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Clima político se enfría luego de retiro de instancia sobre reelección
El abogado reformista Fredemirdo Ferreras no explicó las razones de su decisión
SANTO DOMINGO. Luego de provocar sismos en el sistema de partidos políticos, en especial dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el abogado militante reformista Fredermido Ferreras retiró la instancia directa de inconstitucionalidad en contra del vigésimo artículo transitorio que impide la repostulación del presidente Danilo Medina en los comicios del 2020.
Ferreras retiró el recurso sometido el pasado 15 de febrero y ayer no había hablado de las razones de su retiro luego de que argumentara que procuraba “crear un precedente para que los partidos no sigan, a través de mecanismos legales, festinando los derechos de las bases y conculcando derechos constitucionales de los miembros y dirigentes”.
Se atribuyen presiones políticas desde un sector reformista vinculado al oficialismo, el cual inicialmente apoyaba el recurso, pero que sectores en el PLD consideraron que se sometió en un momento inoportuno, pues se corría el riesgo de perder esa herramienta se hubiera sido declarado improcedende por el Tribunal Constitucional. Esta alta corte fue liberada de ser centro de presión u ojo de un huracán político que impactaría en las ya agitadas aguas del partido gobernante, en donde se viene debatiendo la procedencia o no de la aplicación de las primarias abiertas obligatorias en el proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos.
Entre los temores que se albergan de forzar una posible repostulación del presidente Danilo Medina es que el expresidente Leonel Fernández y el sector que lidera estarían dispuestos a “quemar las naves” si se les “impone” nuevamente una reelección, lo que se traduciría en una división y posible salida del poder del PLD en el 2020.
No se debe descartar que más adelante vuelva otro recurso de inconstitucionalidad a ese transitorio, a pesar de que el pasado concitó un amplio rechazo en organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la oposición liderada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que secundó el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Vale señalar que un sector cercano al presidente Danilo Medina, en voz de su hermana, la diputada Lucía Medina, y quien sería el próximo presidente de la Cámara de Diputados en virtud de un acuerdo en el Comité Político del PLD, Radhamés Camacho, argumentó firmemente que no es necesario una reforma constitucional porque el mandatario solo tiene un período de electo desde que se modificó la Constitución en 2015 para permitirle dos períodos consecutivos.
El aspirante presidencial del PRM Luis Abinader calificó como “una chapucería, los amagos que se hacen para una eventual reforma constitucional dirigida a que el presidente Danilo Medina pudiera repostularse”.
“De todos modos habría que esperar a que sea el propio presidente de la República quien diga si estos aprestos que vemos lo llevarían a incumplir el juramento que hizo ante Dios y su partido y frente al pueblo; si va a faltar a sus propias palabras de que si era electo en el pasado proceso electoral jamás volvería a aspirar”, dijo.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Sera el lunes 17 de agosto cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La decisión, que originalmente se conocería este miércoles, fue reprogramada de manera administrativa por la secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado además por las juezas Yisell Soto y Clara Castillo.
Los abogados del exprocurador, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, argumentando que el proceso está a punto de superar los seis años de duración, un retraso que, según sostienen, es enteramente atribuible al ministerio público.
Como sustento legal, invocaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece en cuatro años el plazo razonable en materia penal, así como la Ley 97-25, que restringe las causales para prorrogar ese plazo a casos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas mediante resolución motivada emitida en su momento circunstancias que, según la defensa, no se configuran en este expediente.
El órgano acusador pidió rechazar la petición, al considerar que carece de fundamento jurídico y que ha sido el propio imputado quien ha buscado dilatar el conocimiento del proceso y de las pruebas en su contra.
Ortiz precisó que aplazamientos por motivos de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la propia defensa, derechos del personal judicial y la carga de trabajo de los tribunales no pueden atribuirse al órgano persecutor.
Citó como precedente la resolución del mismo tribunal del 17 de marzo de 2025 en el caso contra Juan Alexis Medina Sánchez, cuando también fue rechazada una solicitud similar.
Santo Domingo, R.D.-Fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos por la República Dominicana David Armando Brito Brito (El Jamaquen) acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.
Se recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del arresto de este hombre el pasado mes de mayo, tras varios allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia en seguimiento a la Operación PT7.
La autorización de la extradición de David Armando Brito Brito se realizó a través del decreto 346-26 y salió del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue entregado a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia hacia Puerto Rico para responder en un tribunal las acusaciones que pesan en su contra.
“La captura y posterior extradición del dominicano es parte del trabajo conjunto, la cooperación y el intercambio constante de información entre la Republica Dominicana y Estados Unidos para capturar a fugitivos buscados por cometer delitos de narcotráfico, fraudes, lavado, asesinatos, violaciones, entre otros”, explicaron las autoridades.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la República Dominicana aclararon que el informe de la Casa Blanca titulado “La Gran Estafa del Transbordo”, el cual analiza prácticas ilegales mediante las cuales mercancías procedentes de países con aranceles más altos, especialmente China, podrían ser enviadas a terceros países para luego reexportarse a los Estados Unidos, no involucra, en términos generales al país en acciones ilícitas de esa naturaleza.
A través de un comunicado, enviado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se informó que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.
“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.
“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.
Asimismo, el MICM informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades aduaneras y comerciales nacionales, y que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses competentes para entender los indicadores específicos señalados en el informe y fortalecer aún más la trazabilidad, los controles y los mecanismos de cooperación bilateral.
“El objetivo del Gobierno dominicano es claro: distinguir entre la triangulación ilegal y la producción legítima que ocurre cuando una empresa invierte, produce, emplea dominicanos y transforma bienes en la República Dominicana. Esa distinción es fundamental para proteger la reputación del país, defender el comercio formal y preservar la confianza de nuestros socios comerciales”, agregó el MICM.