Latinoamericanas
Chile pone una pausa a las protestas a la espera del plebiscito constitucional
Chile vive en pausa. La violencia ha disminuido considerablemente con respecto a los últimos tres meses de 2019, entre otras razones por las vacaciones de verano y porque el frenazo económico ha comenzado a impactar a las familias. Pero será en marzo, cuando arranque el año escolar y se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la primera convocatoria masiva de 2020. En ese momento se calentará la campaña por el plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril y el Gobierno de Sebastián Piñera tendrá su prueba de fuego respecto del control del orden público. Previsiblemente, la sociedad chilena se polarizará en torno a la consulta y la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet de 1980 y, de paso, definir quiénes redactarían una nueva carta fundamental.
Aunque una amplia mayoría de la gente respalda la opción de cambiar la Constitución —un 72%, de acuerdo a la encuesta Cadem del 31 de enero—, en las últimas semanas se ha observado que comienza a ganar terreno la alternativa del rechazo: un 22%, según el mismo sondeo, que llegó a un 25% la semana anterior (24 de enero). La crispación de la sociedad chilena se observa en diferentes ámbitos.
El Congreso, que esta semana ha comenzado con su receso de un mes, rechazó el lunes en una acalorada sesión una arremetida parlamentaria impulsada por buena parte de la oposición —una acusación constitucional, como se le llama en Chile— para destituir al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, acusado por su responsabilidad en las estrategias de orden público en el epicentro de las manifestaciones de la capital, la zona de Plaza Italia.
A Guevara, oficialista, se le acusaba de haber transgredido el derecho a la libre reunión con el despliegue masivo de fuerzas policiales —los llamados “copamientos”—, lo que ha abierto un intenso debate en Chile tanto sobre los límites de la protesta como de las herramientas para controlarlas. La acusación fracasó en el Senado, en buena parte por ausencias y abstenciones de parlamentarios de centroizquierda, que desveló nuevamente las tensiones que enfrenta el sector político después del estallido social del 18 de octubre.
La zona de Plaza Italia es el lugar elegido por los manifestantes para protestar cada viernes, donde se producen hechos como el del 20 de diciembre, cuando un carro lanza gases atropelló a un joven y luego lo aplastó contra otro vehículo policial, que fue captado por las cámaras de un canal de televisión. Las cifras oficiales, sin embargo, muestran que desde diciembre en adelante ha disminuido notoriamente la cantidad de eventos que las autoridades catalogan de graves. Si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios —como ocurrió el 20 de octubre—, en enero solo hubo dos días donde sobrepasaron la decena: el pasado 29 y 30 de enero, cuando llegaron a 30 y 17 respectivamente.
El rebrote de la violencia se produjo luego de que un camión de carabineros arrollara a un hincha del club de fútbol Colo-Colo en las cercanías del Estadio Monumental, donde se produjeron enfrentamientos después de un partido. Las imágenes del atropello que le causó la muerte al hombre de 37 años se viralizaron en unos segundos a través de las redes sociales, las plataformas elegidas por los chilenos para informarse, según la encuesta de la Asociación de Mujeres Periodistas.
Parte de la polarización de la sociedad chilena se observa en lo que sucedió con la juez Andrea Acevedo, que decidió decretar la libertad vigilada del carabinero investigado por el atropello y muerte del hincha. Criticada por aplicar medidas cautelares de baja intensidad y por sus declaraciones —Acevedo indicó que el policía era víctima de una agresión mientras sucedieron los hechos y que los manifestantes no le estaban “tirando flores ni challas”—, la magistrada se encuentra con resguardo policial después de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. En estos meses de convulsión política y social no es la primera vez que jueces y periodistas han sido intimidados por sus decisiones y opiniones.
Una sociedad polarizada
Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como en lo privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas «funas» —manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales—, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer a comienzos de enero.
Fue el mismo sondeo que desveló que apenas el 6% de los ciudadanos aprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera conduce su Administración, alcanzando récords históricos en democracia de impopularidad. La desconfianza contra las instituciones ha aumentado drásticamente: apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Este verano ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad en Chile por las protestas masivas de agrupaciones de estudiantes secundarios, como la ACES, que a comienzos de año emprendieron acciones de sabotaje durante la aplicación del examen de selectividad universitaria, que finalmente tuvo que ser repetido. Los dirigentes que protestan por una prueba que consideran injusta para los estudiantes de menos recursos han anunciado nuevas movilizaciones a partir de marzo, cuando tanto los escolares como los universitarios inicien un nuevo año académico.
Las protestas han bajado de intensidad, pero no hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 23.655 personas han sido detenidas según la información del Gobierno, aunque la inmensa mayoría puesta en libertad (las cifras oficiales indican que solo hasta noviembre hubo prisiones preventivas a 1.615 personas). Tampoco hay día en que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 4.215 en el ámbito nacional desde el 18 de octubre.
En estos tres meses se han producido alrededor de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. Mientras, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen denunciado la situación chilena. De acuerdo con la Comisión, que la semana pasada finalizó su visita a Chile y entregó al Estado sus conclusiones preliminares, en el país “se vive una grave crisis de derechos humanos”.
elpais.com
Latinoamericanas
Puerto Rico aprueba ley que reconoce al no nacido como persona natural, pese a rechazo de médicos
Agencia EFE
SAN JUAN-La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este domingo que convirtió en ley un controvertido proyecto que reconoce al no nacido como persona natural y que ha despertado el rechazo de múltiples sectores, incluidos profesionales de la salud.
La medida es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de varios senadores conservadores, en su mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por la gobernadora.
En una carta, los firmantes advierten que el proyecto, que propone reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, representa una alteración sustancial al marco legal del Código Civil vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
La misiva fue firmada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ginecólogos obstetras, pediatras, neonatólogos, personal de enfermería y profesores de las Escuelas de Medicina.
La ginecóloga agregó que permitir la intervención legal de terceros -incluyendo exparejas o personas no vinculadas clínicamente- podría «retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante».
Los firmantes de la carta advirtieron sobre las complicaciones en casos en los que una persona gestante enfrenta un diagnóstico de cáncer durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar el derecho a interrumpir la gestación para permitir tratamientos que salvan la vida.
Alertaron a su vez sobre el riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por razones médicas y denunciaron que la medida podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en casos de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante.
Por su parte, el ginecólogo obstetra Alberto de la Vega indicó que el proyecto podría generar disputas judiciales prolongadas incluso en casos de violación, donde el agresor podría intentar representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima
13/11/2023 Cocaína incautada en un semisumergible en Colombia
SOCIEDAD SUDAMÉRICA COLOMBIA
ARMADA DE COLOMBIA
BOGOTA .- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado este domingo de que la Armada colombiana se ha incautado de 27 toneladas de cocaína en operaciones desarrolladas en los dos últimos días.
«En dos días, la Inteligencia de la Armada Nacional logró incautar 27 toneladas de cocaína», ha relatado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
En uno de los operativos han sido recuperadas nueve toneladas de cocaína en varias embarcaciones «en dos rutas, una por el pacífico, con participación de Panamá, Australia, Costa Rica y el Salvador». «Y en otra operación cerca de las islas Canarias, con ayuda de la policías de Europa se incautó 18 toneladas», ha indicado.
Para Petro, supone «una de las mayores incautaciones de la historia en solo dos días, sin un solo muerto», mientras que «hay aproximadamente 20 capturados», un mensaje dirigido a Estados Unidos al que Petro reprocha las muertes de civiles, más de un centenar en las últimas semanas, en ataques militares estadounidenses contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
La producción de cocaína en Colombia se disparó un 53 por ciento en 2023 hasta alcanzar las 2.644 toneladas, según la última estadística publicada por la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. El cultivo habría aumentado un 10 por ciento, hasta alcanzar más de 252.928 hectáreas, entre 2022 y 2023.
La mayor parte de la cocaína colombiana acaba en Estados Unidos y Europa a pesar de los esfuerzos de las autoridades colombianas. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó recientemente de que entre el 1 de enero y principios de septiembre de 2025 las incautaciones de cocaína aumentaron un 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior y el número de laboratorios de drogas destruidos, un 21 por ciento. Además, fueron capturados o «abatidos» 3.200 miembros de grupos criminales, lo que supone un aumento del 17 por ciento.
of-am
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Un nuevo contingente de 230 policías kenianos «altamente especializados» llegó este lunes al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, con el fin de reforzar la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) en Haití, que lucha contra la inseguridad en este país devastado por la violencia armada.
Este quinto contingente fue recibido por miembros del Gobierno haitiano, por el director general de la Policía Nacional de Haití (PNH) y por miembros del cuerpo diplomático.
«Llegan en un momento crucial, tras la ampliación del mandato de la GSF publicada el 3 de octubre de 2025. Su misión es clara: reforzar, consolidar y dinamizar los progresos ya realizados por la GSF», declaró el comandante en jefe de la Fuerza, Godfrey Otunge, en su discurso.
Para él, la llegada de este nuevo contingente keniano envía un mensaje fuerte e inequívoco: Kenia está al lado de Haití, todo el tiempo que sea necesario, hasta que prevalezca la paz.
El 26 de junio de 2025, el primer contingente keniano, compuesto por 200 policías, aterrizó en este aeropuerto y recibió una cálida y memorable bienvenida, recuerda Otunge. El Gobierno haitiano, el director general de la PNH, los embajadores y un público haitiano entusiasta les recibieron con los brazos abiertos, mientras los periodistas captaban ese momento histórico, afirmó.
Desde ese primer aterrizaje de Kenya Airways en julio de este año, le han seguido otros tres contingentes. Hoy en día, Kenia se ha convertido en el país que ha desplegado más de 700 policías especializados, lo que ha garantizado una transición fluida de la antigua Misión de Apoyo a la Seguridad (MSS) a la nueva GSF, continuó el responsable.
«Estos agentes han trabajado sin descanso, codo con codo con la PNH, llevando a cabo operaciones específicas y basadas en la inteligencia, especialmente en los departamentos de Oeste y Artibonite», afirmó Otunge.
Con la llegada de este nuevo contingente, unos 100 agentes kenianos que formaban parte del primer despliegue en julio de 2025 se marchan.
«Cuando pasamos del MSS al GSF, algunos escépticos, incluidas las propias bandas, esperaban caos y un vacío de seguridad. Por el contrario, el GSF ha demostrado ser más centrado, mejor coordinado y mejor equipado, basándose en las duras lecciones aprendidas durante la misión MSS», agregó el militar.
compromiso constante
El comandante también elogió el «compromiso constante» de otras naciones presentes sobre el terreno: Bahamas, Jamaica, El Salvador y Guatemala, que han demostrado su voluntad de reforzar aún más la GSF con nuevas capacidades.
Otunge expresó su «profunda» gratitud al Gobierno haitiano y a la PNH. Destaca que su apoyo, coordinación y voluntad política han sido indispensables.
«Nuestros esfuerzos conjuntos, liderados desde la Oficina del Primer Ministro, la PNH y el mando de la GSF, han permitido operaciones bien sincronizadas que han asestado golpes significativos a las bandas que atormentan a esta nación. Esta unidad de acción ha sido esencial para movilizar todos los recursos disponibles hacia un único objetivo: restablecer la seguridad y la dignidad del pueblo haitiano», insistió.
Sin embargo, estos avances no se han logrado sin sacrificios, remachó el militar keniano.
«Hemos perdido a oficiales de la PNH y de la GSF en el cumplimiento de su deber. Que sus almas descansen en paz. Su valentía nos recuerda que el precio de la paz es a menudo elevado, pero es un precio que estamos dispuestos a pagar para que Haití recupere su legítimo lugar como nación fuerte, segura y próspera», expuso.