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Comité de Lucha Contra el Cambio Climático critica bonos soberanos para financiar a Punta Catalina
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático calificó como un abuso de poder la reciente emisión de US$500 millones de bonos para el pago de deudas por préstamos externos.
Criticó que se acuda a entidades crediticias no reguladas en la bolsa de valores de Nueva York para financiar a Punta Catalina con el propósito de mantener el contrato de Odebrecht en dicha obra.
“Esta emisión de bonos y su venta en el mercado internacional no regulado es el más reciente acto de abuso de poder del gobierno en la construcción de las dos plantas de carbón de Punta Catalina”, expresó.
Dijo que en vez de rescindir el contrato de Odebrecht en Punta Catalina e inhabilitar a esta empresa de por vida como contratista del Estado, como lo establece la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, el gobierno persiste en continuar aun cuando pierda el financiamiento europeo por este motivo.
“El gobierno vendió estos bonos por fuera de la Ley de Valores de EUA de 1933, en un mercado en el que actúan agentes crediticios sin la regulación de la bolsa de valores de Nueva York ni de ninguna otra entidad”, añadió el comité.
Con estos bonos el país pagará el doble de los intereses y en menos tiempo que con el financiamiento europeo. Mientras el préstamo europeo es a una tasa de 2.275% anual pagadero en 15 años, estos bonos han sido negociados a una tasa de 5.10% a diez años, o sea el doble del financiamiento europeo, para ser amortizados en mucho menos tiempo.
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”, agregó.
Dijo que la mayor parte de la inversión que el gobierno ha realizado en Punta Catalina es ilegal y anticonstitucional, debido a que ha provenido del ahorro de la factura internacional del petróleo desviado hacia esta obra sin estar consignado este destino en la Ley de Presupuesto de la Nación o sin haber sido previamente autorizado por el Congreso Nacional.
Destacó que en esta carrera alocada y desesperada para financiar a Punta Catalina, el gobierno atacó a los fondos de pensiones de los trabajadores de los cuales pretendía sacar 600 millones de dólares para esta obra, sometió al Banco de Reservas a continuos préstamos para cubrir las operaciones de Punta Catalina sin respetar las medidas prudenciales, lo que colocó a este banco fuera del encaje legal.
“Desde que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no pudo desembolsar el financiamiento de 636 millones de dólares, a causa de la implicaciones de Odebrecht en el escándalo de Lava Jato y por estar este préstamo bajo sospecha de tráfico de influencias, el gobierno debió rescindir el contrato con Odebrecht por incumplimiento de esa empresa de la condición “Llave en mano” establecida en el contrato de construcción”.
Sin embargo, indicó que el gobierno continúo con Odebrecht supliendo el crédito perdido precisamente a causa de la conducta corrupta de esta empresa, con el financiamiento interno, completamente ilegal e inconstitucional que en otro país medianamente institucionalizado le hubiera costado el puesto al Presidente de la República.
Relató que después de haber estallado el mega escándalo de Odebrecht por confesión propia ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil, el 21 de diciembre pasado, el gobierno ha protegido esta empresa con un acuerdo que la exime de la persecución penal por sus actuaciones delictivas, y ante la suspensión del desembolso del crédito europeo por la corrupción de Odebrecht ha optado por sustituir este financiamiento por el de los bonos internacionales más caro y en perores condiciones.
El país debe detener esta cadena de abusos de poder y someter a la ley al gobierno y al Presidente Danilo Medina para que no continúe afectando a la economía nacional y a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, en aras de un proyecto inmensamente contaminante y corrupto como es la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
acento.com.do
Santo Domingo. – Este jueves la Junta Central Electoral (JCE) realizó una nueva presentación del proyecto de renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral en un encuentro con diversas organizaciones políticas del país.
La actividad fue encabezada por el Pleno del órgano electoral, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; el secretario general, Sonne Beltré. También estuvieron presentes los miembros suplentes Prado López y Anibelca Rosario.
Presentes también los miembros de la comisión técnica del proyecto de la nueva cédula, integrada por los directores de Cedulación, Américo Rodríguez; de Informática, Johnny Rivera; de Registro Civil, Rhina Díaz; de Registro Electoral, Luis Mariano Matos; de Elecciones, Mario Núñez; del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda; y de Partidos Políticos, Lenis García.
Al dirigirse a los representantes de las organizaciones políticas, el presidente de la JCE enfatizó la relevancia de la cédula como un documento fundamental no solo para la identificación de los ciudadanos, sino también para el ejercicio de sus derechos y deberes en la vida cívica.
Jáquez Liranzo destacó que el proyecto de renovación de la cédula no solo busca modernizar el documento, sino que también promete un ahorro significativo de recursos para el Estado a mediano y largo plazo.
Resaltó que la nueva cédula permitirá una mayor durabilidad, evitando la necesidad de cambios frecuentes y facilitando la interoperabilidad y su modernización.
Presentación
En tanto que el director de Cedulación, Américo Rodríguez, destacó que la presentación del nuevo documento tiene como finalidad dar a conocer las decisiones tomadas por el Pleno de la Junta Central Electoral e integrar las mejores prácticas internacionales, el criterio de expertos, así como detallar las características de seguridad, logística y organización del proyecto.
En el marco de la presentación, la directora de Registro Civil, Rhina Díaz, señaló que el registro oportuno y fuera de plazo no tiene costo y exhortó a la ciudadanía acercarse a la JCE a buscar sus actas de nacimiento para que obtengan su Cédula de Identidad y de Identidad Electoral.
Partidos felicitan a la JCE
Las organizaciones políticas felicitaron y reconocieron al Pleno y a los directores de la JCE “por la seguridad, transparencia y claridad demostradas en el proyecto de renovación del documento de identidad, durante este ciclo de presentaciones.
Organizaciones participantes
En esta ocasión participaron los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Esperanza Democrática (PED), Opción Democrática (OD), Generación de Servidores, Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Revolucionario Independiente (PRI), Frente Amplio, Socialista Cristiano (PSC), Demócrata Institucional (PDI), Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Camino Nuevo (PCN).
Santo Domingo, R.D.-Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, principal implicado en el caso Medusa, consideró que este se ha extendido más allá de lo razonable, encontrándose privado de libertad por casi cuatro años, sin que se haya iniciado el juicio de fondo en su contra.
Manifestó que el proceso se ha prolongado debido a una errónea política de “arrestar y luego investigar”, en lugar de seguir el principio fundamental de “investigar y luego someter”.
Indicó que hace ya cuatro años se presentó voluntariamente ante las autoridades; no obstante, fue inmediatamente arrestado. A partir de ese momento, en lugar de presentar una acusación con celeridad, en tres meses, como lo contempla ordinariamente la norma, decidieron solicitar al juez un plazo extraordinario de ocho meses.
Explicó que dejaron vencer ese plazo y solicitaron al mismo juez una prórroga de cuatro meses adicionales, la cual también dejaron vencer.
Destacó el ex procurador que a esto se sumó la negativa de entregar la carpeta fiscal y las pruebas de descargo solicitadas en múltiples ocasiones, aun cuando la norma los obliga y el juez de la instrucción así se lo ordenó.
Señaló que, asimismo, en lugar de entregar las más de 3,000 supuestas pruebas en formato físico, conforme lo ordena la ley, decidieron depositar un defectuoso disco duro que incluía cientos de archivos digitales dañados.
Consideró que técnicos del Poder Judicial certificaron estos errores, y el juez de la instrucción les ordenó en varias ocasiones su corrección y una nueva entrega adecuada.
Además, destacó que se incluyó una abultada acusación de más de 12 mil páginas, redactada y presentada de manera enrevesada e incomprensible, cuya lectura es obligatoria en cada etapa del juicio, generando numerosas violaciones al debido proceso y casi dos años adicionales de retraso.
Resaltó que, ante el debate contradictorio y la evidencia presentada, el juez apoderado decidió en audiencia pública que las dilaciones de este proceso han sido provocadas por el Estado y no por Alain Rodríguez, tal como se puede verificar en la resolución judicial.
Destacó que, recientemente, la Corte de Apelación confirmó la falta de imparcialidad de los jueces asignados para el juicio de fondo y ordenó la designación de un nuevo tribunal mediante sorteo aleatorio, generando otro retraso que persiste, mientras lo mantienen privado de libertad.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Senado de la República aprobó en segunda lectura una modificación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, con la que se extendería a dos años la vigencia de la licencia en estos artefactos.
Esta es la segunda ocasión que el Senado envía esta pieza a la Cámara de Diputados, luego de que fuese aprobada el pasado 9 de marzo y perimiera en la Cámara de Diputados.
La reforma a la pieza legislativa depositada por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Victoria Yeb, establece una modificación a varios artículos y algunos literales.
Sin embargo, la aprobación absoluta de esta modificación a la ley en el Congreso Nacional dependerá enteramente de la Cámara Baja, donde será depositada y estudiada por los congresistas.
Tal es el caso del artículo 21, en el cual indica que las licencias otorgadas al amparo de la presente ley se emitirán de forma “individualizada” y son de carácter “intransferible”.
“Las licencias tendrán vigencia de dos (2) años. La renovación de las licencias será a solicitud del titular de forma personal e intransferible y se efectuará cuando se haya vencido, por cambio de dueño, deterioro o pérdida de la misma, siempre que no existiese ninguna de las causales de inelegibilidad”, indica el primer párrafo de este artículo.
Además, específica que las licencias que no hayan sido renovadas en la fecha correspondiente pagará un recargo equivalente a un 3% mensual sobre el valor del importe de la licencia y las autoridades policiales podrán proceder a incautarla.
El tercer párrafo de esta ley destaca que al momento de expedición de las licencias, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) deberá tomar las huellas biométricas del solicitante.
Asimismo, según expresa el documento legal, el MIP podrá regular el registro y las características físicas del arma utilizando tecnologías de balística forense.
“Presentar cada dos años los resultados de la prueba antidopaje y alcohol realizadas en un laboratorio acreditado y certificado por el MIP”, ordenan ambos literales.
El total de los votos al momento de conocer la segunda lectura de este arreglo legislativo, aprobado el pasado 19 de marzo en primera lectura por el Senado, fue de 22, con 18 a favor y 4 rechazos.