Opinión
Colegio de Periodistas, anarquía destructiva
Por Oscar López Reyes
(Manifiesto de 45 gremialistas)**
En las últimas décadas, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha estado dando tumbos en la boca de la mendicidad asistencialista, el populismo demagógico y la negligencia gerencial, gravitando en el desfase frente al ecosistema mediático y en la estrechez del sectarismo de unos pocos que lo han colocado en la puerta del colapso definitivo.
Por esa vorágine en la cola de nubarrones exteriores, como la ampliación de los oligopolios mediáticos y la fractura de los valores humanísticos más auténticos, nuestra institución sigue enclavada en los estentóreos del pasado, alimentada por un vanguardismo grupal intransigente, que se resiste a la renovación gremial interna y la transformación académico/profesional.
Directivas van y directivas vienen, sin el reporte visible de solución a los acuciantes problemas que sacuden a los periodistas, en el péndulo de la autoalabanza por la realización de actividades comunes. Se parecen a los pacientes que se niegan a aceptar el diagnóstico de su grave enfermedad, lo que agrava su cuadro patológico.
La usurpación lacerante en el ejercicio profesional del periodismo, sin respuesta del CDP; la apatía y exigua integración de sus miembros, porque entienden que poco le aporta; el alargamiento de la corruptela mediática, la incapacidad para cobrar el impuesto del medio por ciento de la publicidad insertada en los instrumentos comunicativos, la carencia de propuestas para afrontar la crisis financiera y los retos estructurales en el sector, el incremento exponencial de la desinformación interesada en el chantaje para la extorsión y la obsolescencia del modelo gremial han desgastado peligrosamente la imagen del periodismo y la institución, en la pérdida de confianza.
Para muestra, ocho botones del retroceso del periodismo puro y el CDP, en la deriva de la creciente falta de transparencia y el ocultamiento de hechos graves:
1.- La aprobación irregular como miembros del CDP de personas sin título universitario en comunicación social, ni el aval de un ejercicio profesional probado y reconocido, lo que pone en entredicho su legalidad, por violación a la Ley 10-91 que creó al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Acciones de esa naturaleza no sintonizan con la honestidad, y advierte que estamos en el umbral del derrumbe más rotundo.
2.- El alquiler de la tercera planta del edificio del CDP y el litigio judicial: Una vergüenza! En el 2013, el presidente del CDP suscribió el alquiler de ese espacio físico con una persona que en numerosas ocasiones ha sido sometido a la Justicia y encarcelado por estafa y falsificación. En el 2014, un grupo de periodistas lo sacó del local, y desde entonces trata – bajo presión y chantaje- de apoderarse del inmueble perteneciente al gremio de los periodistas. El 31 de julio de 2014, el sujeto logró una sentencia favorable en el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional para la devolución de la tercera planta y el pago de una astreinte de RD$700,000.00, que no ha podido ejecutar porque al CDP le adeuda más de RD$1,585,000.00 por retraso en el referido arrendamiento. Han sido evacuados nueve sentencias a favor del CDP y una favorable al citado demandante. El expediente ha rodado por unos 10 tribunales, y actualmente está en estado de fallo en la Corte de Apelación del Centro de los Héroes. ¡Fatalidad!
3.- La actual directiva del CDP asumió, en nombre de la institución, todos los términos de la propuesta Ley de Expresión y Medios Audiovisuales sin consultar a los ex presidentes de la institución, y menos socializarla con los directivos provinciales ni la membresía. La Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2025 aprobó que sean iniciadas jornadas regionales a los fines de su estudio más profundo por todas las instancias gremiales. ¿Será cumplida esa disposición?
4.- La actual directiva del CDP ha decidido presentar al Congreso Nacional una propuesta para la modificación de la Ley 10-91, sin agotar el anterior procedimiento. ¿Seguirá como el caballo con anteojeras?
5.- La actual directiva del CDP se ha mostrado incapaz, por debilidad en el liderazgo y la falta de carácter de sus dirigentes, de gestionar, ventilar y remediar una descarrilada confrontación entre periodistas de Santiago, por la administración del Club Recreativo de Santiago, que por difamación e injuria descansa en un tribunal de Justicia de esa ciudad.
6.- Que la actual directiva del CDP explique por qué áreas del parqueo de la Casa Nacional del Periodista se ha convertido en un almacén de vehículos variopintos del Poder Judicial, que restringe el estacionamiento de colegiados.
7.- Que la actual directiva del CDP exprese las razones para que fuera alquilada la azotea de la Casa Nacional del Periodista, donde fue instalada una antena empresarial, que no sabemos si provoca o no daños a los que se cobijan en ese edificio.
8.- Las quejas por discriminación en las solicitudes, en la capital, el interior y el exterior, y el deterioro de la imagen del CDP han demorado el proyecto de remodelación de la Casa Nacional del Periodista y la implementación del programa de pensiones para los periodistas.
Por los puntos señalados, con el predominio de las falencias en el ejercicio ético y la competencia profesional, los suscribientes proponemos:
1.- Emplazar a las autoridades del CDP a que divulguen masivamente un boletín explicativo sobre los ingresos irregulares en el padrón de membresía, y que los integrantes de la institución que se sientan lesionados que acudan a las instancias judiciales correspondientes.
2.- Que la directiva del CDP publique un informe pormenorizado, a la mayor brevedad y con amplia difusión, en torno a la sentencia contra la institución y el proceso judicial que envuelve a la Casa Nacional del Periodista.
3.- Que las autoridades del CDP emitan un boletín detallando los motivos para alquilar o facilitar los parqueos y la azotea.
4.- Que sea designada una comisión de alto nivel, cuyos integrantes no estén ligados a los movimientos internos del CDP, para mediar en el grave conflicto judicial que involucra a colegas de Santiago sobre el Club Recreativo de esa ciudad.
5.- Que sean desarrolladas las jornadas de socialización sobre la propuesta Ley de Expresión y Medios Audiovisuales, aprobadas en la Asamblea General Ordinaria del CDP del 31 de mayo de 2025, y que igual ocurra con la sugerida modificación de la Ley 10-91 que creó al CDP.
6.- Por el rescate del CDP. Instar a los movimientos que interactúan en el CDP, a que ponderen a la institución por encima de las apetencias personales, aúnen esfuerzos para consensuar un candidato a la presidencia de la institución para las elecciones del 29 de agosto de 2025, con idoneidad y entereza para contraponer y superar las malventuras, percances y deficiencias administrativas, así como las apuestas tecno-profesionales. Para no volver por los mismos fueros, indefectiblemente que el pacto por el que postulamos ha de ser reconocido por su ejercicio profesional y sus valores éticos, lo cual otorgará confianza, respeto y reconocimiento; que tenga pericia gerencial y dedique el tiempo requerido para cumplir sus funciones.
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*Expresidente Colegio de Periodistas.
**Manifiesto del 26 de junio de 2025.
Por Oscar López Reyes
Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?
Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.
Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.
¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?
Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.
Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.
Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.
Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.
Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.
Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.
En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?
Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.
Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.
¿Y cuáles son esas disposiciones legales?
Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!
Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?
Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Isaías Ramos
República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?
Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.
Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.
La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.
Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.
La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.
La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.
El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.
La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.
Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.
Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.
La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.
Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.
Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.
Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.
República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.
Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.
Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.
Por Rommel Santos Díaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.