Nacionales
CIDH pide a gobierno RD devolver nacionalidad a todos los afectados por TC-168
La CIDH, en un documento muy crítico con el Gobierno dominicano, insta al Estado a dejar sin efectos jurídicos esa sentencia del TC, que redefinió, con efectos retroactivos, el alcance que había tenido el principio de «jus soli» (derecho de suelo) desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a «decenas de miles de personas»
Washington, (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a República Dominicana que devuelva la nacionalidad a todos los nacidos en el país afectados por la polémica sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC), la mayoría de ascendencia haitiana, en un informe publicado hoy.
La CIDH, en un documento muy crítico con el Gobierno dominicano, insta al Estado a dejar sin efectos jurídicos esa sentencia del TC, que redefinió, con efectos retroactivos, el alcance que había tenido el principio de “jus soli” (derecho de suelo) desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a “decenas de miles de personas”.
En el informe, resultado de la visita de la CIDH a ese país entre el 2 y el 6 de diciembre de 2013, la Comisión pide también dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169/14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano, cuando aún se aplicaba el principio de “jus soli”, por ser hijas de extranjeros en situación irregular.
La CIDH rechaza que “sean tratadas como extranjeras” personas nacidas en territorio dominicano y a las que, de acuerdo a la legislación del país, les correspondía la nacionalidad dominicana, y lamenta que “aún no se cuente con un mecanismo que les restituya plenamente su nacionalidad a ellos y sus descendientes”.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), urge también al Gobierno dominicano a poner fin a “las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes, o de la situación migratoria de sus padres”.
“La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América”, consideró el comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los Derechos de los Migrantes y bajo cuyo mandato se incluyen los derechos de las personas apátridas.
En su informe, de 261 páginas, la CIDH expresa su preocupación ante “los niveles de violencia que se generaron como resultado del incremento de la intolerancia y los discursos racistas” en la República Dominicana, así como por “las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13”.
“Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, consideró la relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, la comisionada Margarette May Macaulay.
“Esa discriminación se manifiesta en políticas, leyes, sentencias y prácticas tendientes a privarles de su derecho a la nacionalidaddominicana sobre la base de criterios tales como el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los apellidos o la capacidad lingüística”, añadió.
En este contexto, la CIDH ofrece al Gobierno dominicano colaboración para buscar soluciones a los problemas identificados por el informe y para aplicar las recomendaciones “formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación”.
La Comisión, con sede en Washington, agradece asimismo al Gobierno y al pueblo dominicano “todas las facilidades brindadas” para la realización de su sexta visita “in loco” a ese país. EFE
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.