Santo Domingo, RD.-La presente semana se inicia con una focalización de la ciudadanía en el proyecto del nuevo Código Penal que cursa en el Senado de la República y que será conocido este martes.Nacionales
El Senado tiene papa caliente con el proyecto de Código Penal.
Santo Domingo, RD.-La presente semana se inicia con una focalización de la ciudadanía en el proyecto del nuevo Código Penal que cursa en el Senado de la República y que será conocido este martes.En la sesión, prevista para las 2 de la tarde, se dará lectura al informe que rendirá la comisión especial de senadores designada para estudiar el proyecto, que favorece que sea aprobado como lo hizo la Cámara de Diputados, con la exclusión de las causales para permitir el aborto.
Las eximentes para la interrupción del embarazo que han estado reclamando varios sectores, ha enfrentado principalmente a organizaciones de mujeres con entidades religiosas.
Luego que el 30 de junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, diversos estamentos han presentado observaciones y propuestas, por lo que se está a la expectativa de si el Senado acogería las modificaciones sugeridas o si lo aprobará igual que en la cámara baja.
Los diputados no incluyeron las tres causales que exonerarían de responsabilidad penal a la mujer que se practique el aborto ante malformaciones congénitas, cuando la vida de la madre esté en peligro y por violaciones sexuales.
Religiosos agrupados en distintas iglesias, tanto católicas como evangélicas, han pedido que se apruebe igual con relación al punto del aborto. Feministas no. Tampoco el Ministerio de la Mujer ni la comunidad LGTBTIQ. Integrantes de ese último segmento también se han apostado frente al congreso a pedir que se incluyan los conceptos “preferencia y oriental sexual”.
Representante de ambos bandos se han concentrado frente al congreso nacional defendiendo sus respectivas posiciones.
Aunque el tema del aborto no ha sido el único punto que ha generado controversia, pues en el proyecto se incluyen novedades que han generado disenso, principalmente por las sanciones a los actos de corrupción administrativa y otros delitos vinculados con ese ilícito.
Algunos senadores, entre ellos Faride Raful, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, e Iván Lorenzo, del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han advertido que no hay tiempo para aprobar el Código Penal en la actual legislatura, que vence el 16 de agosto, dentro de una semana. Argumentan que requiere de modificaciones y observaciones y que no pueden festinar el proyecto.
La Procuraduría General de la República observó 11 puntos del proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados, en un documento que entregó la procuradora Mirian Germán Brito al presidente del Senado, Eduardo Estrella.
Entre las modificaciones que sugiere la PGR figura que se elimine la clasificación tripartista de las infracciones y se utilice la denominación delito o conducta punible. Además, hace observaciones sobre la ubicación de algunos tipos penales y otras.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también ha hecho observaciones al documento aprobado en la Cámara de Diputados, entre ellas que sanciona con pena muy leve el delito de corrupción administrativa, porque solo contempla condenas de dos a tres años de prisión.
“Mientras nosotros estamos enfocados en el tema de las tres causales (por el aborto), a nosotros os ha sorprendido que se aprobara y estamos en la semana de la ética, una cosa que va en contra de todos los tratados internacionales, que va a incentivar la corrupción en este país”, deploró en una ocasión el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.
El Colegio de Abogados también solicitó al Senado enmendar el Código Penal en el aparado concerniente al aborto.
CRONO
Nulidad.
En el 2014, el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal, mediante la ley 550-14, pero en septiembre del 2015 fue anulado por el Tribunal Constitucional.
Viejo.
Esa alta corte consideró que se violó el trámite legislativo, disponiendo que se mantuviera el código de 1884.
Debates.
El aborto no ha sido el único punto que ha generado controversia en el conocimiento de lo que será el nuevo Código.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.