Santo Domingo, RD.-La presente semana se inicia con una focalización de la ciudadanía en el proyecto del nuevo Código Penal que cursa en el Senado de la República y que será conocido este martes.Nacionales
El Senado tiene papa caliente con el proyecto de Código Penal.
Santo Domingo, RD.-La presente semana se inicia con una focalización de la ciudadanía en el proyecto del nuevo Código Penal que cursa en el Senado de la República y que será conocido este martes.En la sesión, prevista para las 2 de la tarde, se dará lectura al informe que rendirá la comisión especial de senadores designada para estudiar el proyecto, que favorece que sea aprobado como lo hizo la Cámara de Diputados, con la exclusión de las causales para permitir el aborto.
Las eximentes para la interrupción del embarazo que han estado reclamando varios sectores, ha enfrentado principalmente a organizaciones de mujeres con entidades religiosas.
Luego que el 30 de junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, diversos estamentos han presentado observaciones y propuestas, por lo que se está a la expectativa de si el Senado acogería las modificaciones sugeridas o si lo aprobará igual que en la cámara baja.
Los diputados no incluyeron las tres causales que exonerarían de responsabilidad penal a la mujer que se practique el aborto ante malformaciones congénitas, cuando la vida de la madre esté en peligro y por violaciones sexuales.
Religiosos agrupados en distintas iglesias, tanto católicas como evangélicas, han pedido que se apruebe igual con relación al punto del aborto. Feministas no. Tampoco el Ministerio de la Mujer ni la comunidad LGTBTIQ. Integrantes de ese último segmento también se han apostado frente al congreso a pedir que se incluyan los conceptos “preferencia y oriental sexual”.
Representante de ambos bandos se han concentrado frente al congreso nacional defendiendo sus respectivas posiciones.
Aunque el tema del aborto no ha sido el único punto que ha generado controversia, pues en el proyecto se incluyen novedades que han generado disenso, principalmente por las sanciones a los actos de corrupción administrativa y otros delitos vinculados con ese ilícito.
Algunos senadores, entre ellos Faride Raful, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, e Iván Lorenzo, del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han advertido que no hay tiempo para aprobar el Código Penal en la actual legislatura, que vence el 16 de agosto, dentro de una semana. Argumentan que requiere de modificaciones y observaciones y que no pueden festinar el proyecto.
La Procuraduría General de la República observó 11 puntos del proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados, en un documento que entregó la procuradora Mirian Germán Brito al presidente del Senado, Eduardo Estrella.
Entre las modificaciones que sugiere la PGR figura que se elimine la clasificación tripartista de las infracciones y se utilice la denominación delito o conducta punible. Además, hace observaciones sobre la ubicación de algunos tipos penales y otras.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también ha hecho observaciones al documento aprobado en la Cámara de Diputados, entre ellas que sanciona con pena muy leve el delito de corrupción administrativa, porque solo contempla condenas de dos a tres años de prisión.
“Mientras nosotros estamos enfocados en el tema de las tres causales (por el aborto), a nosotros os ha sorprendido que se aprobara y estamos en la semana de la ética, una cosa que va en contra de todos los tratados internacionales, que va a incentivar la corrupción en este país”, deploró en una ocasión el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.
El Colegio de Abogados también solicitó al Senado enmendar el Código Penal en el aparado concerniente al aborto.
CRONO
Nulidad.
En el 2014, el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal, mediante la ley 550-14, pero en septiembre del 2015 fue anulado por el Tribunal Constitucional.
Viejo.
Esa alta corte consideró que se violó el trámite legislativo, disponiendo que se mantuviera el código de 1884.
Debates.
El aborto no ha sido el único punto que ha generado controversia en el conocimiento de lo que será el nuevo Código.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.