Nacionales
Comisión acuerda tocar la cesantía
Los representantes de empleadores y gobierno en la comisión que estudia el Código de Trabajo acordaron la posibilidad de establecer topes a la cesantía, aumentar a entre 48 y 60 las horas semanales de trabajo, despedir a trabajadoras embarazadas de mutuo acuerdo y realizar exámenes médicos a los empleados, entre otros puntos.
Estos planteamientos se desprenden de la propuesta elaborada por la comisión que estudia el Código de Trabajo desde octubre del año pasado. El próximo paso es presentarla al poder ejecutivo, el cual conformó la comisión.
De inmediato el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (Cenus), Rafael Abreu, rechazó la propuesta y explicó que todavía se necesita la discusión de los interlocutores del diálogo tripartito: gobierno, sindicatos y patronos. Luego queda el debate en el Congreso para determinar finalmente cuáles cambios se aplicará a la ley que rige las relaciones entre empleadores y empleados.
“Se reconoce la validez del derecho al desahucio, ejercido por los empleadores bajo la modalidad de liquidación anual o por cualquier período, siempre que este derecho sea ejercido por acuerdo en el contrato de trabajo entre las partes”, reza la propuesta.
Esta propuesta de modificación permite que el acuerdo mutuo establecido en el contrato permita 48 horas de trabajo semanal, con jornadas diarias de 12 durante cuatro días. Según Abreu, además de aumentar el trabajo, este punto abriría las puertas al desconocimiento de los pagos adicionales por tiempo extra o días feriados.
También la comisión sugiere la necesidad de aplicar jornadas diarias de hasta 12 horas, sin exceder las 60 horas a la semana para tipos de trabajos específicos, como aquellos en los que se requiere un funcionamiento continuo, los que solamente se necesita la presencia del empleado, o los casos en los que haya mutuo.
Los miembros de la comisión reconocieron la necesidad de proteger a las embarazadas del despido o desahucio durante el período de gestación y los tres meses posteriores al parto. Aunque abren la posibilidad de que se pueda saltar la norma, si la trabajadora lo acepta.
Los sindicatos también rechazan la posibilidad de que el empleador pueda someter a sus empleados a exámenes médicos, a fin de determinar consumo de drogas ilegales, alcohol, la presencia de alguna incapacidad que le impida desempeñar sus funciones.
EMBARGO DEL SALARIO
“Los patronos quieren que solo se reconozca la cesantía hasta tres años y que el cálculo sea sobre el salario mínimo del sistema de seguridad social, que en este momento es de RD$34,000”, denunció Rafael Abreu.
Esto implicaría que la cantidad del auxilio por desahucio no guardaría relación con el salario devengado por el trabajador al momento de la culminación del contrato por decisión del empleador.
El dirigente sindical también rechazó la propuesta de que se permita embargar el salario por una proporción superior al 15%, cuando el trabajador haya cometido algún daño material en contra de la empresa. Abreu además denunció las intenciones de reducir el período de dos meses a 15 días el tiempo para recontratar a empleados de las construcción sin que el empleador adquiera la responsabilidad de otorgar cesantía. Con el trabajo del campo se pretende reducir el período de seis a cuatro meses.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.