Análisis Noticiosos
Chile: Informe postelectoral
Por: Celag
Los resultados preliminares de las megaelecciones chilenas dan como ganadores al sector de independientes y a la izquierda, en lo que ha sido una jornada histórica de recambio de fuerzas políticas y protagonismo popular.
I. Elecciones a la Convención Constituyente
La foto de la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Constitución de Chile retrata un país en transformación. Sin lugar a dudas el gran perdedor de la contienda fue el statu quo representado por la lista oficialista Chile Vamos en la que la derecha se postulaba unida: desde el ala más abiertamente pinochetista hasta la derecha neoliberal encarnada en el Gobierno actual.
El proceso electoral este 15 y 16 de mayo transcurrió con normalidad. La participación fue menor que la del plebiscito de octubre de 2019, donde participó un histórico 50.9 por ciento de votantes. En esta oportunidad, la afluencia del voto fue de 42,5 por ciento, una baja que puede explicarse por la misma situación sanitaria, el incipiente invierno y cierta pérdida de interés por parte de algunos sectores de la población, luego de que el foco de atención de la sociedad chilena se abocara a las crisis sanitaria y económica. Tampoco hay que obviar las recurrentes denuncias de falta de transporte, sobre todo, el día domingo.
La derecha llegó a esta elección habiendo hecho su trabajo a la perfección: se presentó unida en alianza, logró reunir altísimas sumas de financiamiento en campaña electoral y concitó el apoyo de los medios de comunicación. No les bastó.
Con 37 escaños la lista Chile Vamos (derecha) queda lejos del número mágico de los 52, es decir, del tercio de curules necesarios para vetar los acuerdos constituyentes (la reforma constitucional de finales de 2019 acordó una minoría de bloqueo).
La exconcertación, agrupada en la lista del Apruebo (25 escaños), quedó relegada a una tercera fuerza.
Esto es muy relevante porque supone un punto y final al bipartidismo resultante de la llamada “transición postdictadura”. La derecha y la Concertación (o Nueva Mayoría) siempre habían alternado el primer y segundo lugar en cada cita electoral hasta el momento. A partir de ahora, este escenario queda atrás con la reciente elección, dando paso a nuevos actores políticos.
La votación configuró un nuevo mapa de fuerzas progresistas y de izquierda que estarán obligadas a entenderse y reconocerse, dado el rol protagónico que el pueblo chileno les ha otorgado para la construcción de un marco jurídico que deje atrás el modelo fundado en la dictadura de Pinochet.
La izquierda agrupada en la Lista Apruebo Dignidad alcanzó 28 escaños, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país, con un programa claramente antineoliberal. Este espacio está conformado por la alianza entre Partido Comunista y la gran mayoría del Frente Amplio.
La gran sorpresa de los resultados constituyentes fue la gran cantidad de escaños alcanzados por sectores independientes, un total de 48, una cifra que supera todas las proyecciones y que expresa el hartazgo por la política tradicional-partidaria que venía gestándose en el país. Dentro de estos escaños interesa llamar la atención sobre la Lista del Pueblo, que agrupa en torno a la mitad de los escaños.
Entre los curules restantes de las listas de independientes, 11 se habrían situado en la lista Nueva Constitución, independientes de centro/centro derecha y los 13 restantes no estarían agrupados en ninguna lista. Completan el escenario los 17 escaños garantizados a los pueblos indígenas donde la población mapuche tendrá un rol fundamental.
El Partido Humanista consiguió tan solo un miembro constituyente, y su candidato a la gobernación de Santiago, la pareja de Pamela Jiles (candidata presidencial), Pablo Maltés, quedó de cuarto lugar en la contienda, resultando en general una débil transferencia de la carismática figura de Jiles a esta sigla de la que es parte.
Hemos de añadir que todas estas cifras están contabilizadas a fecha de cierre de este informe, pero será el jueves cuando obtendremos los resultados definitivos, que podrán variar en algún escaño aún.
En cualquier caso, todo esto deja como resultado una Constituyente muy abierta y claramente progresista que nace con una composición inédita en la historia constituyente global: la paridad de género, con 83 mujeres y 72 hombres en el momento de cerrar esta nota. Las y los constituyentes tendrán hasta un año para redactar la nueva Carta Magna que luego será sometida a consulta popular para su aprobación.
II. Gobernadores, alcaldes y concejales
Gobernadores: Por primera vez se llevaron a cabo las elecciones para las gobernaciones regionales, que reemplazarán a los intendentes, antes eran designados por la presidencia. El esquema electoral obliga a que cada candidato debe ser escogido con una votación que supere el 40 por ciento de los votos o pasan a segunda vuelta electoral.
Solo tres regiones eligieron a sus nuevos gobernadores en primera vuelta. En el resto habrá que esperar al 13 de junio para conocer los resultados en una segunda vuelta. De los ganadores en primera vuelta están Rodrigo Mundaca en Valparaíso, candidato independiente por el Frente Amplio, quien milita por el agua como derecho universal; Jorge Flies, independiente en Magallanes; y Andrea Macías del Partido Socialista en Aysén. La derecha logró pasar a segunda vuelta en 9 de las 13 regiones que aún están en disputa. La gobernación de Santiago se dirimirá entre la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, y Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana (exconcertación).
Alcaldes: La vieja partidocracia ha sufrido una gran derrota.
Con respecto a las elecciones regionales de 2016, los resultados actuales significaron una baja de alcaldías para la derecha de Chile Vamos y en menor medida para la ex Concertación. La UDI, principal partido de Chile Vamos, obtuvo 20 alcaldes menos que en 2016, mientras que Renovación Nacional, también dentro de Chile Vamos, obtuvo 32 alcaldías, frente a las 47 de la elección anterior. Por su parte, la ex Concertación quedó un tanto menos golpeada pero igual a la baja: el PPD obtuvo 10 alcaldías menos que en 2016 y el Partido Socialista perdió al menos tres alcaldías en comparación.
Perdieron alcaldías simbólicas como Viña del Mar, Ñuñoa, Maipú y especialmente Santiago, donde ganó la militante comunista Iraci Hassler con un 39 por ciento de los votos es histórica (aunque encarna una elección caracterizada por la baja participación: 27 por ciento en la capital).
El candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI), alcalde de Las Condes, pasará la alcaldía a una copartidaria, mientras que la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) fue reelecta en Providencia.
El resto de la oposición e independientes quedaron con el 37,4 por ciento, con un Frente Amplio y Partido Comunista.
Del PC, el candidato presidencial Daniel Jadue arrasó en Recoleta (64 por ciento).
Macarena Ripamonti del Frente Amplio ganó en Viña del Mar, desplazando a la derecha que había gobernado por 17 años esta importante municipalidad.
Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso (independiente, ex FA), enfrentó una campaña de deslegitimación y denuncias por parte de la exconcertación y la derecha y, sin embargo, logró ser reelecto con amplio margen.
Concejales: En la elección de 2016, Chile Vamos (coalición de derecha) y la Concertación (Nueva Mayoría en esta elección), concentraron el 86,6 por ciento de los apoyos (47,1 por ciento para la Nueva Mayoría y 39,5 por ciento para Chile Vamos) de los 2.240 escaños de los concejos municipales. En la actual elección ambos perdieron parte de sus apoyos. Chile Vamos reunió en la jornada de ayer un 34,7 por ciento de escaños y la Nueva Mayoría quedó con el 44,5 por ciento. El resto de fuerzas políticas de oposición aumentaron su representación, pasando de un 13,4 por ciento a un 20,8 por ciento.
III. Concluyendo
El impulso de la movilización social primero, el respaldo unánime al cambio constituyente después, se refrendaron ayer en Chile con la entrega de poder efectivo a quienes mejor encarnan ese impulso de cambio: los independientes y la izquierda.
Serán ellos los que conducirán el poder local en las más importantes alcaldías del país y serán ellos y, sobre todo, ellas las encargadas de escribir el futuro de Chile en letras constituyentes.
Estamos a pocos meses para unas prometedoras elecciones presidenciales el próximo 21 de noviembre.
Aún es pronto para saber qué ocurrirá en ese escenario, pero lo que sí está claro que el candidato de izquierdas, Daniel Jadue, sale reforzado luego de esta cita electoral, tanto por su propio resultado en Recoleta, como en lo logrado a nivel constituyente con su lista Apruebo Dignidad. Daniel Jadue sigue apareciendo como primero o segundo en todas las encuestas publicadas.
Por su parte, Pamela Jiles, la candidata del Partido Humanista, no sale bien parada luego de esta cita electoral. Veremos.
La derecha, con sus dos candidatos más competitivos, Joaquín Lavín y Evelyn Mathei, sí obtuvieron buenos resultados en sus comunas, pero no en clave constituyente.
por: www.telesurtv.net
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.