera que lo que ocurra en Chile podría “proyectar ideas, experiencias y efectos en el resto de la región”, sobre todo porque tiene al menos tres elementos fundamentales que podrían replicarse: el cambio generacional, su énfasis feminista y, la principal, la convergencia de las izquierdas.

El propio Boric ha tomado distancia de la revolución bolivariana de Venezuela y del nicaragüense Daniel Ortega. Prefiere verse en el espejo del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y se entusiasma con el colombiano Gustavo Petro, precandidato a presidente en su país. Arrate, con todo, dice que la Administración de Boric será menos ideológica con respecto a otros procesos anteriores. Y describe las particularidades del proyecto chileno: “Se caracteriza porque es un esfuerzo de fundir, en una sola perspectiva, la idea de una sociedad más justa y más igualitaria –socialista–, con las perspectivas del feminismo y el ecologismo. El resultado de eso es un programa de profunda transformación”.

elpais.com

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Pedro Alliana asume presidencia de Paraguay y promete compensar a afectados por crisis bancaria

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EFE Globales

El nuevo mandatario asumió el poder tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y anunció medidas para proteger los ahorros de millones de clientes afectados por el cierre de Ueno Bank.

ASUNCIÓN, Paraguay. – Pedro Alliana juró este viernes 6 de noviembre de 2026 como nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero provocado por la crisis de Ueno Bank.

En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana prometió garantizar compensaciones a los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad bancaria y adoptar medidas urgentes para proteger los recursos públicos y privados comprometidos.

El nuevo gobernante aseguró que su administración dará prioridad a los ahorristas de menores recursos, quienes enfrentan dificultades económicas como consecuencia de la situación financiera.

Crisis bancaria provoca cambio de Gobierno

La llegada de Alliana a la Presidencia se produjo después de que el Senado paraguayo declarara culpable a Santiago Peña de mal desempeño de funciones durante un juicio político celebrado en ausencia del mandatario.

La decisión estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre los vínculos del ahora expresidente con Ueno Bank, entidad financiera cuya crisis provocó preocupación entre los depositantes y las instituciones públicas que mantenían recursos en ese banco.

Peña había sido accionista del grupo propietario de la institución hasta 2025, mientras que durante su administración distintas entidades estatales depositaron importantes recursos en el sistema financiero vinculado al banco.

La situación desencadenó una crisis política que culminó con la destitución presidencial y la llegada al poder de quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia de la República.

Cerca de tres millones de clientes afectados

De acuerdo con las informaciones difundidas, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre personas particulares e instituciones que administran fondos de pensiones.

Entre las entidades afectadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal cuyos recursos quedaron comprometidos por las restricciones impuestas a la institución financiera.

La intervención del banco por parte del Banco Central del Paraguay generó incertidumbre entre los depositantes, especialmente aquellos que dependen de sus ahorros para cubrir necesidades básicas.

Ante esta situación, Alliana anunció que su Gobierno trabajará para acelerar los mecanismos de devolución de depósitos y garantizar la protección de los sectores más vulnerables.

Nuevo presidente promete medidas inmediatas

Durante la ceremonia de juramentación, celebrada ante el Congreso Nacional, Alliana recibió la banda y el bastón presidencial de manos del presidente del Poder Legislativo, Basilio Núñez.

El mandatario aseguró que no abandonará a las personas afectadas por la crisis y prometió impulsar medidas orientadas a restablecer la confianza en el sistema financiero.

Asimismo, instruyó a las autoridades correspondientes a adoptar acciones inmediatas para compensar a los ahorristas, otorgando especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

No obstante, todavía queda por determinar el alcance de las compensaciones, los mecanismos de ejecución y los plazos en que los afectados podrían recuperar la totalidad de sus recursos.

Alliana completará período presidencial hasta 2028

Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado con el compromiso de completar el mandato constitucional iniciado en agosto de 2023, cuyo término está previsto para agosto de 2028.

El nuevo presidente, perteneciente al Partido Colorado, había acompañado a Santiago Peña como candidato vicepresidencial durante las elecciones generales de 2023.

Su llegada al poder ocurre en un escenario de incertidumbre económica y política, marcado por la necesidad de estabilizar el sistema financiero y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Paraguay enfrenta el desafío de recuperar la confianza

La crisis de Ueno Bank y sus consecuencias políticas representan un desafío para el nuevo Gobierno, que deberá atender simultáneamente las demandas de los ahorristas, la estabilidad bancaria y los cuestionamientos sobre la administración de los recursos estatales.

La destitución de Santiago Peña también abre una nueva etapa institucional en Paraguay, donde las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades derivadas del colapso financiero mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

Mientras tanto, el presidente Pedro Alliana ha colocado la compensación de los afectados entre las prioridades de su administración, en un intento por contener las repercusiones económicas y sociales de una crisis que provocó un cambio inesperado en la conducción política del país.

 

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Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tras ser destituido del cargo en medio de crisis bancaria

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El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

Agencia EFE

Asunción, Paraguay.-La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, «ya se encuentra detenido”.

El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

El ahora exmandatario -que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado- no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

Este viernes, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.

Durante el juicio, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento del banco como «el escándalo de corrupción más grande» de la era democrática en Paraguay, y rebatió los pronunciamientos de los defensores de Peña, que alertaron de la supuesta nulidad del procedimiento.

Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».

Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.

«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.

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Policía haitiana intensifica ofensiva contra bandas armadas y reporta unos 20 muertos en Arcahaie

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Entre los fallecidos figura un presunto cabecilla identificado como «Galaxy». Los enfrentamientos se producen en medio de un amplio despliegue de militares salvadoreños para localizar a cuatro integrantes de una fuerza internacional desaparecidos tras una emboscada.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este domingo 1 de noviembre de 2026 que aproximadamente 20 presuntos integrantes de organizaciones criminales murieron durante una operación desarrollada en la comuna de Arcahaie, al noroeste de la capital, en medio de una nueva escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas armadas que operan en el territorio haitiano.

Según el comunicado policial, la intervención tuvo lugar el jueves 29 de octubre y dejó también varios presuntos pandilleros gravemente heridos. Entre los fallecidos se encuentra un hombre conocido como «Galaxy», señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de los grupos criminales que mantienen presencia en la zona.

Bandas responden con nuevos ataques

La situación de seguridad volvió a agravarse durante la madrugada del sábado 31 de octubre, cuando individuos armados atacaron la localidad de Bercy, perteneciente a Arcahaie, aparentemente en represalia por la operación policial.

Ante la nueva incursión, unidades especializadas de la Policía haitiana respondieron para contener el ataque y evitar que los grupos armados ampliaran su control territorial.

Entre los organismos participantes figuraron la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención (BOID) y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden (CIMO).

Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en Arcahaie y que continuarán las operaciones dirigidas a enfrentar la presencia de las organizaciones criminales.

La cifra de fallecidos corresponde al balance comunicado por la institución policial y no ha sido corroborada de manera independiente.

Residentes colaboran con las autoridades

Medios haitianos informaron que habitantes de Arcahaie participaron en acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos.

También circularon en plataformas digitales imágenes en las que se observa a motociclistas arrastrando por las calles los cuerpos de algunos presuntos integrantes de las bandas que habrían muerto durante las operaciones.

Estos episodios reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad y el clima de violencia que afecta a distintas comunidades haitianas.

Sin embargo, la participación de civiles en situaciones de confrontación armada plantea preocupaciones sobre su protección, así como sobre el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y la preservación de posibles evidencias para las investigaciones.

Más de 2,000 militares salvadoreños desplegados en Haití

Las operaciones de la Policía Nacional haitiana se desarrollan en un contexto de mayor presencia militar internacional, tras la llegada de un contingente de más de 2,000 efectivos salvadoreños.

El despliegue tiene entre sus objetivos localizar a cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

De acuerdo con los reportes disponibles, los militares fueron emboscados por integrantes de organizaciones criminales mientras se desplazaban en un vehículo de la misión internacional por el sector Santo, en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.

Desde entonces, su paradero permanece sin confirmación pública.

La desaparición provocó el incremento de las acciones de búsqueda y patrullaje en distintas localidades cercanas a la capital haitiana.

Bukele y fuerza multinacional rechazan denuncias de bombardeos

Paralelamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y representantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas rechazaron las acusaciones sobre supuestos bombardeos contra zonas habitadas por civiles durante las operaciones militares.

Las denuncias fueron formuladas por UNA-Haití, una organización con sede en Nueva York vinculada a sectores de la diáspora haitiana.

Frente a estos señalamientos, la GSF sostuvo que sus operaciones no incluyen el empleo de artefactos explosivos y aseguró que las aeronaves utilizadas por sus unidades no transportan ese tipo de armamento.

La fuerza internacional también afirmó que sus actuaciones se desarrollan bajo normas operacionales orientadas a proteger a la población civil.

Por su parte, Bukele negó las acusaciones y cuestionó las versiones difundidas sobre supuestos ataques aéreos indiscriminados.

Las denuncias y los desmentidos reflejan la controversia sobre los métodos empleados en las operaciones de seguridad. La información disponible no permite establecer de manera independiente la veracidad de las acusaciones.

Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad

La intensificación de los enfrentamientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades haitianas para recuperar el control de territorios donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.

La expansión de las bandas ha provocado graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos de familias, interrupciones de actividades económicas y dificultades para acceder a servicios esenciales.

La inseguridad también representa un desafío para el funcionamiento de las instituciones públicas y para los esfuerzos internacionales encaminados a contribuir con la estabilización del país.

En este escenario, las intervenciones policiales y militares constituyen una parte de la respuesta frente a la violencia, pero la recuperación sostenible de la seguridad también requiere fortalecer las instituciones judiciales, combatir las redes de financiamiento criminal y garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Una ofensiva cuyo resultado sigue siendo incierto

Aunque la Policía haitiana reporta importantes bajas entre los grupos armados que operan en Arcahaie, todavía no está claro si estas acciones permitirán recuperar de manera permanente el control de las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen sus unidades desplegadas ante la posibilidad de nuevas incursiones, mientras continúan las operaciones de búsqueda de los militares salvadoreños desaparecidos.

La evolución de los acontecimientos será determinante para evaluar el alcance de la respuesta de las fuerzas de seguridad y sus consecuencias para la población.

La crisis haitiana continúa poniendo de manifiesto que la recuperación del orden público no depende únicamente de la capacidad de enfrentar militarmente a las bandas, sino también de reconstruir instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y estabilidad a largo plazo.

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