Opinión
Cita con “Cien Años De Soledad”
Por Hamlet Hermann
Topé por primera vez con la novela “Cien Años de Soledad” cuando estaba prisionero en 1973 luego de la extinción de nuestra lucha guerrillera. Reponía en esos días los rigores de las torturas y malos tratos con que me habían “tranquilizado” en la base aérea de San Isidro. La opinión pública reclamaba con energía que apareciera el sobreviviente guerrillero capturado en Villa Altagracia semanas atrás. Pero el estado en que habían dejado mi cuerpo los militares luego del “tratamiento” a que fui sometido impedía que alguna fotografía fuera publicada o alguien pudiera visitar la solitaria celda que ocupaba. Los militares se dedicaron entonces a alimentarme al tiempo que suspendieron el “tratamiento” de manera que recuperara la apariencia física normal.
Eran los tiempos en que someramente me había enterado de que existía un periodista llamado Gabriel García Márquez quien había escrito esa obra. Aunque fue publicada por primera vez seis años atrás, en 1967, mis actividades revolucionarias y luego el entrenamiento militar en Cuba no habían dejado espacio para leer esa obra. Pero en aquel momento no era más que un prisionero en celda solitaria que, además de los malos tratos recibidos, había perdido cerca de setenta libras del peso normal. El tiempo sobraba, así que me dediqué a la lectura con voracidad. Ninguna otra cosa tenía que hacer allí. Ayudaba a mi lectura el que mis captores mantuvieran permanentemente encendidos varios bombillos. Veinticuatro horas continuas de luz buscaban desequilibrarme e impedir el sueño pero. Paradójicamente, facilitaban el disfrute de esa obra.
La leí de un tirón la primera vez. Sólo interrumpían los chillidos de los goznes de la única puerta de la celda cuando los Sargentos verificaban qué hacía a cada momento o llevaban la comida. Esas interrupciones sobresaltaban porque hacían recordar cuando me buscaban a medianoche para las sesiones de interrogatorio y pésimos tratos que dispensó la oficialidad seleccionada para el “tratamiento”.
Aunque un preso no tiene libertad cuenta con mucho tiempo libre. Apenas quitaba la vista del libro para acomodar mis nalgas aplastadas por el tibio piso de mosaicos. Llamó mucho mi atención la descripción del circo que llegó a Macondo y la forma en que atraía la atención de todos. Inconscientemente asociaba la lectura con el origen de mi rama familiar paterna. Los Hermann Consonni viajaban cada año a República Dominicana desde Cuba con un grupo de bufos, una especie de vodevil. La compañía se llamaba Hermann-Morita. Viajarían regularmente hasta el año 1927 cuando la compañía se desbarató merced a que la principal estrella casó con un empresario licorero de Santiago de los Caballeros. En la lectura imaginaba entonces a aquellos que llegaban a Macondo con las caras de mi padre, mis tíos y otros que sólo conocí años después cuando ya peinaban canas y exponían calvas.
Como no tenía capacidad para valorar literariamente lo que estaba leyendo, llegué hasta la última página sintiendo un vacío. Traté entonces de recordar lo que había leído “en primera vuelta”. En la memoria sólo habían quedado detalles escasos y rasgos del relato con muchas confusiones sobre los personajes. Tantos Buendía saliendo y entrando en el relato me habían hecho perder el rastro del hilo conductor de la obra. Decidí entonces empezar a leer de nuevo. Nadie esperaba por mí como no fuera para hacer daño y el tiempo seguía teniendo poco significado. En esa segunda lectura no lograba evadir el prejuicio de que estaba viendo de nuevo la misma película. Sin embargo, empecé en esta ronda a darme cuenta y a entender cosas que en la primera lectura habían pasado inadvertidas. Gradualmente fui ajustando las imágenes que creaba García Márquez y las cosas fueron saliendo de la neblina para mostrarse más en la forma que el autor quería que nosotros las viéramos.
Cuando sin aburrimiento volví a llegar a la última página me convencí de que el rebulú familiar de los Buendía todavía no lo entendía bien. Y fue entonces cuando en aquella iluminada celda decidí leerla por tercera vez. Pedí entonces a uno de mis carceleros, un Coronel de la Fuerza Aérea, que consiguiera un lápiz y una hoja de papel. Obsesionado estuve con la idea de que la única forma de entender aquello a fondo era si me dedicaba a construir el árbol genealógico de la familia Buendía.
Y así fue como empecé a estudiar en esta tercera vez, no ya a leer, “Cien Años de Soledad”. Leyendo hacia delante y buscando hacia atrás, fui haciendo mi arbolito genealógico poniendo a Aureliano aquí a Rosario la bella por allá y así sucesivamente a todos hasta que la hoja de papel fue ocupada por mis trazos y garabatos, de lado y lado. Cada rama que añadía llevaba a tratar de apropiarme de la obra. Tanta era la compenetración con ella que la sentía mía y de nadie más. Ya no era la novela del periodista colombiano-caribeño sino una obra propia porque en aquella solitaria celda hasta las cucarachas eran de mi propiedad.
Mi siguiente labor fue hojear y ojear, de hoja y de ojo, aquellas páginas que empezaron a lucir antiguas de tanto manoseo en un ambiente carcelario del cuarto mundo. Comprobé entonces que ya estaba en condiciones de volver a leer la novela por una cuarta vez. Creía haber descifrado los vericuetos del narrador y suponía que eso me acreditaba como lector calificado. Y así fue. Sólo faltó aprendérmela de memoria.
Lo lamentable de esta historia es que, cuando finalmente fui excarcelado y deportado de República Dominicana, por una reacción protectora de mi organismo, el cerebro borró los recuerdos de mi estancia en aquella prisión. Parece que la selectiva memoria no quería que recordara el “tratamiento” al que había sido sometido durante meses en aquel lugar. Y fue así como todo lo que había leído y entendido de “Cien Años de Soledad” lo olvidé totalmente.
Tiempo después, cuando alguien preguntaba si había leído esa novela respondía: “Sí, cuatro veces.” Pero cuando al creerme experto en la materia trataba de profundizar en el contenido y en las formas, siempre yo cambiaba el tema para que el otro no perdiera el tiempo con un desmemoriado.
Es por eso que cuando pueda adquirir la más reciente edición de “Cien Años de Soledad” de inmediato empezaré a leerla de nuevo. Y quizás en ese trayecto de una quinta lectura, que será también primera, logre toparme con algunos de los recuerdos que 34 años atrás la memoria borró para preservar mi salud mental y, quizás, mi vida.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.