Latinoamericanas
Chile pone una pausa a las protestas a la espera del plebiscito constitucional
Chile vive en pausa. La violencia ha disminuido considerablemente con respecto a los últimos tres meses de 2019, entre otras razones por las vacaciones de verano y porque el frenazo económico ha comenzado a impactar a las familias. Pero será en marzo, cuando arranque el año escolar y se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la primera convocatoria masiva de 2020. En ese momento se calentará la campaña por el plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril y el Gobierno de Sebastián Piñera tendrá su prueba de fuego respecto del control del orden público. Previsiblemente, la sociedad chilena se polarizará en torno a la consulta y la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet de 1980 y, de paso, definir quiénes redactarían una nueva carta fundamental.
Aunque una amplia mayoría de la gente respalda la opción de cambiar la Constitución —un 72%, de acuerdo a la encuesta Cadem del 31 de enero—, en las últimas semanas se ha observado que comienza a ganar terreno la alternativa del rechazo: un 22%, según el mismo sondeo, que llegó a un 25% la semana anterior (24 de enero). La crispación de la sociedad chilena se observa en diferentes ámbitos.
El Congreso, que esta semana ha comenzado con su receso de un mes, rechazó el lunes en una acalorada sesión una arremetida parlamentaria impulsada por buena parte de la oposición —una acusación constitucional, como se le llama en Chile— para destituir al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, acusado por su responsabilidad en las estrategias de orden público en el epicentro de las manifestaciones de la capital, la zona de Plaza Italia.
A Guevara, oficialista, se le acusaba de haber transgredido el derecho a la libre reunión con el despliegue masivo de fuerzas policiales —los llamados “copamientos”—, lo que ha abierto un intenso debate en Chile tanto sobre los límites de la protesta como de las herramientas para controlarlas. La acusación fracasó en el Senado, en buena parte por ausencias y abstenciones de parlamentarios de centroizquierda, que desveló nuevamente las tensiones que enfrenta el sector político después del estallido social del 18 de octubre.
La zona de Plaza Italia es el lugar elegido por los manifestantes para protestar cada viernes, donde se producen hechos como el del 20 de diciembre, cuando un carro lanza gases atropelló a un joven y luego lo aplastó contra otro vehículo policial, que fue captado por las cámaras de un canal de televisión. Las cifras oficiales, sin embargo, muestran que desde diciembre en adelante ha disminuido notoriamente la cantidad de eventos que las autoridades catalogan de graves. Si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios —como ocurrió el 20 de octubre—, en enero solo hubo dos días donde sobrepasaron la decena: el pasado 29 y 30 de enero, cuando llegaron a 30 y 17 respectivamente.
El rebrote de la violencia se produjo luego de que un camión de carabineros arrollara a un hincha del club de fútbol Colo-Colo en las cercanías del Estadio Monumental, donde se produjeron enfrentamientos después de un partido. Las imágenes del atropello que le causó la muerte al hombre de 37 años se viralizaron en unos segundos a través de las redes sociales, las plataformas elegidas por los chilenos para informarse, según la encuesta de la Asociación de Mujeres Periodistas.
Parte de la polarización de la sociedad chilena se observa en lo que sucedió con la juez Andrea Acevedo, que decidió decretar la libertad vigilada del carabinero investigado por el atropello y muerte del hincha. Criticada por aplicar medidas cautelares de baja intensidad y por sus declaraciones —Acevedo indicó que el policía era víctima de una agresión mientras sucedieron los hechos y que los manifestantes no le estaban “tirando flores ni challas”—, la magistrada se encuentra con resguardo policial después de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. En estos meses de convulsión política y social no es la primera vez que jueces y periodistas han sido intimidados por sus decisiones y opiniones.
Una sociedad polarizada
Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como en lo privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas «funas» —manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales—, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer a comienzos de enero.
Fue el mismo sondeo que desveló que apenas el 6% de los ciudadanos aprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera conduce su Administración, alcanzando récords históricos en democracia de impopularidad. La desconfianza contra las instituciones ha aumentado drásticamente: apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Este verano ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad en Chile por las protestas masivas de agrupaciones de estudiantes secundarios, como la ACES, que a comienzos de año emprendieron acciones de sabotaje durante la aplicación del examen de selectividad universitaria, que finalmente tuvo que ser repetido. Los dirigentes que protestan por una prueba que consideran injusta para los estudiantes de menos recursos han anunciado nuevas movilizaciones a partir de marzo, cuando tanto los escolares como los universitarios inicien un nuevo año académico.
Las protestas han bajado de intensidad, pero no hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 23.655 personas han sido detenidas según la información del Gobierno, aunque la inmensa mayoría puesta en libertad (las cifras oficiales indican que solo hasta noviembre hubo prisiones preventivas a 1.615 personas). Tampoco hay día en que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 4.215 en el ámbito nacional desde el 18 de octubre.
En estos tres meses se han producido alrededor de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. Mientras, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen denunciado la situación chilena. De acuerdo con la Comisión, que la semana pasada finalizó su visita a Chile y entregó al Estado sus conclusiones preliminares, en el país “se vive una grave crisis de derechos humanos”.
elpais.com
Latinoamericanas
Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.
Agencia EFE
Caracas, Venezuela.-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo– en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.
Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN.
La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.
«Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando», afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.
Agencia AP
Guadalajara, México.-Varios estados mexicanos cancelaron las clases el lunes, y gobiernos locales y extranjeros por igual advirtieron a sus ciudadanos que permanecieran en interiores ante una violencia generalizada que estalló tras la muerte, a manos del ejército, del poderoso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios gubernamentales que la desafiaban.
Murió durante un tiroteo en su estado natal de Jalisco cuando el ejército mexicano intentaba capturarlo. Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país, bloqueando carreteras e incendiando vehículos.
La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.
México esperaba que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo aliviara la presión del gobierno de Trump para que haga más contra los cárteles, pero muchos permanecían atrincherados y en vilo mientras esperaban ver la reacción del poderoso cártel.
Muchos temen más violencia
La embajada de Estados Unidos dijo a través de X que su personal en ocho ciudades y en el estado de Michoacán se resguardaría en el lugar y trabajaría de forma remota el lunes, y advirtió a los ciudadanos estadounidenses en muchas partes de México que hicieran lo mismo.
Los autos comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes con el inicio de la semana laboral, un cambio notable respecto al domingo, cuando la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México, quedó paralizada casi por completo mientras residentes temerosos se quedaban en casa.
A los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de la ciudad el domingo por la noche se les informó que operaba con personal limitado debido al estallido de violencia.
Murcia iba pasando con ansiedad distintas noticias en redes sociales que mostraban el rostro de “El Mencho” y envió mensajes a sus hijos, quienes seguían su ubicación mientras ella intentaba cruzar la ciudad hacia su casa después de anochecer.
“Mi plan hoy al salir del aeropuerto es ver si hay taxis, pero tengo miedo de todo. Que haya bloqueos, que haya toque de queda, que pueda pasar algo”, expresó. “Estoy completamente sola”.
Videos que circulaban en redes sociales el domingo mostraban a turistas en Puerto Vallarta caminando por la playa mientras una humareda se elevaba a lo lejos.
Un golpe contra un cártel podría ser un triunfo diplomático
David Mora, analista de México para International Crisis Group, señaló que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en el impulso de Sheinbaum por endurecer la ofensiva contra los cárteles y aliviar las presiones de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que México haga más para combatir el contrabando de fentanilo, una droga a menudo mortal, y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.
Había indicios iniciales de que los esfuerzos de México fueron bien recibidos por Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo. Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.
Pero, según Mora, también podría allanar el camino para más violencia, a medida que grupos criminales rivales aprovechen el golpe asestado al CJNG.
“Este podría ser un momento en el que esos otros grupos vean que el cártel está debilitado y quieran aprovechar la oportunidad para expandir su control y tomar el control del Cártel Jalisco en esos estados”, afirmó.
“Desde que la presidenta Sheinbaum está en el poder, el ejército ha sido mucho más confrontacional, más combativo contra los grupos criminales en México”, comentó Mora. “Esto le está señalando a Estados Unidos que, si seguimos cooperando, compartiendo inteligencia, México puede hacerlo; no necesitamos tropas de Estados Unidos en suelo mexicano”.
“El Mencho” era un objetivo principal
Oseguera Cervantes, quien resultó herido en la operación para capturarlo el domingo en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara, murió mientras era trasladado en avión a Ciudad de México, informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.
Durante la operación, las tropas fueron atacadas a tiros y mataron a cuatro personas en el lugar. Otras tres personas, incluido Oseguera Cervantes, resultaron heridas y murieron después, indicó el comunicado.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a través de X que el gobierno de Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para la operación. “‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para el gobierno de México y el de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro territorio”, escribió. Elogió al ejército de México por su labor.
El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México y comenzó a operar alrededor de 2009.
En febrero de 2025, el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.
Sheinbaum ha criticado la estrategia de “capos” de gobiernos anteriores, que eliminaban a líderes de cárteles, solo para detonar estallidos de violencia cuando los cárteles se fragmentaban. Aunque se ha mantenido popular en México, la seguridad es una preocupación persistente y, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace un año, ella ha estado bajo una enorme presión para mostrar resultados contra el narcotráfico.
El cártel de Jalisco ha sido uno de los más agresivos en sus ataques contra el ejército —incluidos ataques a helicópteros— y es pionero en lanzar explosivos desde drones e instalar minas. En 2020, llevó a cabo un espectacular intento de asesinato con granadas y rifles de alto poder en el corazón de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía de la capital y ahora secretario federal de seguridad.