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Manifiesto anti corrupción firman cien altos funcionarios del Gobierno.
Santo Domingo, R.D.- El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raque Peña y un total de 100 altos funcionarios del gobierno dominicano, firmaron un compromiso ético por la transparencia, la buena administración y en contra de la corrupción, que recalca la necesidad de hacer valer las leyes del país en esta materia.
En el documento, firmado el 23 de agosto pasado y publicado hoy en la prensa nacional, los altos funcionarios se comprometieron a actuar apegados a la integridad y la ética, desde la transparencia, con imparcialidad y eficiencia.
En total son 10 compromisos que fueron asumidos por los funcionarios, siendo uno de ellos prevenir los actos de corrupción a través de los Oficiales de Cumplimiento de Compras Públicas y las Comisiones y Oficiales de Integridad Gubernamental. También, otorgar la debida protección al denunciante y al testigo que adviertan o denuncien actos contrarios a los principios éticos.
Actuar con respeto
Asimismo, los funcionarios deben actuar con respeto y motivación hacia el personal bajo su dirección, estando atentos a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento de la ética.
Otro punto abordado es el compromiso de estar «dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos».
Informar sobre actos de corrupción
Se comprometieron, además, a luchar «firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado y en dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos».
Abinader exige ética y transparencia a sus funcionarios en la primera reunión de su segundo gobierno
No permitir comisiones, porcentajes o sobornos
El documento de compromiso ético señala que mediante su firma los funcionarios reafirman la responsabilidad que asumen desde sus respectivas funciones acorde con las reformas propuestas por el presidente de la República.
Firmantes
El pasado 23 de agosto fue realizado el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, una semana después de la juramentación del presidente Abinader.
Tras la reunión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que a partir de esa fecha todos los funcionarios deben firmar de manera personal el compromiso ético.
El documento denominado «Compromiso ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana y el presidente Luis Abinader» tiene la firma de los funcionarios recién designados, así como los ratificados para el nuevo gobierno.
Entre los firmantes se encuentran: Milagros Ortiz Bosch, encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig); Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Antoliano Peralta, Consultor Jurídico; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Carlos Valdez, ministro de la Juventud; Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Faride Raful, ministra de Interior y Policía; Víctor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y Joel Santos, ministro de Energía y Minas.
También firmaron los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Educación, Ángel Hernández; de Turismo, David Collado; de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla; de Administración Pública, Sigmung Freund; de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión; de la Mujer, Mayra Jiménez; de Cultura, Milagros Germán; y de Hacienda, José Manuel Vicente.
Los ministros de Estado sin cartera, Roberto Fulcar y José Cabrera Abud (Neney) también firmaron el documento.
El ministro de Defensa, Carlos Fernández; el de Trabajo, Luis Miguel Decamps; y el director general de Migración, Venancio Alcántara, firmaron el documento.
En total, en el documento figuran al menos 100 funcionarios, que además de los ministros incluye directores ejecutivos, directores generales, directores, superintendentes y administradores, entre otros.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.