Latinoamericanas
Chile pone una pausa a las protestas a la espera del plebiscito constitucional
Chile vive en pausa. La violencia ha disminuido considerablemente con respecto a los últimos tres meses de 2019, entre otras razones por las vacaciones de verano y porque el frenazo económico ha comenzado a impactar a las familias. Pero será en marzo, cuando arranque el año escolar y se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la primera convocatoria masiva de 2020. En ese momento se calentará la campaña por el plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril y el Gobierno de Sebastián Piñera tendrá su prueba de fuego respecto del control del orden público. Previsiblemente, la sociedad chilena se polarizará en torno a la consulta y la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet de 1980 y, de paso, definir quiénes redactarían una nueva carta fundamental.
Aunque una amplia mayoría de la gente respalda la opción de cambiar la Constitución —un 72%, de acuerdo a la encuesta Cadem del 31 de enero—, en las últimas semanas se ha observado que comienza a ganar terreno la alternativa del rechazo: un 22%, según el mismo sondeo, que llegó a un 25% la semana anterior (24 de enero). La crispación de la sociedad chilena se observa en diferentes ámbitos.
El Congreso, que esta semana ha comenzado con su receso de un mes, rechazó el lunes en una acalorada sesión una arremetida parlamentaria impulsada por buena parte de la oposición —una acusación constitucional, como se le llama en Chile— para destituir al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, acusado por su responsabilidad en las estrategias de orden público en el epicentro de las manifestaciones de la capital, la zona de Plaza Italia.
A Guevara, oficialista, se le acusaba de haber transgredido el derecho a la libre reunión con el despliegue masivo de fuerzas policiales —los llamados “copamientos”—, lo que ha abierto un intenso debate en Chile tanto sobre los límites de la protesta como de las herramientas para controlarlas. La acusación fracasó en el Senado, en buena parte por ausencias y abstenciones de parlamentarios de centroizquierda, que desveló nuevamente las tensiones que enfrenta el sector político después del estallido social del 18 de octubre.
La zona de Plaza Italia es el lugar elegido por los manifestantes para protestar cada viernes, donde se producen hechos como el del 20 de diciembre, cuando un carro lanza gases atropelló a un joven y luego lo aplastó contra otro vehículo policial, que fue captado por las cámaras de un canal de televisión. Las cifras oficiales, sin embargo, muestran que desde diciembre en adelante ha disminuido notoriamente la cantidad de eventos que las autoridades catalogan de graves. Si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios —como ocurrió el 20 de octubre—, en enero solo hubo dos días donde sobrepasaron la decena: el pasado 29 y 30 de enero, cuando llegaron a 30 y 17 respectivamente.
El rebrote de la violencia se produjo luego de que un camión de carabineros arrollara a un hincha del club de fútbol Colo-Colo en las cercanías del Estadio Monumental, donde se produjeron enfrentamientos después de un partido. Las imágenes del atropello que le causó la muerte al hombre de 37 años se viralizaron en unos segundos a través de las redes sociales, las plataformas elegidas por los chilenos para informarse, según la encuesta de la Asociación de Mujeres Periodistas.
Parte de la polarización de la sociedad chilena se observa en lo que sucedió con la juez Andrea Acevedo, que decidió decretar la libertad vigilada del carabinero investigado por el atropello y muerte del hincha. Criticada por aplicar medidas cautelares de baja intensidad y por sus declaraciones —Acevedo indicó que el policía era víctima de una agresión mientras sucedieron los hechos y que los manifestantes no le estaban “tirando flores ni challas”—, la magistrada se encuentra con resguardo policial después de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. En estos meses de convulsión política y social no es la primera vez que jueces y periodistas han sido intimidados por sus decisiones y opiniones.
Una sociedad polarizada
Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como en lo privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas «funas» —manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales—, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer a comienzos de enero.
Fue el mismo sondeo que desveló que apenas el 6% de los ciudadanos aprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera conduce su Administración, alcanzando récords históricos en democracia de impopularidad. La desconfianza contra las instituciones ha aumentado drásticamente: apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Este verano ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad en Chile por las protestas masivas de agrupaciones de estudiantes secundarios, como la ACES, que a comienzos de año emprendieron acciones de sabotaje durante la aplicación del examen de selectividad universitaria, que finalmente tuvo que ser repetido. Los dirigentes que protestan por una prueba que consideran injusta para los estudiantes de menos recursos han anunciado nuevas movilizaciones a partir de marzo, cuando tanto los escolares como los universitarios inicien un nuevo año académico.
Las protestas han bajado de intensidad, pero no hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 23.655 personas han sido detenidas según la información del Gobierno, aunque la inmensa mayoría puesta en libertad (las cifras oficiales indican que solo hasta noviembre hubo prisiones preventivas a 1.615 personas). Tampoco hay día en que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 4.215 en el ámbito nacional desde el 18 de octubre.
En estos tres meses se han producido alrededor de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. Mientras, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen denunciado la situación chilena. De acuerdo con la Comisión, que la semana pasada finalizó su visita a Chile y entregó al Estado sus conclusiones preliminares, en el país “se vive una grave crisis de derechos humanos”.
elpais.com
Latinoamericanas
Conmoción en Haití por la masacre de más de 70 personas a manos de una banda armada
Agencia EFE
Puerto Príncipe, La masacre perpetrada la madrugada del pasado jueves por el grupo armado Gran Grif en Pont Sondé, a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe, dejó más de 70 muertos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, y ha conmocionado al deprimido Haití, sumido desde hace años en una crisis que no hace más que agravarse.
El balance de la masacre en Pont Sondé, en la comuna de Saint-Marc, en Artibonite, podría aumentar con las horas, debido a que todavía se oyen disparos esporádicos en la zona, a la que no se puede acceder por la violencia.
Varias casas y vehículos fueron incendiados, obligando a los supervivientes a refugiarse en otros lugares o en la plaza pública de Saint-Marc tras caminar horas y cruzarse con los cadáveres en el camino.
Actos inhumanos e inaceptables
El primer ministro, Garry Conille, visitó este sábado en el hospital Saint Nicolas de Saint Marc a las víctimas, donde se solidarizó con las familias y expresó su más profunda indignación por estos actos, que calificó de inhumanos.
«Este nuevo acto de violencia, dirigido contra civiles inocentes, es inaceptable y requiere una respuesta urgente, rigurosa y coordinada del Estado», declaró Conille, en el cargo desde el 12 de junio en sustitución de Ariel Henry, que dimitió en medio de un estallido de violencia.
Durante su visita, el jefe de Gobierno reiteró «el pleno compromiso» de su gobierno de trabajar «sin descanso» para restablecer la seguridad y la autoridad del Estado y proteger a todos los ciudadanos.
Varias unidades de la Policía Nacional Haitiana (PNH) están desplegadas en la comuna de Saint-Marc, hasta donde han sido enviados vehículos blindados y contingentes de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que lidera Kenia, con el objetivo de reforzar a los policías que ya se encuentran sobre el terreno llevando a cabo operaciones de desmantelamiento de bandas criminales, según anunció la Policía en Facebook.
El comisario de división de la Policía de Artibonite, Jean Louis Paul Ménard, fue destituido tras la masacre por su incapacidad para neutralizar a las bandas armadas que controlan la región. En su lugar fue designado Caleb Exantus, que tomó posesión de su cargo ayer.
Una masacre planificada
Los rumores de una masacre planificada circulaban en Pont-Sondé desde hacía al menos dos meses, según un informe de la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh), que expresó este sábado su consternación ante la noticia.
Esta masacre se caracterizó por los asesinatos, las heridas causadas por balas y cuchillos, la quema de casas, vehículos y garitas, y el desplazamiento forzoso de la población de Pont-Sondé.
«También fueron asesinadas personas con bebés y niños pequeños. Los cadáveres yacen en el suelo, aún no han sido recuperados por sus familiares», denunció Rnddh.
La masacre de Pont-Sondé se suma a las miles de víctimas de actos de violencia contra las personas y las propiedades perpetrados por personas armadas, que gozan de impunidad desde hace varios años, lamenta la ONG en un documento.
«Las nuevas autoridades estatales puestas en marcha por la comunidad internacional prometieron restablecer el orden y la seguridad en el país», sin embargo, «nada ha cambiado desde que llegaron al poder».
«Se contentan con vaciar las arcas del Estado concediéndose todo tipo de ventajas, mientras dejan que la población se las arregle con los hombres armados», señala, al tiempo que asegura que «no se está haciendo nada para recuperar el control de las zonas ocupadas por miembros de las organizaciones armadas, desarmarlos, detenerlos, juzgarlos y condenarlos en proporción a los actos de los que se les acusa».
La Rnddh recomienda a las autoridades buscar activamente a los miembros armados de la base Gran Grif, dirigida por Luckson Elan.
También pide que se pongan en marcha programas de asistencia psicológica y financiera a toda la población de Pont-Sondé, en particular a la que se encuentra actualmente en la plaza pública Philippe Guerrier, muy conmocionada por el ataque y que no pudo llevarse nada consigo cuando huía del ataque de los pandilleros.
Agencia AP
Buenos Aires, Argentina.-La pobreza en Argentina se disparó en el primer semestre del año alcanzando a un 52,9% de la población de unos 47,3 millones de habitantes, lo que representa un duro golpe para el gobierno del ultraliberal Javier Milei, quien llegó al poder el 10 de diciembre.
La cifra revelada el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supone un empeoramiento de las variables sociales en 11.2 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2023, cuando 41,7% de la población era pobre. En tanto, la indigencia —la pobreza extrema– afecta al 18,1% de los ciudadanos respecto al 11,9% del último semestre.
El índice de pobreza recién difundido es el más alto desde 2003, cuando alcanzó al 54% de la población, señalaron expertos.
El instituto oficial mide la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos.
El creciente deterioro se debe en gran parte a la licuación de los ingresos de los ciudadanos por el alza de los precios de alimentos y otros productos básicos y la liberación de las tarifas de la luz, agua, gas y transporte.
También influyó la caída de la actividad económica y un aumento del desempleo en el marco de las políticas de ajuste que aplicó Milei con el argumento de combatir el déficit y atajar la inflación, que ha bajado desde dos dígitos a 4,2% mensual.
La pobreza se mide teniendo en cuenta la capacidad monetaria de la población de acceder a una canasta de alimentos y elementos como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto la de indigencia se calcula según la posibilidad de acceder solo a una canasta básica de alimentos.
hogares pobres
La publicación del Indec también da cuenta de que en el primer semestre de este año un 66.1% de los menores de 14 años integraba hogares pobres.
El gobierno argentino señaló con anterioridad a la revelación de las cifras que el deterioro obedece a las malas políticas de administraciones anteriores.
Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó que el Indec “volverá a reflejar la cruda realidad que está atravesando la sociedad” como “consecuencia del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación”.
Adorni remarcó que el gobierno de Milei “heredó la peor herencia que recibió un gobierno en democracia” y que “la mejor manera de luchar contra la pobreza es luchar contra la inflación”, tal como ha hecho esta administración bajándola del 25,5% de diciembre al 4,2% en agosto.
caída del PIB
Los expertos han vaticinado que el Producto Interno Bruto caerá este año más del 3% del Producto Interno Bruto.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, indicó a The Associated Press que la pobreza aumentó sobre todo en el primer trimestre del año “como resultado de un efecto devaluatorio que hubo en diciembre, una caída de la obra pública y del gasto público y una desactualización de las remuneraciones de los salarios… Todo en medio de una política de mucha austeridad”.
Lucas Romero, de Synopsis Consultores, dijo a su vez que este dato “malo” sobre la situación social “va a permear» en la opinión pública.
La ventaja de Milei, según el analista, es que «había advertido cuando asumió que el ajuste era inevitable y que iba a producir un impacto negativo en términos de pobreza”.
Romero indicó que, de todas formas, “será aún más necesario para el presidente mostrar resultados económicos favorables en el segundo semestre para tratar de cumplir con su promesa” de mejorar el país, algo que hoy los argentinos no están percibiendo.
“Este 52.9% le pone nombre y apellido a la situación social. O sea, ya está dimensionado el problema y eso hace que la gente pueda ahora evaluar lo que el gobierno está produciendo y el esfuerzo que le pidió hacer”, sostuvo el analista.
Advirtió que los más vulnerables en Argentina son mayoritariamente votantes opositores a Milei, “por lo que uno puede asumir que le tendrán menos paciencia”.
Latinoamericanas
Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas
AP
Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.
Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.
Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.
El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.
Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.
Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.
La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.
Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.
Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.
Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.
“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”
Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.
El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.