Latinoamericanas
Comienza primer juicio oral argentino por robo de bebes durante dictadura
Abuelas de Plaza de Mayo estiman que durante la última dictadura militar fueron robados 500 bebes. El juicio incluye también otras 15 causas que se tramitaban por separado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” de la provincia de Córdoba.
En el juicio por los delitos de «La Perla» están acusados 46 militares por más de 400 casos de secuestro, tortura y homicidio(Foto:Archivo).
El primer juicio oral en Argentina donde se investigará un caso de robo de bebes comenzará este martes, se trata del robo del nieto de Sonia Torres, integrante de la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza Mayo, organización que estima que 500 bebes fueron sustraídos durante la última dictadura militar.
El juicio durará alrededor de un año y medio e incluye también otras 15 causas que se tramitaban por separado, hasta que se dispuso integrarlas siguiendo los lineamientos sugeridos por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación.
Durante el proceso judicial se esclarecerán los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” de la provincia de Córdoba, Argentina, donde fueron torturadas y asesinadas más de 400 personas.
La abogada de la filial Córdoba de la entidad, María Teresa Sánchez, afirmó que «este robo va a demostrar todas las aristas y como este plan sistemático no solo comprendió militares sino también a civiles”.
«Sabemos que hacer desaparecer un niño requiere de muchos silencios, desde el médico que atendió el parto hasta de quienes estaban en el lugar donde fue llevado” apuntó.
El juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de “La Perla” comienza luego de que el lunes se suicidara uno de los 46 acusados.
Se trata del mayor retirado de Artillería militar Aldo Carlos Checchi, quien se mató de un disparo en la cabeza en el hospital donde estaba internado.
Los organismos de derechos humanos criticaron a la Justicia Federal porque los militares “acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad pueden seguir atentando contra la vida, sea la propia o la de los demás,” y resaltaron que Checchi murió “impune sin ser condenado y conservando su grado de militar y pensión de honor como si nada hubiese pasado, al igual que tantos otros”.
En concreto, Chechi y el resto de los procesados están acusados por el secuestro, tormento y homicidio de 417 víctimas ocurridos entre 1975 y 1978
Se estima que por el centro pasaron 2500 personas, según Claudio Orosz, abogado querellante de los organismos de derechos humanos, quien afirma que la gran mayoría de los detenidos fueron delegados y dirigentes sindicales.
Dentro de los hechos, también se investiga los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la última dictadura militar por el grupo para policial Comandos Libertadores de América (CLA).
Los organismos de derechos humanos esperan que con esta causa se demuestre cómo la última dictadura militar dividió el país en zonas de represión dentro de un plan sistemático de tortura y desapariciones.
Delitos de lesa humanidad que fueron llevados a cabo dentro de operaciones calificadas como “contra subversivas” por los militares argentinos en el marco de la doctrina de seguridad nacional instalada en América Latina por Estados Unidos.
Bajo ese fin, es que se estima que durante la última dictadura militar desaparecieron más de 30 mil personas y se aplicó un plan apuntado a bajar el precio de la mano de obra, desregular la economía, endeudar al país y permitir la entrada de productos importados para destruir la industria argentina, según el historiador argentino Norberto Galasso.
Latinoamericanas
Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años
Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.
Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.
En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.
La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.
Latinoamericanas
Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo
Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.
La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.
Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.
Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.
Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.
De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.
Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Por PRENSA LATINA
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.
Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.
Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.
COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN
De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.
Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).
En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.
LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES
“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.
Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.
De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.
ro/joe