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Comerciantes de RD rechazan decreto

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SANTO DOMINGO.- Unas 18 organizaciones y federaciones del comercio organizado demandaron del Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 569-12, que traspasa las importaciones de productos básicos a subastas públicas, a través de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

Opinaron que el mismo, además de perjudicar a los consumidores y al comercio en general, creará una anarquía, desabastecimiento,y encarecimiento en los canales de comercialización de los productos básicos.

Los comerciantes, aglutinados en la Coordinadora Nacional del Comercio de Provisiones, dijeron que la iniciativa constituye una retranca para el fortalecimiento y avance de los comerciantes, porque lo deja al margen de las negociaciones, lo cual repercutirá de manera directa en el consumidor.

Al hablar en rueda de prensa junto a los representantes de las diferentes organizaciones y federaciones de Detallistas, Mayoristas, Dueños de Supermercados y Dueños de Surtidoras,

René Japa, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional, precisó que como sector comercio se mantendrán firme en su postura, hasta tanto las autoridades atiendan sus reclamos.

‘’Durante muchos años el comercio organizado de provisiones ha luchado por esta y otras reivindicaciones que hemos ganado, por lo que manifestamos en el día de hoy que no cederemos los espacios que tenemos, nosotros hemos sido sorprendidos con dicho decreto, promulgado rápidamente sin consensuar el impacto que esta medida pueda tener en los consumidores’’ preciso Japa.

Indicó que como forma de buscar una salida al tranque generado enviaron una carta al Presidente Danilo Medina, en la que le expresan la preocupación que embarga al comercio organizado de Provisiones debido a ese tema.

En la rueda de prensa estuvieron Gilberto Luna, presidente del Frente Nacional de Comerciantes Dominicanos; Francis Mancebo, presidente de la Federación de Dueños de Colmados Proveedores de Mercaderías Subsidiadas, Inc. (FEDECOMER); el diputado al Congreso Nacional, Rafael Santos, presidente del Consejo Dominicano de Comerciantes Detallistas en Provisiones, Inc. (CODEPRO).

Asimismo, Manolo Troncoso, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones,(FENACODEP); Cristian Patrocinio, presidente de la Unión Nacional de Supermercados Económicos, Inc. (UNASE); Ricardo Rosario, pasado presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana, Inc. (FENACERD); Apolinar Leyba, presidente de la Presidente de la Federación Nacional de Pequeños Comerciantes Detallistas (FENAPECO) y Héctor Julio Ledesma, presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas Independientes, Inc. (FECODEIN).

Además Milida Santana, presidente de la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santo Domingo, Inc. (AMAPROSADO); Emilio Hernández, presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana, Inc.(FECODERD); Divani de León, pasado presidente de la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo, Inc. (ASUSADO); Víctor Laureano, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Samanà; José Matos, presidente de la Asociación de Supermercado del Sur (ASUPER); Norberto Leyba, presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas de la Provincia Santo Domingo (FENACODESD); Fabio Díaz, presidente de la Asociación de Comerciantes Pueblos Unidos del Cibao, Inc. (ASOCOPUCI); José Pandelo, presidente de la Asociación de Mayoristas de Valverde Mao. y Rafael Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes del Nordeste.

almomento.net

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Una gran cantidad de oficinas de abogados han firmado acuerdos de culpabilidad con el Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público reveló que un total de 52 oficinas de abogados que representan imputados de delitos del crimen organizado han pactado acuerdos para aceptar su culpabilidad, cuyos procesos han sido judicializados ante los tribunales.

Al ofrecer la información en un comunicado de prensa, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.

Indicó que, desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.

«Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente», señala el comunicado.

Indica que el Ministerio Público reconoció el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.

Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales.

El comunicado establece que «pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente».

«Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos», afirma el documento enviado a la prensa.

Aseguró que «estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos».

Destacó que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal, una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio. Sobre todo, en materia de criminalidad organizada, en la que suelen ser de vital importancia para desmantelar las cabezas de las organizaciones criminales.

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Otra vez aplazada audiencia contra pastor acusado de abuso sexual a menores

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El pastor acusado de agresión sexual a menores de edad, identificado como Johan Manuel Castillo Ortega,  no pudo recibir por tercera ocasión la medida de  coerción que busca el Ministerio Público en virtud de que la audiencia para esos  fue aplazada.

La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, aplazó la audiencia para este lunes 24 a las 12:00 del mediodía.

La decisión fue tomada a solicitud de la defensa del imputado para que el tribunal notifique la revisión de presupuesto o arraigo.

La decisión fue rechazada por familiares de las menores que alegaron se le quiere dar largas al asunto.

Abogados tras audiencias

Castillo Ortega fue acusado inicialmente de abusar de dos hermanas, de 13 y 17 años, supuestamente en el sótano de la congregación.

El pasado lunes 17 el Ministerio Público añadió otras acusaciones contra el imputado. Se trata de otras tres supuestas víctimas que denuncian que fueron violadas por el implicado, dos menores y una adulta.

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Entre mediados de octubre y noviembre debe ser escogido pleno de la JCE.

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) culminó su trabajo que le fue encomendado por cuatro años con la declaración de los ganadores de los comicios presidenciales y congresuales del pasado mes de mayo.

Mientras incineran los materiales utilizados y reciben los informes del pasado proceso, el presidente Román Jáquez Liranzo y los demás miembros Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo y Sami Rafael Chami Isa se mantienen a la espera de si se mantendrán por otros cuatro años a la cabeza del órgano electoral.

Del grupo, ya Chami Isa solicitó públicamente que los cuatro miembros titulares sean “ratificados” en sus respectivos puestos debido al “gran trabajo” que realizaron los miembros durante el proceso electoral pasado.

«Entiendo que los cinco tenemos mucha oportunidad y mucha ventaja porque, como reitero, se ha hecho un muy buen trabajo a favor de la democracia», expresó Chami Isa en una declaración dada a varios medios de comunicación en el Senado de la República.

Precisamente es ese órgano del Poder Legislativo, una vez sea instalado con sus nuevos miembros el próximo 16 de agosto, que tiene la tarea de escoger o ratificar tanto a los miembros del pleno, incluido su presidente, como a sus respectivos suplentes.

A partir del inicio de ese nuevo periodo constitucional, según la Constitución, la cámara alta tiene un plazo de 60 días para realizar las rondas de entrevistas y demás métodos de evaluación, para de esa forma escoger a los cinco miembros titulares del pleno y sus suplentes; la aprobación debe darse con las dos terceras partes de la matrícula del Senado.

LOS REQUISITOS

Según lo establecido en la ley 20-23 sobre Régimen Electoral, para ser presidente (y suplente), la persona debe ser dominicano de nacimiento u origen; tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; además de ser licenciado o doctor en derecho, con al menos 12 años mínimo de ejercicio.

Mientras que para ser miembro del pleno o suplente, se requiere ser dominicano, tener más de 30 años y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; y ser graduado con título universitario y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las áreas de administración o afines, informática o afines y ciencias jurídicas o afines, con ocho años mínimo de ejercicio.

Entre los miembros del pleno no puede haber vínculo conyugal, de parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.

La ley igual indica que si aconteciere que, con posterioridad a la designación de los miembros titulares o suplentes se presentasen candidatos con el vínculo conyugal, de parentesco o afinidad, el titular o suplente afectado con esta condición cesará temporalmente en sus funciones, con disfrute de sueldo, desde el momento en que dicha candidatura sea admitida por el órgano partidario correspondiente, hasta que se declare cerrado el proceso electoral de que se trate, y sus funciones serán asumidas por el suplente correspondiente.

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