Opinión
Colombia: contradicciones o pacto a la sombra
Por Narciso Isa Conde
La decisión del presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo, de impedir el ingreso a los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) al recinto del Congreso de la Nación, no solo viola un derecho ciudadano amparado por la Constitución, sino una bofetada a los Acuerdos de Paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente del nuevo Partido, integrado por militantes y simpatizantes del antiguo movimiento guerrillero FARC-EP.
Está decisión vista aisladamente pareciera que se trata de una contradicción al interior de la oligarquía y al sistema neoliberal que representa Lara Restrepo, como integrante del partido Cambio Radical.
Partido que formaba parte del gobierno desde el segundo mandato de Santos Calderón y la respuesta del ministro del Interior Guillermo Rivera, adversando al presidente Lara Restrepo, no es más que él juego que ha venido haciendo el Gobierno, para cubrir la forma y justificarse.
Sin embargo, si tomamos en cuenta los actuales incumplimientos en los que el Gobierno viene incurriendo con los Acuerdos de paz, y las trampas que tendieron desde que comenzaron las conversaciones en febrero del 2012, podemos colegir que no se trata de contradicciones, sino de un pacto a la sombra, donde el Gobierno y sus delegados aparecieron como conciliadores y hombres de paz y los “opositores a la paz” liderados por el senador Álvaro Uribe Vélez, montando el escenario mediático de que Santos y su gobierno estaban entregando el país a la guerrilla y al castro-chavismo.
La primera pregunta que me hice cuando se hizo público que el Gobierno colombiano había iniciado conversaciones con las FARC allá por agosto del 2012, fue: ¿Cuál será el objetivo de que el Gobierno colombiano está tan interesado en hacer la paz con las FARC? Mis conclusiones fueron dos: a) Los grandes inversionistas agrarios y minero-energéticos estadounidenses, europeos y colombianos, presionaron al Gobierno para que iniciara un proceso de paz, no podían invertir sin garantías de seguridad y no estaban en condiciones de pagarle impuestos a la guerrilla por los secuestros y los riesgos. b) La guerrilla colombiana en este caso ELN y FARC son un gran impedimento ante la hipótesis, hoy más creciente, de una intervención militar gringa en Venezuela, la insurgencia se le convertía en la retaguardia segura a la Revolución Bolivariana, había que eliminar ese obstáculo.
El impedimento al ingreso al Congreso, es un fuerte mensaje de los opositores a la paz, acompañado a una cada vez más peligrosa escalada del Gobierno, en contra del movimiento popular y directamente contra líderes comunales, afro-descendientes e indígenas y de organizaciones sociales y de derechos humanos, el asesinato de 35 excombatientes de la guerrilla, 16 familiares de los guerrilleros y 116 líderes comunales, el crecimiento del paramilitarismo, el incumplimiento de la amnistía a los presos políticos, la masacre de Tumaco, la represión en el Catatumbo y otras regiones del país, la detención de jóvenes y líderes estudiantiles como la del joven Mateo Gutiérrez León, preso en la Cárcel Modelo de Bogotá sin que se hayan aportados pruebas de los delitos políticos que le atribuyen.
Se está aplicando desde la firma de esos acuerdos, lo que los manuales de la CIA y el Pentágono distribuyeron a las Fuerzas Militares y de Seguridad en nuestra región, y poner en práctica una de las modalidades de la “guerra de baja intensidad”.
O golpe de Estado o manejo de los instrumentos que dotan las Constituciones de los países con herramientas que defienden al sistema político burgués. (Casos Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil) irrespetando a 54 millones de electores en Brasil y en Honduras Golpe Militar.
Las FARC aceptó este camino, “sin vencedores ni vencidos” por cansancio e inaceptable costo pero todos saben quien ganó. La ecuación de la negociación en la doctrina de guerra de baja intensidad es ganar-perder. 56 Salvedades o temas estratégicos, algunos de ellos para lograr cambios estructurales, no se incluyeron nunca, a pesar de que se acordó que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” en realidad, el Gobierno admitía pero nunca aceptó ese principio, debía ganar tiempo, el referendo era clave y su resultado respaldó el abandono de ese acuerdo, quedando absolutamente relegados los temas que fueron la fuente originaria para el nacimiento de la guerrilla de las FARC en 1964.
Santos es un maestro en la guerra de baja intensidad y ha coordinado todo el proceso con expertos en este tipo de negociación. El movimiento de Uribe, su NO al referendo fue un manejo soterrado de la oligarquía para quitarle a las FARC lo que el Gobierno le concedieron en la negociación de La Habana y además para demostrarle a la opinión pública nacional e internacional que no tenían el apoyo de la población. Allí perdió las FARC, no el Gobierno, a pesar de que las FARC siempre estuvieron en desacuerdo con el referendo y no lo avalaron.
Tampoco el gobierno de Santos hizo política electoral para que ganara el SI, era una forma muy sutil de favorecer lo que estratégicamente le favorecía, la derrota para el gobierno era coyuntural, para la guerrilla no, tal es así que hubo de volver a La Habana a modificar acuerdos y eliminar otros, a pesar de que el referendo que se había realizado no era vinculante, pero no fue así, los ganadores del referendo con los millones de votos de respaldo, exigieron cambios y modificaciones.
Todo es una gran operación política de la oligarquía, ahora se pondrá en práctica un paso más en la estrategia que deja descolocada a las FARC, cuando la Corte Constitucional deje sin efecto el próximo mes, la aprobación por el Congreso de los acuerdos con el método del Fact Track.
Un argumento absolutamente jurídico lo invalida, mientras que en realidad es un tema político y de interés nacional y como se sabe que aplicando un análisis individual articulo por articulo y someterlo al pleno de ambas cámaras, muchos de estos pueden o no ser aprobados o modificados. Aunque según la Corte Constitucional estos no pueden ser modificados.
La aceptación en la Mesa de los diálogos de La Habana, de que los Acuerdos de Paz, no fueran llevados a la refrendación por una Asamblea Nacional Constituyente, los dejo desprotegido y que no se consideren como una política de Estado.
Más aún, están contra el tiempo y si no se acelera la aprobación de los Acuerdos de La Habana, estos pasaran a ser tratados el próximo año, un año electoral y con la espada de Damocles sobre ellos, porque las pitonisas auguran el triunfo de un candidato y una composición en el Congreso poco favorable a la gestión de paz del gobierno de Santos.
Hay que señalar que ese pacto oligárquico llevó a Santos a perder en lo táctico, pero ganó en lo estratégico, al lograr concentrar a la guerrilla, desarmar a la más grande y poderosa organización insurgente y sentar en la mesa de diálogo al Ejército de Liberación Ncional (ELN,) cuyo final es aún incierto..
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.