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Manifiesto anti corrupción firman cien altos funcionarios del Gobierno.
Santo Domingo, R.D.- El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raque Peña y un total de 100 altos funcionarios del gobierno dominicano, firmaron un compromiso ético por la transparencia, la buena administración y en contra de la corrupción, que recalca la necesidad de hacer valer las leyes del país en esta materia.
En el documento, firmado el 23 de agosto pasado y publicado hoy en la prensa nacional, los altos funcionarios se comprometieron a actuar apegados a la integridad y la ética, desde la transparencia, con imparcialidad y eficiencia.
En total son 10 compromisos que fueron asumidos por los funcionarios, siendo uno de ellos prevenir los actos de corrupción a través de los Oficiales de Cumplimiento de Compras Públicas y las Comisiones y Oficiales de Integridad Gubernamental. También, otorgar la debida protección al denunciante y al testigo que adviertan o denuncien actos contrarios a los principios éticos.
Actuar con respeto
Asimismo, los funcionarios deben actuar con respeto y motivación hacia el personal bajo su dirección, estando atentos a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento de la ética.
Otro punto abordado es el compromiso de estar «dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos».
Informar sobre actos de corrupción
Se comprometieron, además, a luchar «firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado y en dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos».
Abinader exige ética y transparencia a sus funcionarios en la primera reunión de su segundo gobierno
No permitir comisiones, porcentajes o sobornos
El documento de compromiso ético señala que mediante su firma los funcionarios reafirman la responsabilidad que asumen desde sus respectivas funciones acorde con las reformas propuestas por el presidente de la República.
Firmantes
El pasado 23 de agosto fue realizado el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, una semana después de la juramentación del presidente Abinader.
Tras la reunión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que a partir de esa fecha todos los funcionarios deben firmar de manera personal el compromiso ético.
El documento denominado «Compromiso ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana y el presidente Luis Abinader» tiene la firma de los funcionarios recién designados, así como los ratificados para el nuevo gobierno.
Entre los firmantes se encuentran: Milagros Ortiz Bosch, encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig); Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Antoliano Peralta, Consultor Jurídico; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Carlos Valdez, ministro de la Juventud; Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Faride Raful, ministra de Interior y Policía; Víctor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y Joel Santos, ministro de Energía y Minas.
También firmaron los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Educación, Ángel Hernández; de Turismo, David Collado; de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla; de Administración Pública, Sigmung Freund; de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión; de la Mujer, Mayra Jiménez; de Cultura, Milagros Germán; y de Hacienda, José Manuel Vicente.
Los ministros de Estado sin cartera, Roberto Fulcar y José Cabrera Abud (Neney) también firmaron el documento.
El ministro de Defensa, Carlos Fernández; el de Trabajo, Luis Miguel Decamps; y el director general de Migración, Venancio Alcántara, firmaron el documento.
En total, en el documento figuran al menos 100 funcionarios, que además de los ministros incluye directores ejecutivos, directores generales, directores, superintendentes y administradores, entre otros.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.