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Manifiesto anti corrupción firman cien altos funcionarios del Gobierno.
Santo Domingo, R.D.- El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raque Peña y un total de 100 altos funcionarios del gobierno dominicano, firmaron un compromiso ético por la transparencia, la buena administración y en contra de la corrupción, que recalca la necesidad de hacer valer las leyes del país en esta materia.
En el documento, firmado el 23 de agosto pasado y publicado hoy en la prensa nacional, los altos funcionarios se comprometieron a actuar apegados a la integridad y la ética, desde la transparencia, con imparcialidad y eficiencia.
En total son 10 compromisos que fueron asumidos por los funcionarios, siendo uno de ellos prevenir los actos de corrupción a través de los Oficiales de Cumplimiento de Compras Públicas y las Comisiones y Oficiales de Integridad Gubernamental. También, otorgar la debida protección al denunciante y al testigo que adviertan o denuncien actos contrarios a los principios éticos.
Actuar con respeto
Asimismo, los funcionarios deben actuar con respeto y motivación hacia el personal bajo su dirección, estando atentos a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento de la ética.
Otro punto abordado es el compromiso de estar «dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos».
Informar sobre actos de corrupción
Se comprometieron, además, a luchar «firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado y en dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos».
Abinader exige ética y transparencia a sus funcionarios en la primera reunión de su segundo gobierno
No permitir comisiones, porcentajes o sobornos
El documento de compromiso ético señala que mediante su firma los funcionarios reafirman la responsabilidad que asumen desde sus respectivas funciones acorde con las reformas propuestas por el presidente de la República.
Firmantes
El pasado 23 de agosto fue realizado el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, una semana después de la juramentación del presidente Abinader.
Tras la reunión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que a partir de esa fecha todos los funcionarios deben firmar de manera personal el compromiso ético.
El documento denominado «Compromiso ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana y el presidente Luis Abinader» tiene la firma de los funcionarios recién designados, así como los ratificados para el nuevo gobierno.
Entre los firmantes se encuentran: Milagros Ortiz Bosch, encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig); Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Antoliano Peralta, Consultor Jurídico; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Carlos Valdez, ministro de la Juventud; Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Faride Raful, ministra de Interior y Policía; Víctor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y Joel Santos, ministro de Energía y Minas.
También firmaron los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Educación, Ángel Hernández; de Turismo, David Collado; de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla; de Administración Pública, Sigmung Freund; de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión; de la Mujer, Mayra Jiménez; de Cultura, Milagros Germán; y de Hacienda, José Manuel Vicente.
Los ministros de Estado sin cartera, Roberto Fulcar y José Cabrera Abud (Neney) también firmaron el documento.
El ministro de Defensa, Carlos Fernández; el de Trabajo, Luis Miguel Decamps; y el director general de Migración, Venancio Alcántara, firmaron el documento.
En total, en el documento figuran al menos 100 funcionarios, que además de los ministros incluye directores ejecutivos, directores generales, directores, superintendentes y administradores, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).