Santo Domingo, RD.-Como un fallo histórico calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varias resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial, incluida la que estableció el protocolo para las audiencias virtuales.Nacionales
Saludan anulación de resoluciones del Poder Judicial.
Santo Domingo, RD.-Como un fallo histórico calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varias resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial, incluida la que estableció el protocolo para las audiencias virtuales.“Se restableció la tutela judicial efectiva, y lo más importante, se consagró la veracidad de la lucha del CARD, que por más de dos años hemos denunciado los abusos e ilegalidades de los procesos virtuales y de las resoluciones emitidas por el CPJ, usurpando las funciones del congreso nacional y modificando la normativa procesal de enjuiciamiento en la República Dominicana”, expresó Surùn Hernández.
Sostuvo que a raíz de la anulación de los procesos virtuales, lo más importante es la exhortación que hizo el TC, que entiende constituye “un llamado de censura al CPJ de que cese la práctica ilegal e inconstitucional y usurpadora de emitir resoluciones en materia judicial”.
Manifestó que con ello queda consagrado que en la República Dominicana existe un guardián de la constitución y de los derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional.
CPJ analizará fallo
De su lado, el Consejo del Poder Judicial informó, a través de la Dirección de Comunicaciones, que procederá al análisis de la normativa y de la decisión del Tribunal Constitucional tan pronto sea emitida y notificada la sentencia de manera íntegra.
El CPJ lo dirige el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.
Está pendiente la sentencia integra, con las motivaciones que dieron lugar a la decisión, la cual no fue adoptada a unanimidad. Contó con la disidencia de los jueces Justo Pedro Castellanos Khoury y María del Carmen Santana de Cabrera.
Ante de ingresar al TC, en enero del 2021, Santana de Cabrera se desempeñaba como jueza de la Segunda Sala de la Corte de Apelación penal de Santiago.
El juez José Alejandro Vargas se inhibió de conocer el expediente. Vargas fue hasta enero pasado el coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional y fungía como juez de atención permanente, y le correspondió conocer audiencias virtuales en materia penal.
SANTO DOMINGO.- En la sede del Ministerio de Defensa se reunirán los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina con Luis Abinader para hablar sobre la seguridad nacional ante la creciente inestabilidad en Haití.
La reunión será a las 4:00 de la tarde, en la sede del Ministerio de Defensa (MIDE).
Abinader convocó formalmente a los exmandatarios mediante cartas dirigidas individualmente, en las que destacó la urgencia de la situación haitiana y su impacto en la estabilidad de la República Dominicana.
Asimismo, subrayó la necesidad de «actuar con visión de Estado, valorando la trayectoria, la experiencia y el liderazgo de los expresidentes como elementos fundamentales para definir una postura nacional firme y unificada ante una crisis sin precedentes».
jt/am
Nacionales
Por difamación e injuria se querellan periodistas ante la fiscalía del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.- Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria por medios digitales.
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad«, expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
Santo Domingo, R.D.-Una unidad especial fue creada por el Ministerio Público para la gestión del cobro de multas de tránsito como una forma de que los conductores temerarios tomen mayor conciencia del régimen de consecuencias y reducir los accidentes de tránsito.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República precisó esta información fue dada a conocer por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en una reunión con fiscales de todo el país, en la sede de esa entidad.
Precisa, que cuentan con casos en que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar, que se prescriben al marco jurídico actual, por lo que es necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que solo un 35 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.
En el país más del 70% de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito
El tema del pago de las multas de tránsito, también fue tocado recientemente por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien planteó que el pago sea obligatorio como forma de imponer un régimen de consecuencias.
“Se está proponiendo una reforma a la ley de tránsito en ese capítulo solamente, para nosotros poner de manera obligatoria el pago de la multa. Porque en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando no hay un régimen de sanciones, las personas evaden la responsabilidad que les toca”, expresó Raful, al participar en una entrevista en Listín Diario, en marzo pasado.
Con la normativa actual, las multas prescriben en un año a partir de la fecha en que se cometió la infracción, cuya extinción puede ser solicitada a través de un tribunal especializado. Ante esa realidad, el ministerio público también se involucra con la reactivación de una unidad para hacer más efectivo el cobro, según indicó.
“Nosotros hemos tenido casos donde personas que han sido llevadas por una violación a la ley de tránsito presentan una cantidad de multas en su registro, que aunque han perimido, son exorbitantes y son personas que no deberían estar conduciendo y que son un riesgo para la seguridad”, dijo Raful.