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Cocinas escolares serán manejadas por expertos
EDUCACIÓN CONTRATARÁ A CASI MIL ADMINISTRADORES EN LAS ESCUELAS DE TANDA EXTENDIDA
El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, participa en el Desayuno del LISTÍN, en el que aunció que la cartera dispone de 60 autobuses para ofrecer transporte a los estudiantes de zonas críticas.
Las cocinas escolares de los centros educativos incluidos en las jornadas de tanda extendida serán administradas por personal especializado para que directores y maestros se desliguen de esa tarea y se concentren en el aprendizaje de los estudiantes.
Esas personas serán contratadas por el Ministerio de Educación, cuyo titular, Carlos Amarante Baret, acogió una sugerencia del LISTÍN DIARIO para en que las escuelas de tanda extendida exista un administrador o gestor que se encargue exclusivamente de los asuntos alimenticios.
Amarante dijo en el Desayuno del LISTÍN que en los próximos días nombrará a alrededor de 1,000 egresados de administración de empresas y hotelera para que se ocupen de la función de gestionar las cocinas escolares, lo cual se hace necesario dada la cantidad de recursos que están involucrados.
Mil gerentes para los comedores escolares
El Ministerio de Educación contratará a personal especializado para que se encargue de la administración de las cocinas escolares en los centros educativos de jornada de tanda extendida, a fin de que directores y maestros se desliguen de esa tarea y se concentren en los aprendizajes.
El anuncio fue hecho por el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, quien dijo que con la disposición acoge la sugerencia que hizo el Listín Diario a través de un editorial en el que propuso en las escuelas de tanda extendida exista un administrador o gestor que se encargue de los asuntos alimenticios para que los directores de estos centros se ocupen más a fondo de los aspectos docentes o pedagógicos.
“Nosotros acogimos de muy buena manera la sugerencia que en un editorial nos hizo este prestigioso diario, como una importante contribución a la buena marcha de la jornada escolar extendida”, dijo el funcionario al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO.
Amarante Baret informó que en los próximos días procederá a nombrar a alrededor de 1,000 egresados de la carrera de administración de empresas y administración hotelera para que se ocupen de la función de gestionar las cocinas escolares, lo cual se hace necesario dada la cantidad de recursos que están involucrados en la alimentación de los alumnos.
El ministro de Educación se mostró de acuerdo con que la gestión de los alimentos de los niños requiere de un profesional que se dedique exclusivamente a esa tarea, “para no distraer a nuestros maestros ni a nuestros directores de su sagrada misión que son los aprendizajes, el desarrollo de los programas educativos”.
Explicó que a través de las direcciones regionales y distritales de los pueblos se hará la selección y contratación de esos profesionales.
Recordó que los suplidores se encargarán del proceso de elaboración de los alimentos y los profesionales especializados serán los responsables de administrar los recursos que se destinen a los centros educativos para el almuerzo a través del proceso de descentralización.
“Tiene que haber un responsable porque no queremos que sea un profesor o un director que tienen que descuidar sus tareas como ha sucedido en la experiencia pasada en muchos centros educativos y partir de ahí pensamos que es mejor hacerlo de esa manera”, detalló.
Transporte Escolar
El ministro de Educación dijo que la cartera dispone de 60 autobuses para ofrecer transporte a los estudiantes de zonas críticas.
En ese sentido, se tiene previsto hacer un corredor desde Villa Altagracia hasta Santiago, para recoger a los alumnos que caminan por la autopista Duarte en el horario escolar.
Los directores regionales deberán hacer un levantamiento y tan pronto inicie el año escolar se procederá a organizar el trasporte.
Ocho horas de clases
El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, resaltó que la jornada de tanda extendida abarcará este año el 41 por ciento de la matrícula del sector público, que recibirán desde hoy ocho horas de clases diarias.
El horario escolar de la jornada de tanda extendida estará dividido en cuatro bloques de a dos horas cada uno. Esta modalidad educativa elevará la jornada escolar de 950 a 1800 horas de docencia al año.
Para Amarante Baret el futuro de la tanda nocturna es desaparecer. “Eso no debe funcionar”, añadió.
Dijo que este año entrarán a la modalidad de tanda extendida 1,716 centros educativos que se convertirán en fuente de empleos para cientos de egresados de las escuelas de música, teatro, danza y otras artes que tendrán la oportunidad de ser contratados para impartir los cursos optativos y talleres diseñados para enriquecer el currículo.
A su juicio, la jornada escolar extendida como el nuevo paradigma al que apuesta el Gobierno para disminuir las “importantes deficiencias” que se han diagnósticado en el sistema educativo, sobretodo las relacionadas con deserción escolar, que de un 95% en básica se desploma a un 51 ó 52% en la secundaria.
Sin embargo, señaló que la jornada escolar extendida no está concebida para que los estudiantes de los colegios privados se desplacen a las escuelas públicas, porque no hay espacios para asimilar a más de 600 alumnos que abarcan las instituciones privadas.
CURSOS Y TALLERES OPTATIVOS
El Ministerio de Educación ha diseñado una variedad de cursos y talleres optativos que enriquecerán el currículo en las escuelas de jornada extendida.
Los talleres se podrán colocar en cualquier momento del horario, dependiendo del entorno y la realidad concreta del centro, que no se limitará a impartir clases en la mañana y talleres después del almuerzo.
Para el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, esta será una oportunidad para que cientos de egresados de las escuelas de música, teatro y danza, “que andan caminando por las calles de Dios”, trabajen con nuestros niñas y niños.
El viceministro de asuntos técnicos y pedagógicos, Luis Matos, explicó que los centros educativos tendrán la opción de escoger entre varios módulos que abarcarán desde la educación física, artística, formación integral humana y religiosa, hasta lenguas extranjeras. Los talleres se pagarán por horas, porque los talleristas no serán empleados del sistema educativo.
listindiario.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.