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AFP y ARS hacen de todo para impedir que se cambie la seguridad social.
Las AFP y las ARS hacen hasta lo imposible para impedir cambios en la Ley 87-01 de la seguridad social, cuyo sistema es controlado por los grupos económicos y de la oligarquía nacional, según la Coalición por la Seguridad Social Digna, la cual celebró este viernes su primer año de fundación con una ofrenda floral al Altar de la Patria.
La coalición expresó su «profunda preocupación» por los destinos de las modificaciones a la Ley que luchan contra este escenario, donde «importantes actores» se encuentran dedicados a una defensa del viejo modelo del sistema de seguridad, y a impedir un debate productivo.
A continuación presentamos de manera íntegra las palabras que fueron leídas en esta ofrenda florar:
Al cumplirse el primer año de lucha por la modificación de la Ley 87-01, y con ello el nacimiento de La Coalición por la Seguridad Social Digna, hemos querido reunirnos aquí en el Altar de la Patria, lugar que alberga los restos de los Padres Fundadores de República Dominicana: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez; para depositar una ofrenda florar y conmemorar el surgimiento de este compromiso que consideramos profundamente patriótico: luchar por el establecimiento de un modelo de seguridad social que materialice el espíritu de servicio, sacrificio, liberta e igualdad enarbolado por los padres y madres de la patria en el nacimiento de la república.
La Coalición por la Seguridad Social Digna expresa su profunda preocupación por la situación en que se encuentra el proceso de discusión de la modificación a la Ley No.87-01, sobre todo por las presiones existentes de los grupos de la oligarquía nacional e internacional dueños de AFP y ARS que intentan e intentarán todo para impedir los cambios que se necesitan. Asimismo, existen en el escenario importantes actores que en este momento histórico están dedicados a una defensa a ultranza del viejo modelo y a impedir el debate productivo, aunque ello solo le genere graves crisis al país.
En tal sentido, solicitamos a la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio de las diferentes propuestas de modificación de la Ley, al Congreso Nacional, al Ministro de Trabajo y al Presidente de la República, agilizar el conocimiento de las mismas y atender a las propuestas presentadas por el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores, las Centrales Sindicales, la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD, y la inmensa mayoría ciudadana y organizaciones tanto sociales como gremiales, para hacer los cambios necesarios únicamente en función del interés nacional y el bienestar general, no de grupos de poder ni núcleos de interés ni familia alguna. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas para que se sumen al amplio proceso de movilización social, educación y articulación territorial que estamos desarrollando en todos los municipios del país, con la finalidad de hacer posible la Seguridad Social que el país necesita y merece.
A continuación, presentamos los puntos, que constituyen la agenda básica de la propuesta de la coalición:
- Seguridad social para todas y todos como manda la constitución, sin exclusiones.
- Acceso universal a la salud integral, sin plan básico, sin co-pago.
- Un Sistema Nacional de Pensiones, sin AFP.
- Seguro nacional de desempleo y suspensión laboral manteniendo los derechos establecidos en el código de trabajo.
- Inversión de los fondos de pensiones para dar seguridad social y generar desarrollo.
- Defensa y protección absoluta de las conquistas logradas.
- La rectoría del sistema, la defensa de los derechos y el sistema de información deben ser de carácter público.
Además, de estos puntos, existen, además, otras demandas relativas a la Salud y la Seguridad Social, tales como: la inversión del 4% del PIB para la Salud publica establecido en la Ley No.01-12 END; el rechazo a cualquier intento por aumentar la edad de jubilación, el retorno al sistema de reparto de las servidoras/es público. La reparación del derecho a la pensión por discapacidad y la pensión por sobrevivencia a quienes se les ha negado; la entrega de los fondos de afiliados fallecidos a sus legítimos herederos; y la entrega inmediata y sin burocracia del 30% de los fondos para los/as afiliados/as que así lo requieran
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.