Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), durante un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y bajo la supervisión del Ministerio Público, ocupó 105 paquetes de un polvo blanco, posiblemente cocaína, además de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

El operativo fue ejecutado en distintos puntos del municipio Santo Domingo Este.

El resultado de la misión se produjo tras labores de inteligencia dirigidas contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas de fuego y otros delitos conectados.

Como parte de estas acciones, fue detenido en la avenida Venezuela, Jhonny Ramón Cuevas Peña, de 30 años, quien se desplazaba a bordo de un vehículo marca Daihatsu, modelo Mira, placa PP626449.

Durante la requisa del vehículo, realizada en presencia de un representante del Ministerio Público, se afirma que las autoridades ocuparon un bulto que contenía una pistola marca Glock, modelo 19, con su cargador y municiones calibre 9mm; cargadores adicionales de alta capacidad; un total de 64 cápsulas calibre 9mm; la suma de RD$295,000.00 en efectivo, y cinco paquetes con logotipo BMW, de presumiblemente cocaína.

Luego de esto, se realizaron dos allanamientos debidamente autorizados por órdenes judiciales en el sector Ensanche Ozama, donde se ocuparon, entre otras evidencias, dólares presumiblemente falsos, equipos electrónicos, dispositivos de vigilancia, cargadores para pistolas, miras láser, balanzas digitales y equipos utilizados para el conteo de dinero.

Además, en uno de los registros, fue localizado un vehículo en cuyo interior se ocuparon 100 paquetes adicionales de la referida sustancia narcótica, distribuidos en cajas plásticas, lo que refuerza las investigaciones que se mantienen en curso y que van en contra de la referida estructura criminal.

El detenido, junto a todas las evidencias ocupadas, está bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activas las labores de localización de otros implicados identificados como “El Gordo” y “Cristian y/o Colombo”, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Santiago.-La muerte del chofer de transporte público Crecencio Nolasco Cruz, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un atentado dirigido contra la subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Hombres, Laura Ricardo, ha generado profunda consternación entre familiares, compañeros de trabajo y residentes en Santiago Oeste, quienes exigen que el hecho no quede impune.

El ataque armado ocurrió la noche del pasado viernes en el sector Monterrico, en la comunidad de Cienfuegos, cuando, según testigos, dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo de la funcionaria penitenciaria, el cual presenta al menos siete impactos de bala.

Ricardo se encontraba dentro del automóvil y resultó ilesa durante el tiroteo, mientras que el chofer fue alcanzado por uno de los disparos.

“Esto ha consternado a la ciudad de Santiago, y más a Santiago Oeste, porque fue algo inesperado. Él iba pasando en ese momento y se encontró con esa situación”, expresó Alexander García, compañero de ruta del fallecido.

En otro momento, García relató que el hecho ha causado un fuerte impacto entre quienes compartían a diario con la víctima y que, según lo que se comenta entre choferes de la zona, se trató de un atentado dirigido contra una persona vinculada al centro penitenciario Rafey Hombres, en el que Nolasco Cruz resultó afectado de manera circunstancial mientras realizaba su labor habitual.

Nolasco Cruz fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Su cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

“Nos sentimos conmovidos porque era una persona de trabajo, un ente social, que nunca dio nada que decir, siempre fue una persona seria; fue una víctima de una situación que no tenía nada que ver con él”, manifestó Inocencio Pérez, allegado a la víctima.

El caso es investigado por las autoridades del Ministerio Público, mientras la comunidad de Santiago Oeste insiste en que se haga justicia por la muerte del chofer, a quien describen como una víctima colateral de un hecho de violencia que ha estremecido a la ciudad.

SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)  el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.

Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.

Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.

Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.

Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.

También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.

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