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Comisión acuerda tocar la cesantía
Los representantes de empleadores y gobierno en la comisión que estudia el Código de Trabajo acordaron la posibilidad de establecer topes a la cesantía, aumentar a entre 48 y 60 las horas semanales de trabajo, despedir a trabajadoras embarazadas de mutuo acuerdo y realizar exámenes médicos a los empleados, entre otros puntos.
Estos planteamientos se desprenden de la propuesta elaborada por la comisión que estudia el Código de Trabajo desde octubre del año pasado. El próximo paso es presentarla al poder ejecutivo, el cual conformó la comisión.
De inmediato el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (Cenus), Rafael Abreu, rechazó la propuesta y explicó que todavía se necesita la discusión de los interlocutores del diálogo tripartito: gobierno, sindicatos y patronos. Luego queda el debate en el Congreso para determinar finalmente cuáles cambios se aplicará a la ley que rige las relaciones entre empleadores y empleados.
“Se reconoce la validez del derecho al desahucio, ejercido por los empleadores bajo la modalidad de liquidación anual o por cualquier período, siempre que este derecho sea ejercido por acuerdo en el contrato de trabajo entre las partes”, reza la propuesta.
Esta propuesta de modificación permite que el acuerdo mutuo establecido en el contrato permita 48 horas de trabajo semanal, con jornadas diarias de 12 durante cuatro días. Según Abreu, además de aumentar el trabajo, este punto abriría las puertas al desconocimiento de los pagos adicionales por tiempo extra o días feriados.
También la comisión sugiere la necesidad de aplicar jornadas diarias de hasta 12 horas, sin exceder las 60 horas a la semana para tipos de trabajos específicos, como aquellos en los que se requiere un funcionamiento continuo, los que solamente se necesita la presencia del empleado, o los casos en los que haya mutuo.
Los miembros de la comisión reconocieron la necesidad de proteger a las embarazadas del despido o desahucio durante el período de gestación y los tres meses posteriores al parto. Aunque abren la posibilidad de que se pueda saltar la norma, si la trabajadora lo acepta.
Los sindicatos también rechazan la posibilidad de que el empleador pueda someter a sus empleados a exámenes médicos, a fin de determinar consumo de drogas ilegales, alcohol, la presencia de alguna incapacidad que le impida desempeñar sus funciones.
EMBARGO DEL SALARIO
“Los patronos quieren que solo se reconozca la cesantía hasta tres años y que el cálculo sea sobre el salario mínimo del sistema de seguridad social, que en este momento es de RD$34,000”, denunció Rafael Abreu.
Esto implicaría que la cantidad del auxilio por desahucio no guardaría relación con el salario devengado por el trabajador al momento de la culminación del contrato por decisión del empleador.
El dirigente sindical también rechazó la propuesta de que se permita embargar el salario por una proporción superior al 15%, cuando el trabajador haya cometido algún daño material en contra de la empresa. Abreu además denunció las intenciones de reducir el período de dos meses a 15 días el tiempo para recontratar a empleados de las construcción sin que el empleador adquiera la responsabilidad de otorgar cesantía. Con el trabajo del campo se pretende reducir el período de seis a cuatro meses.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.