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Alarmantes cifras de embargos de cuentas bancarias.
Sólo en este año 2023 las cuentas bancarias embargadas involucran más de 26 mil 600 millones de pesos en unas 157 mil 160 de ellas y pertenecientes a 28 entidades de intermediación financiera, según lo informado por la Superintendencia de Bancos.
Estas son cifras alarmantes, que deben preocupar a todos los actores de la sociedad civil, al Defensor del Pueblo, al Sistema Judicial, al Congreso de la República y a la propia Autoridad Monetaria y Financiera.
Lo cierto es que más de cien mil personas equivalente al 1% de la población dominicana, y al 5% de los empleados del sector formal o informal, tienen cuentas embargadas en la República Dominicana.
Estas cien mil personas con cuentas embargadas pierden todos los años al menos, RD$1,250.00 Millones (Mil dos cientos cincuenta millones de pesos dominicanos), si calculamos una tasa de interés pasiva de un 6% anual, ya que los depósitos embargados no reciben un centavo de intereses por el tiempo que están embargados o congelados.´
Un gran número de personas se enfrentan a embargos de sus cuentas bancarias sin advertencia ni protección legal adecuada. Esta práctica, marcada por la falta de transparencia, ha dejado a muchas personas en una situación desesperada, sin recursos para proteger sus activos y asegurar su sustento, provocando un impacto devastador en las vidas de aquellos que se encuentran atrapados en esta situación.
Muchas cuentas de nóminas donde la persona recibe su salario son embargadas a pesar de que la Constitución Dominicana como el Código Laboral establecen claramente que el salario es intangible y está protegido de embargos, salvo en casos excepcionales, como deudas alimenticias o pensiones alimenticias. Esta protección se basa en el reconocimiento de que el salario es vital para el sustento y el bienestar de los trabajadores y sus familias, y es un derecho fundamental que tiene cada persona.
El embargo de cuentas de nómina puede tener un impacto devastador en la moral y el bienestar psicológico del trabajador, generando estrés, ansiedad y desesperación.
Una de las principales preocupaciones en torno a los embargos bancarios es la falta de transparencia legal. Las personas afectadas se encuentran en una situación de indefensión, sin entender completamente los procesos legales involucrados ni tener acceso a recursos legales adecuados para defender sus derechos. Esta falta de claridad deja a las personas vulnerables a abusos por parte de empresas de cobros compulsivos que adquieren estas deudas de algunas entidades bancarias a precios de vacas muertas, aplicando a los afectados decisiones arbitrarias en la mayoría de las veces fuera de la legalidad.
Es evidente que se necesitan reformas para abordar la falta de transparencia y proteger los derechos de las personas afectadas por embargos bancarios. Esto incluye una mayor regulación y supervisión de las prácticas bancarias, así como la implementación de medidas para garantizar que las personas afectadas tengan acceso a recursos legales adecuados y se les informe claramente sobre sus derechos y opciones en caso de embargo.
El Defensor del Pueblo debería involucrarse activamente en tomar acciones contra las medidas y prácticas abusivas de embargos de cuentas bancarias, especialmente en lo que respecta a las cuentas de nóminas de las personas, por varias razones fundamentales.
En primer lugar, el salario de un individuo está protegido por la Constitución y el Código Laboral ya que representa la fuente primaria de sustento para millones de familias. Embargar este ingreso esencial no solo afecta la estabilidad financiera del individuo, sino que también puede poner en riesgo su capacidad para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica.
Además, el embargo de cuentas de nómina puede tener un impacto devastador en la moral y el bienestar psicológico del trabajador, generando estrés, ansiedad y desesperación.
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de intervenir en defensa de los derechos fundamentales de las personas, garantizando que se respete la protección legal del salario y que se implementen medidas efectivas para prevenir y sancionar cualquier práctica abusiva por parte de las empresas de cobros compulsivos. Su intervención es crucial para asegurar que los ciudadanos sean tratados con dignidad y justicia en el ámbito económico y laboral, fortaleciendo así el tejido social y promoviendo la equidad y la igualdad de oportunidades para todos.
Igualmente, la Superintendencia de Bancos debería llevar al seno de la Junta Monetaria para que vía un nuevo reglamento se instruya a las entidades bancarias un nuevo producto para las empresas denominado cuentas bancarias de nóminas para los empleados públicos y privados y que estás cuentas sólo puedan recibir el salario de la persona, ningún depósito ni propio ni de terceros y que la misma no pueda ser embargada. Una vez el empleado ya no pertenezca a la empresa dicha cuenta pasaría a una cuenta de ahorro ordinaria.
Paralelamente, hay que regularizar y supervisar la venta de las carteras de créditos a castigadas de las entidades bancarias a las empresas de cobros compulsivos, que las mismas tengan un código de ética, y que puedan garantizar el cumplimiento de estándares de respecto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
El Congreso de la República debería abordar la modificación de los aspectos del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil que sean contrario a que las cuentas bancarías de nóminas no puedan ser embargadas de cara a la protección de los Derechos Fundamentales de las personas, específicamente de que el salario no puede ser embargado, salvo lo que establece la propia ley.
Finalmente, el embargo salarial a través de las cuentas bancarias que no son identificadas como cuentas de nóminas, es una injusticia que va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad. Es imperativo que se tomen medidas para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que el salario, como fuente vital de sustento, esté debidamente protegido contra embargos abusivos. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.