Latinoamericanas
Chile pone una pausa a las protestas a la espera del plebiscito constitucional
Chile vive en pausa. La violencia ha disminuido considerablemente con respecto a los últimos tres meses de 2019, entre otras razones por las vacaciones de verano y porque el frenazo económico ha comenzado a impactar a las familias. Pero será en marzo, cuando arranque el año escolar y se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la primera convocatoria masiva de 2020. En ese momento se calentará la campaña por el plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril y el Gobierno de Sebastián Piñera tendrá su prueba de fuego respecto del control del orden público. Previsiblemente, la sociedad chilena se polarizará en torno a la consulta y la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet de 1980 y, de paso, definir quiénes redactarían una nueva carta fundamental.
Aunque una amplia mayoría de la gente respalda la opción de cambiar la Constitución —un 72%, de acuerdo a la encuesta Cadem del 31 de enero—, en las últimas semanas se ha observado que comienza a ganar terreno la alternativa del rechazo: un 22%, según el mismo sondeo, que llegó a un 25% la semana anterior (24 de enero). La crispación de la sociedad chilena se observa en diferentes ámbitos.
El Congreso, que esta semana ha comenzado con su receso de un mes, rechazó el lunes en una acalorada sesión una arremetida parlamentaria impulsada por buena parte de la oposición —una acusación constitucional, como se le llama en Chile— para destituir al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, acusado por su responsabilidad en las estrategias de orden público en el epicentro de las manifestaciones de la capital, la zona de Plaza Italia.
A Guevara, oficialista, se le acusaba de haber transgredido el derecho a la libre reunión con el despliegue masivo de fuerzas policiales —los llamados “copamientos”—, lo que ha abierto un intenso debate en Chile tanto sobre los límites de la protesta como de las herramientas para controlarlas. La acusación fracasó en el Senado, en buena parte por ausencias y abstenciones de parlamentarios de centroizquierda, que desveló nuevamente las tensiones que enfrenta el sector político después del estallido social del 18 de octubre.
La zona de Plaza Italia es el lugar elegido por los manifestantes para protestar cada viernes, donde se producen hechos como el del 20 de diciembre, cuando un carro lanza gases atropelló a un joven y luego lo aplastó contra otro vehículo policial, que fue captado por las cámaras de un canal de televisión. Las cifras oficiales, sin embargo, muestran que desde diciembre en adelante ha disminuido notoriamente la cantidad de eventos que las autoridades catalogan de graves. Si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios —como ocurrió el 20 de octubre—, en enero solo hubo dos días donde sobrepasaron la decena: el pasado 29 y 30 de enero, cuando llegaron a 30 y 17 respectivamente.
El rebrote de la violencia se produjo luego de que un camión de carabineros arrollara a un hincha del club de fútbol Colo-Colo en las cercanías del Estadio Monumental, donde se produjeron enfrentamientos después de un partido. Las imágenes del atropello que le causó la muerte al hombre de 37 años se viralizaron en unos segundos a través de las redes sociales, las plataformas elegidas por los chilenos para informarse, según la encuesta de la Asociación de Mujeres Periodistas.
Parte de la polarización de la sociedad chilena se observa en lo que sucedió con la juez Andrea Acevedo, que decidió decretar la libertad vigilada del carabinero investigado por el atropello y muerte del hincha. Criticada por aplicar medidas cautelares de baja intensidad y por sus declaraciones —Acevedo indicó que el policía era víctima de una agresión mientras sucedieron los hechos y que los manifestantes no le estaban “tirando flores ni challas”—, la magistrada se encuentra con resguardo policial después de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. En estos meses de convulsión política y social no es la primera vez que jueces y periodistas han sido intimidados por sus decisiones y opiniones.
Una sociedad polarizada
Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como en lo privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas «funas» —manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales—, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer a comienzos de enero.
Fue el mismo sondeo que desveló que apenas el 6% de los ciudadanos aprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera conduce su Administración, alcanzando récords históricos en democracia de impopularidad. La desconfianza contra las instituciones ha aumentado drásticamente: apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Este verano ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad en Chile por las protestas masivas de agrupaciones de estudiantes secundarios, como la ACES, que a comienzos de año emprendieron acciones de sabotaje durante la aplicación del examen de selectividad universitaria, que finalmente tuvo que ser repetido. Los dirigentes que protestan por una prueba que consideran injusta para los estudiantes de menos recursos han anunciado nuevas movilizaciones a partir de marzo, cuando tanto los escolares como los universitarios inicien un nuevo año académico.
Las protestas han bajado de intensidad, pero no hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 23.655 personas han sido detenidas según la información del Gobierno, aunque la inmensa mayoría puesta en libertad (las cifras oficiales indican que solo hasta noviembre hubo prisiones preventivas a 1.615 personas). Tampoco hay día en que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 4.215 en el ámbito nacional desde el 18 de octubre.
En estos tres meses se han producido alrededor de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. Mientras, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen denunciado la situación chilena. De acuerdo con la Comisión, que la semana pasada finalizó su visita a Chile y entregó al Estado sus conclusiones preliminares, en el país “se vive una grave crisis de derechos humanos”.
elpais.com
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Ascienden a 19 los civiles muertos por ataque con bomba en la Vía Panamericana en Colombia
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.