Latinoamericanas
Comienza primer juicio oral argentino por robo de bebes durante dictadura
Abuelas de Plaza de Mayo estiman que durante la última dictadura militar fueron robados 500 bebes. El juicio incluye también otras 15 causas que se tramitaban por separado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” de la provincia de Córdoba.
En el juicio por los delitos de «La Perla» están acusados 46 militares por más de 400 casos de secuestro, tortura y homicidio(Foto:Archivo).
El primer juicio oral en Argentina donde se investigará un caso de robo de bebes comenzará este martes, se trata del robo del nieto de Sonia Torres, integrante de la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza Mayo, organización que estima que 500 bebes fueron sustraídos durante la última dictadura militar.
El juicio durará alrededor de un año y medio e incluye también otras 15 causas que se tramitaban por separado, hasta que se dispuso integrarlas siguiendo los lineamientos sugeridos por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación.
Durante el proceso judicial se esclarecerán los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” de la provincia de Córdoba, Argentina, donde fueron torturadas y asesinadas más de 400 personas.
La abogada de la filial Córdoba de la entidad, María Teresa Sánchez, afirmó que «este robo va a demostrar todas las aristas y como este plan sistemático no solo comprendió militares sino también a civiles”.
«Sabemos que hacer desaparecer un niño requiere de muchos silencios, desde el médico que atendió el parto hasta de quienes estaban en el lugar donde fue llevado” apuntó.
El juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” comienza luego de que el lunes se suicidara uno de los 46 acusados.
Se trata del mayor retirado de Artillería militar Aldo Carlos Checchi, quien se mató de un disparo en la cabeza en el hospital donde estaba internado.
Los organismos de derechos humanos criticaron a la Justicia Federal porque los militares “acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad pueden seguir atentando contra la vida, sea la propia o la de los demás,” y resaltaron que Checchi murió “impune sin ser condenado y conservando su grado de militar y pensión de honor como si nada hubiese pasado, al igual que tantos otros”.
En concreto, Chechi y el resto de los procesados están acusados por el secuestro, tormento y homicidio de 417 víctimas ocurridos entre 1975 y 1978
Se estima que por el centro pasaron 2500 personas, según Claudio Orosz, abogado querellante de los organismos de derechos humanos, quien afirma que la gran mayoría de los detenidos fueron delegados y dirigentes sindicales.
Dentro de los hechos, también se investiga los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la última dictadura militar por el grupo para policial Comandos Libertadores de América (CLA).
Los organismos de derechos humanos esperan que con esta causa se demuestre cómo la última dictadura militar dividió el país en zonas de represión dentro de un plan sistemático de tortura y desapariciones.
Delitos de lesa humanidad que fueron llevados a cabo dentro de operaciones calificadas como “contra subversivas” por los militares argentinos en el marco de la doctrina de seguridad nacional instalada en América Latina por Estados Unidos.
Bajo ese fin, es que se estima que durante la última dictadura militar desaparecieron más de 30 mil personas y se aplicó un plan apuntado a bajar el precio de la mano de obra, desregular la economía, endeudar al país y permitir la entrada de productos importados para destruir la industria argentina, según el historiador argentino Norberto Galasso.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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