Nacionales
Comité de Lucha Contra el Cambio Climático critica bonos soberanos para financiar a Punta Catalina
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático calificó como un abuso de poder la reciente emisión de US$500 millones de bonos para el pago de deudas por préstamos externos.
Criticó que se acuda a entidades crediticias no reguladas en la bolsa de valores de Nueva York para financiar a Punta Catalina con el propósito de mantener el contrato de Odebrecht en dicha obra.
“Esta emisión de bonos y su venta en el mercado internacional no regulado es el más reciente acto de abuso de poder del gobierno en la construcción de las dos plantas de carbón de Punta Catalina”, expresó.
Dijo que en vez de rescindir el contrato de Odebrecht en Punta Catalina e inhabilitar a esta empresa de por vida como contratista del Estado, como lo establece la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, el gobierno persiste en continuar aun cuando pierda el financiamiento europeo por este motivo.
“El gobierno vendió estos bonos por fuera de la Ley de Valores de EUA de 1933, en un mercado en el que actúan agentes crediticios sin la regulación de la bolsa de valores de Nueva York ni de ninguna otra entidad”, añadió el comité.
Con estos bonos el país pagará el doble de los intereses y en menos tiempo que con el financiamiento europeo. Mientras el préstamo europeo es a una tasa de 2.275% anual pagadero en 15 años, estos bonos han sido negociados a una tasa de 5.10% a diez años, o sea el doble del financiamiento europeo, para ser amortizados en mucho menos tiempo.
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”, agregó.
Dijo que la mayor parte de la inversión que el gobierno ha realizado en Punta Catalina es ilegal y anticonstitucional, debido a que ha provenido del ahorro de la factura internacional del petróleo desviado hacia esta obra sin estar consignado este destino en la Ley de Presupuesto de la Nación o sin haber sido previamente autorizado por el Congreso Nacional.
Destacó que en esta carrera alocada y desesperada para financiar a Punta Catalina, el gobierno atacó a los fondos de pensiones de los trabajadores de los cuales pretendía sacar 600 millones de dólares para esta obra, sometió al Banco de Reservas a continuos préstamos para cubrir las operaciones de Punta Catalina sin respetar las medidas prudenciales, lo que colocó a este banco fuera del encaje legal.
“Desde que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no pudo desembolsar el financiamiento de 636 millones de dólares, a causa de la implicaciones de Odebrecht en el escándalo de Lava Jato y por estar este préstamo bajo sospecha de tráfico de influencias, el gobierno debió rescindir el contrato con Odebrecht por incumplimiento de esa empresa de la condición “Llave en mano” establecida en el contrato de construcción”.
Sin embargo, indicó que el gobierno continúo con Odebrecht supliendo el crédito perdido precisamente a causa de la conducta corrupta de esta empresa, con el financiamiento interno, completamente ilegal e inconstitucional que en otro país medianamente institucionalizado le hubiera costado el puesto al Presidente de la República.
Relató que después de haber estallado el mega escándalo de Odebrecht por confesión propia ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil, el 21 de diciembre pasado, el gobierno ha protegido esta empresa con un acuerdo que la exime de la persecución penal por sus actuaciones delictivas, y ante la suspensión del desembolso del crédito europeo por la corrupción de Odebrecht ha optado por sustituir este financiamiento por el de los bonos internacionales más caro y en perores condiciones.
El país debe detener esta cadena de abusos de poder y someter a la ley al gobierno y al Presidente Danilo Medina para que no continúe afectando a la economía nacional y a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, en aras de un proyecto inmensamente contaminante y corrupto como es la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.