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Comisión acuerda tocar la cesantía
Los representantes de empleadores y gobierno en la comisión que estudia el Código de Trabajo acordaron la posibilidad de establecer topes a la cesantía, aumentar a entre 48 y 60 las horas semanales de trabajo, despedir a trabajadoras embarazadas de mutuo acuerdo y realizar exámenes médicos a los empleados, entre otros puntos.
Estos planteamientos se desprenden de la propuesta elaborada por la comisión que estudia el Código de Trabajo desde octubre del año pasado. El próximo paso es presentarla al poder ejecutivo, el cual conformó la comisión.
De inmediato el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (Cenus), Rafael Abreu, rechazó la propuesta y explicó que todavía se necesita la discusión de los interlocutores del diálogo tripartito: gobierno, sindicatos y patronos. Luego queda el debate en el Congreso para determinar finalmente cuáles cambios se aplicará a la ley que rige las relaciones entre empleadores y empleados.
“Se reconoce la validez del derecho al desahucio, ejercido por los empleadores bajo la modalidad de liquidación anual o por cualquier período, siempre que este derecho sea ejercido por acuerdo en el contrato de trabajo entre las partes”, reza la propuesta.
Esta propuesta de modificación permite que el acuerdo mutuo establecido en el contrato permita 48 horas de trabajo semanal, con jornadas diarias de 12 durante cuatro días. Según Abreu, además de aumentar el trabajo, este punto abriría las puertas al desconocimiento de los pagos adicionales por tiempo extra o días feriados.
También la comisión sugiere la necesidad de aplicar jornadas diarias de hasta 12 horas, sin exceder las 60 horas a la semana para tipos de trabajos específicos, como aquellos en los que se requiere un funcionamiento continuo, los que solamente se necesita la presencia del empleado, o los casos en los que haya mutuo.
Los miembros de la comisión reconocieron la necesidad de proteger a las embarazadas del despido o desahucio durante el período de gestación y los tres meses posteriores al parto. Aunque abren la posibilidad de que se pueda saltar la norma, si la trabajadora lo acepta.
Los sindicatos también rechazan la posibilidad de que el empleador pueda someter a sus empleados a exámenes médicos, a fin de determinar consumo de drogas ilegales, alcohol, la presencia de alguna incapacidad que le impida desempeñar sus funciones.
EMBARGO DEL SALARIO
“Los patronos quieren que solo se reconozca la cesantía hasta tres años y que el cálculo sea sobre el salario mínimo del sistema de seguridad social, que en este momento es de RD$34,000”, denunció Rafael Abreu.
Esto implicaría que la cantidad del auxilio por desahucio no guardaría relación con el salario devengado por el trabajador al momento de la culminación del contrato por decisión del empleador.
El dirigente sindical también rechazó la propuesta de que se permita embargar el salario por una proporción superior al 15%, cuando el trabajador haya cometido algún daño material en contra de la empresa. Abreu además denunció las intenciones de reducir el período de dos meses a 15 días el tiempo para recontratar a empleados de las construcción sin que el empleador adquiera la responsabilidad de otorgar cesantía. Con el trabajo del campo se pretende reducir el período de seis a cuatro meses.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.