Opinión
Código Penal con tres causales
Por Juan Bolívar Díaz
Después que el presidente Luis Abinader ratificara coherentemente su respaldo a la despenalización de la interrupción limitada del embarazo materno, como lo propuso su antecesor Danilo Medina hace cinco años, se puede esperar que finalmente el Congreso Nacional acogerá un amplio clamor ciudadano y aprobará el proyecto de actualización del obsoleto código penal dominicano.
Es obvio que la mayoría de la jerarquía eclesiástica seguirá empecinada en defender una posición que choca con los criterios científicos, de derechos y dignidad humana, como todavía se oponen al uso de anticonceptivos, y en Filipinas también al divorcio, porque para ellos el matrimonio es indisoluble, algo muy respetable para quienes lo creen dogma religioso, pero inaceptable en el ordenamiento social y por los derechos humanos.
El asunto ya está excesivamente debatido y predomina ampliamente el criterio de que no se puede penalizar a una mujer que decida interrumpir un embarazo en tres causales fundamentales, cuando peligra su propia vida, si es fruto de la violación de su cuerpo y dignidad o de un incesto abominable, y si la ciencia muestra que el ser en gestación carece de posibilidades de vida humana.
Sólo el empeño en imponer preceptos religiosos a toda la sociedad, puede explicar que todavía una gran parte de las jerarquías religiosas, afortunadamente no todas, insistan en una oposición total a algo que ha sido superado en 191 naciones del mundo, 58 de las cuales permiten el aborto en general. Aparte del Vaticano y Malta, dos estados confesionales, sólo países de débil institucionalidad, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, nos acompañan en la prohibición absoluta.
Por otra parte, la realidad ha demostrado que en general la penalización no se aplica, aunque en todos los países se realizan decenas de miles de aborto cada año, la mayoría en condiciones de precariedad sanitaria que a menudo acaban con las vidas de las mujeres. La oposición radical es clasista por cuanto es de conocimiento general que todas las mujeres que disponen de recursos encuentran medios para interrumpir un embarazo en el país o viajando a cualquiera de los 191 donde está por lo menos parcialmente despenalizado. Las de menores recursos tienen que apelar al riesgo de la más precaria clandestinidad.
El planteamiento del presidente Abinader, en reciente entrevista al diario El País de España, ha sido coherente con lo que había expresado cuando el presidente Danilo Medina propuso las tres excepciones en debate. También con la resolución adoptada por su Partido Revolucionario Moderno el 26 de julio del 2016.
Así las cosas, visto que las tres causales tienen el respaldo de las dos mayorías del Congreso, debemos esperar que la Comisión que estudia el Código Penal dese hace muchísimos años, proceda a tramitar la despenalización parcial, también respaldada por la mayoría de la población en varias encuestas acreditadas. No hay razón para dilatar más la actualización del Código Penal. Todo con respeto a los que creen que en ningún caso se puede interrumpir un aborto, que siempre tendrán derecho a tratar de persuadir a sus fieles de que corran los riesgos de salud, o acepten el fruto de un incesto o una violación degradantes.
Por demás a las jerarquías eclesiásticas les hace falta algún gesto de humildad y respeto a los derechos de toda la sociedad y a la jerarquía del Estado. Fue penoso que hicieran pública oposición a las últimas limitaciones por la pandemia del Covid 19, dando un pésimo ejemplo al resto de la sociedad que en su mayoría, comprendió que estuvieron impelidas por un rebrote del virus y que trataban de impedir que se agravara en las festividades del año nuevo.
Como en gran parte del mundo, se dispuso el cierre temporal de las actividades religiosas, bodas y celebraciones, de los restaurantes, bares y colmadones, los parques y el malecón, y que nos recluyéramos en las viviendas hasta del medio día a 5 de la mañana, pero las jerarquías eclesiásticas protestaron y hasta reclamaron consultadas previas, sólo con ellas desde luego. Oh Dios cuánta falta hace que escuchen, lean y comprueben la humildad y humanidad del Papa Francisco.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.