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Opinión

Colombia: contradicciones o pacto a la sombra

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Por Narciso Isa Conde

La decisión del presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo, de impedir el ingreso a los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) al recinto del Congreso de la Nación, no solo viola un derecho ciudadano amparado por la Constitución, sino una bofetada a los Acuerdos de Paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente del nuevo Partido, integrado por militantes y simpatizantes del antiguo movimiento guerrillero FARC-EP.

Está decisión vista aisladamente pareciera que se trata de una contradicción al interior de la oligarquía y al sistema neoliberal que representa Lara Restrepo, como integrante del partido Cambio Radical.

Partido que formaba parte del gobierno desde el segundo mandato de Santos Calderón y la respuesta del ministro del Interior Guillermo Rivera, adversando al presidente Lara Restrepo, no es más que él juego que ha venido haciendo el Gobierno, para cubrir la forma y justificarse.

Sin embargo, si tomamos en cuenta los actuales incumplimientos en los que el Gobierno viene incurriendo con los Acuerdos de paz, y las trampas que tendieron desde que comenzaron las conversaciones en febrero del 2012, podemos colegir que no se trata de contradicciones, sino de un pacto a la sombra, donde el Gobierno y sus delegados aparecieron como conciliadores y hombres de paz y los “opositores a la paz” liderados por el senador Álvaro Uribe Vélez, montando el escenario mediático de que Santos y su gobierno estaban entregando el país a la guerrilla y al castro-chavismo.

La primera pregunta que me hice cuando se hizo público que el Gobierno colombiano había iniciado conversaciones con las FARC allá por agosto del 2012, fue: ¿Cuál será el objetivo de que el Gobierno colombiano está tan interesado en hacer la paz con las FARC? Mis conclusiones fueron dos: a) Los grandes inversionistas agrarios y minero-energéticos estadounidenses, europeos y colombianos, presionaron al Gobierno para que iniciara un proceso de paz, no podían invertir sin garantías de seguridad y no estaban en condiciones de pagarle impuestos a la guerrilla por los secuestros y los riesgos. b) La guerrilla colombiana en este caso ELN y FARC son un gran impedimento ante la hipótesis, hoy más creciente, de una intervención militar gringa en Venezuela, la insurgencia se le convertía en la retaguardia segura a la Revolución Bolivariana, había que eliminar ese obstáculo.

El impedimento al ingreso al Congreso, es un fuerte mensaje de los opositores a la paz, acompañado a una cada vez más peligrosa escalada del Gobierno, en contra del movimiento popular y directamente contra líderes comunales, afro-descendientes e indígenas y de organizaciones sociales y de derechos humanos, el asesinato de 35 excombatientes de la guerrilla, 16 familiares de los guerrilleros y 116 líderes comunales, el crecimiento del paramilitarismo, el incumplimiento de la amnistía a los presos políticos, la masacre de Tumaco, la represión en el Catatumbo y otras regiones del país, la detención de jóvenes y líderes estudiantiles como la del joven Mateo Gutiérrez León, preso en la Cárcel Modelo de Bogotá sin que se hayan aportados pruebas de los delitos políticos que le atribuyen.

Se está aplicando desde la firma de esos acuerdos, lo que los manuales de la CIA y el Pentágono distribuyeron a las Fuerzas Militares y de Seguridad en nuestra región, y poner en práctica una de las modalidades de la “guerra de baja intensidad”.

O golpe de Estado o manejo de los instrumentos que dotan las Constituciones de los países con herramientas que defienden al sistema político burgués. (Casos Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil) irrespetando a 54 millones de electores en Brasil y en Honduras Golpe Militar.

Las FARC aceptó este camino, “sin vencedores ni vencidos” por cansancio e inaceptable costo pero todos saben quien ganó. La ecuación de la negociación en la doctrina de guerra de baja intensidad es ganar-perder. 56 Salvedades o temas estratégicos, algunos de ellos para lograr cambios estructurales, no se incluyeron nunca, a pesar de que se acordó que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” en realidad, el Gobierno admitía pero nunca aceptó ese principio, debía ganar tiempo, el referendo era clave y su resultado respaldó el abandono de ese acuerdo, quedando absolutamente relegados los temas que fueron la fuente originaria para el nacimiento de la guerrilla de las FARC en 1964.

Santos es un maestro en la guerra de baja intensidad y ha coordinado todo el proceso con expertos en este tipo de negociación. El movimiento de Uribe, su NO al referendo fue un manejo soterrado de la oligarquía para quitarle a las FARC lo que el Gobierno le concedieron en la negociación de La Habana y además para demostrarle a la opinión pública nacional e internacional que no tenían el apoyo de la población. Allí perdió las FARC, no el Gobierno, a pesar de que las FARC siempre estuvieron en desacuerdo con el referendo y no lo avalaron.

Tampoco el gobierno de Santos hizo política electoral para que ganara el SI, era una forma muy sutil de favorecer lo que estratégicamente le favorecía, la derrota para el gobierno era coyuntural, para la guerrilla no, tal es así que hubo de volver a La Habana a modificar acuerdos y eliminar otros, a pesar de que el referendo que se había realizado no era vinculante, pero no fue así, los ganadores del referendo con los millones de votos de respaldo, exigieron cambios y modificaciones.
Todo es una gran operación política de la oligarquía, ahora se pondrá en práctica un paso más en la estrategia que deja descolocada a las FARC, cuando la Corte Constitucional deje sin efecto el próximo mes, la aprobación por el Congreso de los acuerdos con el método del Fact Track.

Un argumento absolutamente jurídico lo invalida, mientras que en realidad es un tema político y de interés nacional y como se sabe que aplicando un análisis individual articulo por articulo y someterlo al pleno de ambas cámaras, muchos de estos pueden o no ser aprobados o modificados. Aunque según la Corte Constitucional estos no pueden ser modificados.

La aceptación en la Mesa de los diálogos de La Habana, de que los Acuerdos de Paz, no fueran llevados a la refrendación por una Asamblea Nacional Constituyente, los dejo desprotegido y que no se consideren como una política de Estado.

Más aún, están contra el tiempo y si no se acelera la aprobación de los Acuerdos de La Habana, estos pasaran a ser tratados el próximo año, un año electoral y con la espada de Damocles sobre ellos, porque las pitonisas auguran el triunfo de un candidato y una composición en el Congreso poco favorable a la gestión de paz del gobierno de Santos.

Hay que señalar que ese pacto oligárquico llevó a Santos a perder en lo táctico, pero ganó en lo estratégico, al lograr concentrar a la guerrilla, desarmar a la más grande y poderosa organización insurgente y sentar en la mesa de diálogo al Ejército de Liberación Ncional (ELN,) cuyo final es aún incierto..

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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