Latinoamericanas
Colombia iniciará estrategia de seguridad en República Dominicana
Por Nelson Encarnación
BOGOTA.-Las autoridades policiales de Colombia están listas para iniciar la ejecución de una estrategia de cooperación en seguridad integral en la República Dominicana, informó el general retirado Rosso José Serrano, quien está a cargo de ese programa de la Policía Nacional colombiana.
La información la dio a conocer el embajador dominicano en Colombia, Héctor Galván, luego de un encuentro con Serrano y otras autoridades policiales de la nación sudamericana.
En el encuentro participó también el coronel Joaquín Fernando Buitrago Rueda, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, quienes presentaron la propuesta destinada básicamente a lograr una reforma en el fortalecimiento institucional de la Policía dominicana, enfatizando la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
En esa reunión participó la embajadora de Costa Rica, Circe Milena Villanueva Monge, nación que también sería beneficiaria de esa cooperación.
“La cooperación en seguridad es un tema prioritario en la agenda de la política exterior del Presidente Danilo Medina”, expresó el embajador Galván.
Recordó que el mandatario dominicano lo planteó durante la visita al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando era candidato y también como presidente electo en julio pasado.
Galván declaró que en el encuentro se explicó que el programa incluye la capacitación, tanto en Colombia, a donde viajarían policías dominicanos a recibir instrucciones como que instructores colombianos se desplacen a República Dominicana a enseñar.
También se explicó que el software que instalarían en la República Dominicana generaría una inmensa base de datos para ser utilizados soberanamente, sin ningún costo para el país.
Ese programa de computadora podría incluir el seguimiento a repatriados desde los Estados Unidos.
Informó que una delegación colombiana encabezada por el general Serrano viajará a la República Dominicana el próximo jueves, la cual tiene previsto reunirse con funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores, así como con instituciones vinculadas al áreas de seguridad, tales como Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El general Serrano habló sobre los pasos que Colombia tuvo que dar para tener la fuerza policial con que cuenta hoy.
Dijo que los deseos del Presidente Santos, vía el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la canciller María Ángela Holguín, es de que los países de la región no tengan que pagar el precio que pagó Colombia por el flagelo del narcotráfico.
El coronel Buitrago dijo que Estados Unidos está respaldando la cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional, y ha identificado a República Dominicana junto con Colombia para ofrecer esa asistencia técnica.
Dentro de los temas, el general Serrano mencionó la experiencia colombiana de cómo el empresariado ha contribuido notablemente a lo que llaman el “Impuesto de Seguridad”, que es un tasa establecido a las propiedades, la cual se dedica exclusivamente para las fuerzas de seguridad, y que representa el 25% del presupuesto de la policía colombiana, que es de cuatro mil millones de dólares al año.
Dicho impuesto es pagado por las empresas, y según el general Serrano, es muy bien visto por la sociedad y el empresariado colombianos, ya que garantiza el buen servicio de los uniformados
Serrano recordó que la seguridad cuesta, pero vale la pena, por lo que se debe hacer el esfuerzo para formar una buena policía con el desarrollo tecnológico correspondiente el cual es clave para el progreso.
El embajador Galván dijo que con el inicio de ese plan y la visita de esos oficiales policiales dominicanos, se inicia la cosecha de lo sembrado por el presidente Medina con su acercamiento al presidente Santos.
Latinoamericanas
Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo
Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.
La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.
Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.
Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.
Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.
De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.
Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Por PRENSA LATINA
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.
Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.
Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.
COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN
De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.
Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).
En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.
LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES
“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.
Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.
De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.
ro/joe
Latinoamericanas
Violencia extrema en Puerto Príncipe desata crisis sanitaria, alerta Médicos Sin Fronteras
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-La violencia extrema que vive la capital de Haití y la falta de estructuras médicas operativas llevarán al límite la capacidad del hospital de traumatología de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tabarre, al norte de la ciudad, advirtió este martes la organización.
Esto generaría «una situación aún más desesperada para los habitantes de la ciudad cuyo acceso a la atención quirúrgica se reduciría considerablemente», subrayó en un comunicado MSF, que alertó de que Puerto Príncipe está sufriendo un nivel de violencia extremadamente alto en un momento en el que los grupos armados coordinan ataques en varias zonas de la ciudad, que antes estaban fuera de su control.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), citada por MSF, se trata de un contexto sin precedentes en el que más del 60 % de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o no funcionan.
Las que permanecen abiertas se enfrentan a una grave escasez de recursos humanos, equipos y servicios especializados. En solo un mes, el número de hospitales con capacidad para tratar traumatismos se ha reducido a la mitad pasando de cuatro a dos.
En marzo, MSF tuvo que suspender sus actividades en su centro de traumatología de Carrefour tras el ataque intencionado de cuatro vehículos de la organización que estaban tratando de poner a salvo al personal que trabajaba en el Centro de Emergencias de Turgeau.
Durante la evacuación, los vehículos de MSF, claramente identificados, recibieron 15 disparos, recordó el comunicado.
El Hospital Universitario de Mirebalais, uno de los últimos centros con capacidad para prestar atención traumatológica, suspendió sus actividades el 23 de abril debido a la inseguridad en la zona, ya que se encuentra en una carretera controlada ahora por grupos armados.
El Hôpital Universitaire de la Paix permanece abierto, pero también está saturado, de acuerdo con la organización, que reclamó protección para los civiles y respeto para las instalaciones sanitarias en las zonas de combate.
Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1,617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país por la violencia que involucra a las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.
El balance da cuenta también que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.
El organismo dijo que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.
El pasado viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición criminal Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.