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Advierten que Gobierno pretende reducir pensiones en reforma a Ley 87-01
Santo Domingo, R.D.-“Por una seguridad social que garantice derechos. Con la justicia no se juega, no a la privatización”, estas fueron algunas de las consignas que vociferaban este jueves decenas de personas en las afueras del Congreso Nacional.
Esta ha sido la reacción de un conjunto de organizaciones luego de que tuvieran acceso a un supuesto borrador elaborado por el Gobierno del presidente Luis Abinader para reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Aunque el Poder Ejecutivo no ha difundido de manera oficial su propuesta legislativa, la Coalición por la Seguridad Social asegura que las autoridades gubernamentales buscan afectar nuevamente las pensiones de los asalariados.
“Hasta ahora, el sistema de seguridad social ha servido para aumentar el capital de los dueños de las empresas de la salud, las ARS. En el de las pensiones son las AFP y los dueños son los mismos de los bancos comerciales”, precisó Cabrera Ulloa.
La entidad entiende que el posible incremento del tiempo para poder acceder a la pensión “imposibilita que la mayoría de las personas que viven de su trabajo puedan retirarse de manera digna”.
“Exponemos un rechazo total a esto. La equidad no se logra reduciendo beneficios”, aseveró Ulloa.
La Comisión Bicameral del Congreso Nacional que realiza el proceso de estudio para modernizar el marco legal recibió un documento redactado por las organizaciones sociales, en el cual los representantes manifestaron otras inquietudes.
El colectivo social también está integrado por el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Rufino Senen Caba; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.
Los activistas sociales esperan que los congresistas cumplan con una serie de garantías.
Además, buscan que se establezca por ley la compensación económica cuando se produzca “la pérdida del ingreso familiar producto de una enfermedad o fallecimiento”.
Asimismo, buscan lograr el desarrollo de servicios orientados a “prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, independiente de la condición laboral de la persona afiliada”.
Por último, “garantizar el financiamiento de la vejez sin ser carga para la familia a través de una pensión digna”.
Mientras tanto, la mesa de trabajo del Congreso Nacional solo está a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe de manera formal su propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social.
El pasado 27 de febrero, durante su sexta rendición de cuentas, el mandatario Abinader anunció que “pronto” presentaría un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, casi tres meses después, el documento aún no ha sido recibido por los legisladores.
El presidente de la comisión legislativa, diputado Rafael Castillo, dirige desde abril de 2025 el estudio de nueve propuestas de modificación. Pero, el proceso de discusión se ha paralizado en espera del Gobierno.
Santo Domingo. Mediante allanamientos realizados en diferentes sectores de Santiago la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ocuparon cientos de gramos de diferentes estupefacientes y arrestaron a varias personas vinculadas a este delito.
Las unidades operativas, bajo la coordinación de fiscales, ejecutaron tres allanamientos en Santiago y múltiples intervenciones dirigidas contra redes de microtráfico de drogas, que operaban en sectores como Gurabito, Villa Olímpica, Ensanche Libertad, Pueblo Nuevo, Nibaje, Hospedaje del Yaque, Ciruelito, Los Salados y Espaillat.
El balance de estos operativos contra el narcotráfico dejó un total de 11 detenidos, además de la incautación de 2,381 gramos de presunta cocaína, 55 gramos de marihuana y 32 gramos de crack, así como dos balanzas, un cargador para pistola, una radio de comunicación, dinero en efectivo y otras evidencias relacionadas con el tráfico de drogas.
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Entre los arrestados figuran Robinson Disla, Anthony Infante, Yordany Miguel, Samuel Salisman, Ronni Rodríguez y Alfred Rodríguez, entre otros, quienes serán puestos a disposición de la justicia por presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público y la DNCD en Santiago mantienen la búsqueda activa de varios individuos que han sido identificados y son requeridos por su presunta vinculación con actividades de venta y distribución de drogas.
Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), organismo que integra a diferentes instituciones del Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico de drogas en República Dominicana.
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Nuevo criterio jurisprudencial del TC en torno a cuando un acusado es absuelto dos veces
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo criterio jurisprudencial estableció el Tribunal Constitucional mediante el cual, en lo adelante, no se podrán presentar recursos de revisión constitucional contra una segunda sentencia que declare inocente a una persona cuando esa decisión haya sido emitida tras un nuevo juicio ordenado por una corte de apelación.
La decisión fue adoptada en la sentencia TC/0300/26, del 2 de junio del 2026, en la que el órgano constitucional afirmó que existían contradicciones en su propia jurisprudencia sobre este tipo de casos y que era necesario fijar una regla uniforme para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia de sus precedentes.
«A la hora de determinar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra decisiones que versen sobre la doble absolución, hemos detectado contradicciones que ameritan la intervención de este colegiado para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial«, sostuvo el tribunal.
Esta figura, conocida como doble absolución, está contemplada en el artículo 423 del Código Procesal Penal, que establece que cuando una persona resulta absuelta en un nuevo juicio celebrado después de una primera absolución, esa segunda sentencia no es susceptible de recurso alguno.
«En esas atenciones, unificaremos nuestro criterio para que, en lo adelante, los casos donde a través de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se recurra la segunda sentencia de absolución dictada a propósito de un reenvío ordenado por la corte de apelación, el recurso será inadmisible«, indicó.
El tribunal argumentó que permitir la reapertura indefinida de procesos penales en esas circunstancias afectaría principios fundamentales del sistema de justicia penal.
«En efecto, la doble absolución obtenida por el imputado se traduce en una garantía sustantiva frente al ejercicio del poder punitivo del Estado, en la medida en que comporta una consolidación del estado de inocencia y una limitación legítima a la posibilidad de reabrir indefinidamente el debate penal», señaló.
El TC agregó que esta protección busca salvaguardar la seguridad jurídica, evitar que los procesos se eternicen y proteger a los imputados frente a una persecución penal indefinida por hechos que ya han sido juzgados en dos ocasiones dentro de un mismo proceso.
La decisión surge a propósito de un recurso presentado por Julio Colón Manzanillo contra una sentencia de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que absolvió a Jorge Freddy Figuereo de los Santos de una acusación de estafa.
Sin embargo, más allá de resolver ese caso particular, la alta corte aprovechó el expediente para emitir una sentencia de unificación de criterio que servirá de precedente para futuros casos relacionados con la denominada doble absolución, fijando una regla general para todos los tribunales y litigantes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantía económica de dos millones de pesos fue impuesta por un tribunal de tránsito a través de una aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país a Frederic Augusto Emam Zade Lluberes, imputado de ser el conductor de la yipeta Porsche que impactó un vehículo de la Dirección de Migración, colisión en la que resultó herido el agente Snayder Almánzar, quien falleció posteriormente por las lesiones sufridas.
Las medidas de coerción fueron dictadas por la jueza Rocío Espejo, de la Sexta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, durante una audiencia celebrada este 3 de junio.
El imputado es investigado por presuntas violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como a varios artículos del Código Penal.
La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles el fallecimiento de Almánzar, quien permanecía ingresado desde la madrugada del pasado 31 de mayo tras resultar herido en el accidente ocurrido en la avenida Jiménez Moya con Independencia, en el Distrito Nacional.
Según el informe, una yipeta Porsche blanca, en la que viajaban tres personas, transitaba a alta velocidad por la avenida Jiménez Moya en dirección norte-sur y, al llegar a la intersección con la avenida Independencia, habría cruzado un semáforo en rojo, impactando una camioneta doble cabina de la DGM.
La DGM explicó que Snayder Almánzar fue quien sufrió las lesiones más graves. Desde el momento del accidente permaneció recibiendo atenciones médicas y luchando por su recuperación, pero falleció la noche del martes 2 de junio debido a la gravedad de las heridas.
Asimismo, señaló que el agente fallecido sufrió un trauma craneoencefálico y murió a causa de un shock hipovolémico. Tanto él como los demás heridos fueron socorridos por unidades y varias ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que los trasladaron rápidamente a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas.
Almánzar Mena pertenecía a la Tercera Promoción de Agentes de la DGM, graduada en el 2025.