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Comité de Lucha Contra el Cambio Climático critica bonos soberanos para financiar a Punta Catalina
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático calificó como un abuso de poder la reciente emisión de US$500 millones de bonos para el pago de deudas por préstamos externos.
Criticó que se acuda a entidades crediticias no reguladas en la bolsa de valores de Nueva York para financiar a Punta Catalina con el propósito de mantener el contrato de Odebrecht en dicha obra.
“Esta emisión de bonos y su venta en el mercado internacional no regulado es el más reciente acto de abuso de poder del gobierno en la construcción de las dos plantas de carbón de Punta Catalina”, expresó.
Dijo que en vez de rescindir el contrato de Odebrecht en Punta Catalina e inhabilitar a esta empresa de por vida como contratista del Estado, como lo establece la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, el gobierno persiste en continuar aun cuando pierda el financiamiento europeo por este motivo.
“El gobierno vendió estos bonos por fuera de la Ley de Valores de EUA de 1933, en un mercado en el que actúan agentes crediticios sin la regulación de la bolsa de valores de Nueva York ni de ninguna otra entidad”, añadió el comité.
Con estos bonos el país pagará el doble de los intereses y en menos tiempo que con el financiamiento europeo. Mientras el préstamo europeo es a una tasa de 2.275% anual pagadero en 15 años, estos bonos han sido negociados a una tasa de 5.10% a diez años, o sea el doble del financiamiento europeo, para ser amortizados en mucho menos tiempo.
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”, agregó.
Dijo que la mayor parte de la inversión que el gobierno ha realizado en Punta Catalina es ilegal y anticonstitucional, debido a que ha provenido del ahorro de la factura internacional del petróleo desviado hacia esta obra sin estar consignado este destino en la Ley de Presupuesto de la Nación o sin haber sido previamente autorizado por el Congreso Nacional.
Destacó que en esta carrera alocada y desesperada para financiar a Punta Catalina, el gobierno atacó a los fondos de pensiones de los trabajadores de los cuales pretendía sacar 600 millones de dólares para esta obra, sometió al Banco de Reservas a continuos préstamos para cubrir las operaciones de Punta Catalina sin respetar las medidas prudenciales, lo que colocó a este banco fuera del encaje legal.
“Desde que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no pudo desembolsar el financiamiento de 636 millones de dólares, a causa de la implicaciones de Odebrecht en el escándalo de Lava Jato y por estar este préstamo bajo sospecha de tráfico de influencias, el gobierno debió rescindir el contrato con Odebrecht por incumplimiento de esa empresa de la condición “Llave en mano” establecida en el contrato de construcción”.
Sin embargo, indicó que el gobierno continúo con Odebrecht supliendo el crédito perdido precisamente a causa de la conducta corrupta de esta empresa, con el financiamiento interno, completamente ilegal e inconstitucional que en otro país medianamente institucionalizado le hubiera costado el puesto al Presidente de la República.
Relató que después de haber estallado el mega escándalo de Odebrecht por confesión propia ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil, el 21 de diciembre pasado, el gobierno ha protegido esta empresa con un acuerdo que la exime de la persecución penal por sus actuaciones delictivas, y ante la suspensión del desembolso del crédito europeo por la corrupción de Odebrecht ha optado por sustituir este financiamiento por el de los bonos internacionales más caro y en perores condiciones.
El país debe detener esta cadena de abusos de poder y someter a la ley al gobierno y al Presidente Danilo Medina para que no continúe afectando a la economía nacional y a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, en aras de un proyecto inmensamente contaminante y corrupto como es la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
acento.com.do
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.