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Colombia: Rearme de rebeldes de las FARC eleva la presión sobre Maduro

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AP

En esta foto de archivo del 27 de agosto de 2019, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se sientan ante exguerrilleros mientras encabezan el Congreso Nacional de las FARC, donde se formó su partido político en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo).

Bogotá.-La llamada a las armas de exnegociadores de las FARC en Colombia es un revés a la frágil paz en el país, pero también ofrece un tentador objetivo a los halcones que buscan derrocar a la persona a la que Estados Unidos acusa de refugiar a grupos terroristas: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El exjefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “Iván Márquez”, cuyo nombre real es Luciano Marín, anunció que volvía a las armas alegando que el gobierno de Bogotá no cumplió el acuerdo de paz firmado en 2016 y no hizo nada ante el asesinato de cientos de líderes sociales en zonas rurales controladas durante mucho tiempo por los rebeldes.

Marín leyó un largo manifiesto en un video en el que aparece rodeado de 20 rebeldes fuertemente armados y dijo que estaba en un campo clandestino en la selva oriental de Colombia. Según las autoridades estaría en Venezuela, que durante años ha sido un refugio seguro para la guerrilla.

Casi de inmediato, el presidente de Colombia, Iván Duque, contactó con el líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, cuya campaña de nueve meses para sacar a Maduro del poder se ha estancado ante la negativa del ejército a abandonar al cuestionado dirigente. Para los dos políticos, el video fue una prueba más de que los rebeldes, que están considerados un grupo terrorista por Estados Unidos, están planeando ataques desde suelo venezolano.

“Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, declaró Duque durante un discurso televisado.

“Todos los venezolanos debemos rechazar este tipo de amenazas en respeto a nuestra soberanía”, afirmó por su parte Guaidó.

Sus preocupaciones resonaron en Washington, donde funcionarios estadounidenses repitieron las acusaciones de que el gobierno de Maduro ha estado conspirando activamente con los rebeldes colombianos, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de corte más radical y que se cree que financiaría su insurgencia con el tráfico de cocaína y oro a través de Venezuela.

“El régimen en Caracas parece estar fomentando este tipo de actividad, esencialmente entregando partes del país, especialmente al ELN”, dijo Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, a reporteros.

Aunque con pocas pruebas, las autoridades colombianas aseguraron durante mucho tiempo que Marín había estado escondido en Venezuela junto con otros altos cargos del ELN y un grupo de disidentes de las FARC que nunca depusieron las armas.

Se cree que en los últimos meses se celebraron al menos tres reuniones entre comandantes rebeldes en la pequeña localidad venezolana de El Nula, una zona sin ley con una fuerte presencia del ejército de Venezuela que está a unos 30 kilómetros (alrededor de 20 millas) de la frontera, explicó un funcionario de inteligencia militar colombiano, que insistió en hablar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer pública la información.

El mismo funcionario aseguró que los rebeldes del ELN estuvieron presentes cuando instructores militares rusos formaron a principios de año a miembros de las fuerzas armadas venezolanas en doctrina militar y uso de explosivos, aunque no necesariamente con el conocimiento de los extranjeros. The Associated Press no pudo verificar estas afirmaciones.

En total, las autoridades estiman que unos 1.000 rebeldes del ELN, alrededor del 40% de su fuerza de combate, operan desde Venezuela, donde planean ataques como el coche bomba que estalló ante una academia militar en Bogotá en enero y mató a más de 20 personas, en su mayoría jóvenes cadetes.

Maduro y sus aliados llevan mucho tiempo negando que proporcionen apoyo material a los rebeldes colombianos y señalan que las denuncias de Washington forman parte de una campaña publicitada por los medios occidentales para allanar el camino a una posible invasión.

Una operación de más de una década financiada por Estados Unidos en Colombia obligó a las FARC a sentarse a negociar en 2012. Los funcionarios de inteligencia afirman que los rebeldes no se han reunido en grandes números dentro del país por temor a ser asesinados, como ocurrió con comandantes de las FARC abatidos en ataques aéreos con inteligencia y bombas inteligentes proporcionadas por Washington.

Esto los llevaría a la socialista Venezuela, cuya afinidad ideológica con los rebeldes es bien conocida.

Aunque Maduro desempeñó un papel clave como intermediario para el acuerdo de paz de 2016, rechazó los llamados para expulsar a los rebeldes ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos y sus vecinos. El mes pasado, llegó a anunciar que Marín y su aliado Seuxis Hernández, mejor conocido como “Jesús Santrich” y que está buscado por Washington por narcotráfico, serían “bien recibidos en Venezuela” como “líderes de paz”. Hernández apareció en el video del jueves junto a Marín y sosteniendo un rifle de asalto.

Desde el apogeo de la crisis venezolana en enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente interino y fue reconocido rápidamente por docenas de gobiernos extranjeros, Estados Unidos ha confiado en Colombia para encabezar la campaña contra Maduro. Pero aunque las autoridades estadounidenses han presentado varias veces la opción militar para derrocar al presidente, Duque rechazó la propuesta por temor a sumir a Colombia en un prologando conflicto que tendría poco respaldo en la región.

“Las cosas pueden ponerse feas rápido y no hay forma de que los colombianos sepan cómo va a terminar una intervención militar”, explicó Michael Shifter, presidente del centro de estudios Inter-American Dialogue en Washington.

Sin embargo, los conservadores vieron la noticia del rearme como una oportunidad para impulsar una acción internacional más contundente contra Maduro, aunque nadie solicitó abiertamente una intervención militar.

“Para el régimen de Maduro y sus aliados criminales, su prioridad en este momento es la desestabilización de Colombia”, dijo María Corina Machado, una opositora que fue despojada de su escaño en el congreso venezolano.

Venezuela también parecía ocupar un lugar destacado en la mente de los rebeldes desertores. En su video, Marín rechazó con indignación la “absurda idea” de ser “lacayos” de Washington en una guerra injusta para sacar a Maduro del poder.

Aunque pocos en Colombia esperan que la rearmada facción de las FARC recupere de inmediato su potencia militar, su regreso al campo de batalla y la posible alianza con el ELN y con otros rebeldes disidentes supone un importante riesgo de propagación de la crisis venezolana.

“Lo peor que le puede pasar a los colombianos y a los venezolanos es que se mezclen dos conflictos de naturaleza distinta y se conviertan en uno solo”, señaló Vladimir Villegas, un destacado periodista venezolano que fungió como viceministro de Exteriores con Maduro. “El gobierno y las fuerzas armadas deben garantizar que seamos un territorio libre de grupos irregulares, del signo que sea. Lo contrario dejaría pálido el incendio en la Amazonía”.

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Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales

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Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.

MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.

De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.

Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.

Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación

Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:

  • US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.

  • US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.

  • US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.

El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.

También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena

La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.

Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.

Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.

El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.

Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.

Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales

El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.

La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.

Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.

De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.

Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.

Autoridades intensifican investigaciones

En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.

Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.

El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.

El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.

Acusado conserva presunción de inocencia

Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.

La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.

Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.

Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.

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Estados Unidos transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan

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Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.

Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.

Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.

La masacre de Fort Hood

Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.

El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.

Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.

El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.

El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.

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Trump no reanudará ataques contra Irán antes de las elecciones de medio término

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Agencia AP

Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.

Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.

Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.

Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.

Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.

Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.

Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.

“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.

pérdida de los flujos de petróleo

Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.

Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.

Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.

Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.

La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.

La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.

El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.

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