Latinoamericanas
CNE venezolano evaluará tiempo de votación en simulacro de este domingo
La operación le permitirá, tanto al ente comicial como a los electores, probar la herradura, que es el recorrido en la mesa de votación. Este es el segundo simulacro que el CNE prepara antes de las elecciones presidencial del próximo 7 de octubre
La práctica contará con mil 553 centros de votación y 4 mil mesas operativas que se dispondrán en todo el país (Foto: MCTI Nueva Esparta)
El Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) evaluará el tiempo de votación en el simulacro que se llevará a cabo este domingo en todo el país, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
La práctica contará con mil 553 centros de votación y 4 mil mesas operativas que se dispondrán a los electores a partir del las 08H00 locales (12H30 GMT) hasta las 15H00 (19H30 GMT), en la que podrán asistir los 18 millones 903 mil 143 venezolanos inscritos.
La operación le permitirá, tanto al ente comicial como a los electores, probar la herradura, que es el recorrido en la mesa de votación.
La vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, informó este viernes que uno de los objetivos de la prueba “es evaluar el tiempo de duración del ejercicio del voto”, que actualmente se ubica en un minuto cinco segundos.
Al mismo tiempo, invitó a todos los electores y a las organizaciones políticas, a participar en el simulacro.
Oblitas, señaló que el simulacro “es también una oportunidad para que las organizaciones con fines políticos acudan con sus militantes y seguidores a practicar el ejercicio del voto en respeto a las leyes y el reglamento dispuesto por el organismo electoral”.
Acotó que “todos los demás elementos que se ponen en práctica el día de la elección se activarán para el simulacro nacional”.
El pasado 5 de agosto, el CNE también realizó un simulacro en 55 mesas de votación en todo el país, jornada calificada por el organismo como “perfecta”.
Herradura comicial
La herradura ha sido objeto de estudio en diversos laboratorios realizados por especialistas del CNE, luego de la inclusión para este año del Sistema de Autenticación Integrado (SAI), instrumento que verifica la identidad de los electores a través de la huella dactilar y una planilla de incidencia.
Luego de integrar estos elementos, la distribución quedó de la siguiente manera: SAI, máquina de votación, caja de resguardo, cuaderno de votación, tinta indeleble y planilla de incidencia.
Para comenzar el proceso de votación los electores deben entregar al miembro de mesa su cédula de identidad para que sea verificado el número.
Posteriormente deben colocar su dedo índice o pulgar sobre el dispositivo SAI. Una vez autenticado, el secretario de la mesa desbloqueará la máquina para que el elector pueda votar.
Después, el votante pondrá su comprobante en la caja de resguardo; pasará a firmar el cuaderno de votación y luego moja su dedo meñique en la tinta indeleble. Únicamente en caso de un posible problema con la huella el elector llenará la planilla de incidencia.
Los venezolanos pueden conocer dónde le corresponde ensayar el voto, colocando su número de cédula en la página web del CNE, www.cne.gob.ve, o llamando al 0800-votemos (0800-8683667).
El pasado mes de agosto, el CNE y los partidos políticos auditaron la base de datos de las huellas dactilares, en la que verificaron que los datos correspondieran a los que los electores tienen en el Registro Electoral y constataron que las huellas no estuvieran duplicadas.
De igual modo, realizaron una auditoría a los cuadernos de votación que realizaron con una muestra proporcional de todos los cuadernos electorales.
Latinoamericanas
Canadá sanciona a tres empresarios haitianos por «alimentar la violencia» en el país caribeño
Lima, Perú.- Los poderes judiciales de República Dominicana y de la República de Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para desarrollar acciones estratégicas coordinadas, según lo permitan la normativa y legislación interna de los dos países, en áreas como la lucha contra los crímenes transnacionales, la ciberdelincuencia, delitos en contra de personas vulnerables, trámites electrónicos y juzgados especializados en delitos de flagrancia.
El convenio firmado en el marco de la celebración de la XXI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se realiza en Perú, fue rubricado por el magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo el Poder Judicial de República Dominicana y Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial del Perú.
Además, se difundirán las actividades y programas de capacitación que de forma independiente organicen ambas partes para la participación de los jueces y funcionarios de ambas instituciones.
Asimismo, se comprometen a compartir las publicaciones editadas por ambas instituciones para enriquecer el acervo bibliográfico de ambas partes y estimular la participación de los jueces y funcionarios de ambas partes como investigadores, autores y revisores en las revistas editadas por ambos poderes judiciales.
En la firma del acuerdo acompañaron a Molina, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, los magistrados Justiniano Montero Montero, juez de la Primer Sala de la SCJ y Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria general del CPJ y la directora de Planificación del PJ, Isnelda Guzmán.
La XXI versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza en Perú, en virtud de que el Poder Judicial de esa nación ostenta la Secretaría pro tempore para el período 2021-2023. El eje temático de la Asamblea Plenaria es “Por una Carrera Judicial Independiente y Eficaz”, con este se busca fortalecer la carrera judicial y su función pacificadora.
AGENCIA AP
Los comicios dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla también es investigado.
Ciudad de Guatemala.-La fiscalía de Guatemala intensificó su arremetida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente con el allanamiento ayer martes a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos de la primera vuelta del 25 de junio, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.
Las elecciones dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla es investigado también por la fiscalía y enfrenta un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público… el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.
Agregó que «nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a The Associated Press que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.
“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal… es un acto arbitrario”, indicó Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.
CENTRO DE OPERACIONES
Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la última elección general.
En el COPE los fiscales abrieron las cajas electorales que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano —además de los nulos y los no usados— así como el padrón electoral, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal, dijo a periodistas que el ente no dio su permiso para abrir las cajas. «Se está llevando la apertura de cajas bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que ha dado la orden”, dijo. La fiscalía ha pedido revisar por lo menos 160 cajas que contienen los votos de varios departamentos del país, confirmó Ramírez.
SECUESTRO DE EVIDENCIA
El juez Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.
Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.
La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.
Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”.
El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.
Varios organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las acciones de la fiscalía por considerar que busca amedrentar al ente electoral.