Latinoamericanas
Comienza primer juicio oral argentino por robo de bebes durante dictadura
Abuelas de Plaza de Mayo estiman que durante la última dictadura militar fueron robados 500 bebes. El juicio incluye también otras 15 causas que se tramitaban por separado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” de la provincia de Córdoba.
En el juicio por los delitos de «La Perla» están acusados 46 militares por más de 400 casos de secuestro, tortura y homicidio(Foto:Archivo).
El primer juicio oral en Argentina donde se investigará un caso de robo de bebes comenzará este martes, se trata del robo del nieto de Sonia Torres, integrante de la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza Mayo, organización que estima que 500 bebes fueron sustraídos durante la última dictadura militar.
El juicio durará alrededor de un año y medio e incluye también otras 15 causas que se tramitaban por separado, hasta que se dispuso integrarlas siguiendo los lineamientos sugeridos por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación.
Durante el proceso judicial se esclarecerán los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” de la provincia de Córdoba, Argentina, donde fueron torturadas y asesinadas más de 400 personas.
La abogada de la filial Córdoba de la entidad, María Teresa Sánchez, afirmó que «este robo va a demostrar todas las aristas y como este plan sistemático no solo comprendió militares sino también a civiles”.
«Sabemos que hacer desaparecer un niño requiere de muchos silencios, desde el médico que atendió el parto hasta de quienes estaban en el lugar donde fue llevado” apuntó.
El juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” comienza luego de que el lunes se suicidara uno de los 46 acusados.
Se trata del mayor retirado de Artillería militar Aldo Carlos Checchi, quien se mató de un disparo en la cabeza en el hospital donde estaba internado.
Los organismos de derechos humanos criticaron a la Justicia Federal porque los militares “acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad pueden seguir atentando contra la vida, sea la propia o la de los demás,” y resaltaron que Checchi murió “impune sin ser condenado y conservando su grado de militar y pensión de honor como si nada hubiese pasado, al igual que tantos otros”.
En concreto, Chechi y el resto de los procesados están acusados por el secuestro, tormento y homicidio de 417 víctimas ocurridos entre 1975 y 1978
Se estima que por el centro pasaron 2500 personas, según Claudio Orosz, abogado querellante de los organismos de derechos humanos, quien afirma que la gran mayoría de los detenidos fueron delegados y dirigentes sindicales.
Dentro de los hechos, también se investiga los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la última dictadura militar por el grupo para policial Comandos Libertadores de América (CLA).
Los organismos de derechos humanos esperan que con esta causa se demuestre cómo la última dictadura militar dividió el país en zonas de represión dentro de un plan sistemático de tortura y desapariciones.
Delitos de lesa humanidad que fueron llevados a cabo dentro de operaciones calificadas como “contra subversivas” por los militares argentinos en el marco de la doctrina de seguridad nacional instalada en América Latina por Estados Unidos.
Bajo ese fin, es que se estima que durante la última dictadura militar desaparecieron más de 30 mil personas y se aplicó un plan apuntado a bajar el precio de la mano de obra, desregular la economía, endeudar al país y permitir la entrada de productos importados para destruir la industria argentina, según el historiador argentino Norberto Galasso.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.