Latinoamericanas
Chile pone una pausa a las protestas a la espera del plebiscito constitucional
Chile vive en pausa. La violencia ha disminuido considerablemente con respecto a los últimos tres meses de 2019, entre otras razones por las vacaciones de verano y porque el frenazo económico ha comenzado a impactar a las familias. Pero será en marzo, cuando arranque el año escolar y se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la primera convocatoria masiva de 2020. En ese momento se calentará la campaña por el plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril y el Gobierno de Sebastián Piñera tendrá su prueba de fuego respecto del control del orden público. Previsiblemente, la sociedad chilena se polarizará en torno a la consulta y la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet de 1980 y, de paso, definir quiénes redactarían una nueva carta fundamental.
Aunque una amplia mayoría de la gente respalda la opción de cambiar la Constitución —un 72%, de acuerdo a la encuesta Cadem del 31 de enero—, en las últimas semanas se ha observado que comienza a ganar terreno la alternativa del rechazo: un 22%, según el mismo sondeo, que llegó a un 25% la semana anterior (24 de enero). La crispación de la sociedad chilena se observa en diferentes ámbitos.
El Congreso, que esta semana ha comenzado con su receso de un mes, rechazó el lunes en una acalorada sesión una arremetida parlamentaria impulsada por buena parte de la oposición —una acusación constitucional, como se le llama en Chile— para destituir al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, acusado por su responsabilidad en las estrategias de orden público en el epicentro de las manifestaciones de la capital, la zona de Plaza Italia.
A Guevara, oficialista, se le acusaba de haber transgredido el derecho a la libre reunión con el despliegue masivo de fuerzas policiales —los llamados “copamientos”—, lo que ha abierto un intenso debate en Chile tanto sobre los límites de la protesta como de las herramientas para controlarlas. La acusación fracasó en el Senado, en buena parte por ausencias y abstenciones de parlamentarios de centroizquierda, que desveló nuevamente las tensiones que enfrenta el sector político después del estallido social del 18 de octubre.
La zona de Plaza Italia es el lugar elegido por los manifestantes para protestar cada viernes, donde se producen hechos como el del 20 de diciembre, cuando un carro lanza gases atropelló a un joven y luego lo aplastó contra otro vehículo policial, que fue captado por las cámaras de un canal de televisión. Las cifras oficiales, sin embargo, muestran que desde diciembre en adelante ha disminuido notoriamente la cantidad de eventos que las autoridades catalogan de graves. Si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios —como ocurrió el 20 de octubre—, en enero solo hubo dos días donde sobrepasaron la decena: el pasado 29 y 30 de enero, cuando llegaron a 30 y 17 respectivamente.
El rebrote de la violencia se produjo luego de que un camión de carabineros arrollara a un hincha del club de fútbol Colo-Colo en las cercanías del Estadio Monumental, donde se produjeron enfrentamientos después de un partido. Las imágenes del atropello que le causó la muerte al hombre de 37 años se viralizaron en unos segundos a través de las redes sociales, las plataformas elegidas por los chilenos para informarse, según la encuesta de la Asociación de Mujeres Periodistas.
Parte de la polarización de la sociedad chilena se observa en lo que sucedió con la juez Andrea Acevedo, que decidió decretar la libertad vigilada del carabinero investigado por el atropello y muerte del hincha. Criticada por aplicar medidas cautelares de baja intensidad y por sus declaraciones —Acevedo indicó que el policía era víctima de una agresión mientras sucedieron los hechos y que los manifestantes no le estaban “tirando flores ni challas”—, la magistrada se encuentra con resguardo policial después de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. En estos meses de convulsión política y social no es la primera vez que jueces y periodistas han sido intimidados por sus decisiones y opiniones.
Una sociedad polarizada
Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como en lo privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas «funas» —manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales—, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer a comienzos de enero.
Fue el mismo sondeo que desveló que apenas el 6% de los ciudadanos aprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera conduce su Administración, alcanzando récords históricos en democracia de impopularidad. La desconfianza contra las instituciones ha aumentado drásticamente: apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Este verano ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad en Chile por las protestas masivas de agrupaciones de estudiantes secundarios, como la ACES, que a comienzos de año emprendieron acciones de sabotaje durante la aplicación del examen de selectividad universitaria, que finalmente tuvo que ser repetido. Los dirigentes que protestan por una prueba que consideran injusta para los estudiantes de menos recursos han anunciado nuevas movilizaciones a partir de marzo, cuando tanto los escolares como los universitarios inicien un nuevo año académico.
Las protestas han bajado de intensidad, pero no hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 23.655 personas han sido detenidas según la información del Gobierno, aunque la inmensa mayoría puesta en libertad (las cifras oficiales indican que solo hasta noviembre hubo prisiones preventivas a 1.615 personas). Tampoco hay día en que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 4.215 en el ámbito nacional desde el 18 de octubre.
En estos tres meses se han producido alrededor de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. Mientras, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen denunciado la situación chilena. De acuerdo con la Comisión, que la semana pasada finalizó su visita a Chile y entregó al Estado sus conclusiones preliminares, en el país “se vive una grave crisis de derechos humanos”.
elpais.com
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.