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Comité de Lucha Contra el Cambio Climático critica bonos soberanos para financiar a Punta Catalina
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático calificó como un abuso de poder la reciente emisión de US$500 millones de bonos para el pago de deudas por préstamos externos.
Criticó que se acuda a entidades crediticias no reguladas en la bolsa de valores de Nueva York para financiar a Punta Catalina con el propósito de mantener el contrato de Odebrecht en dicha obra.
“Esta emisión de bonos y su venta en el mercado internacional no regulado es el más reciente acto de abuso de poder del gobierno en la construcción de las dos plantas de carbón de Punta Catalina”, expresó.
Dijo que en vez de rescindir el contrato de Odebrecht en Punta Catalina e inhabilitar a esta empresa de por vida como contratista del Estado, como lo establece la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, el gobierno persiste en continuar aun cuando pierda el financiamiento europeo por este motivo.
“El gobierno vendió estos bonos por fuera de la Ley de Valores de EUA de 1933, en un mercado en el que actúan agentes crediticios sin la regulación de la bolsa de valores de Nueva York ni de ninguna otra entidad”, añadió el comité.
Con estos bonos el país pagará el doble de los intereses y en menos tiempo que con el financiamiento europeo. Mientras el préstamo europeo es a una tasa de 2.275% anual pagadero en 15 años, estos bonos han sido negociados a una tasa de 5.10% a diez años, o sea el doble del financiamiento europeo, para ser amortizados en mucho menos tiempo.
“Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no es fija. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país”, agregó.
Dijo que la mayor parte de la inversión que el gobierno ha realizado en Punta Catalina es ilegal y anticonstitucional, debido a que ha provenido del ahorro de la factura internacional del petróleo desviado hacia esta obra sin estar consignado este destino en la Ley de Presupuesto de la Nación o sin haber sido previamente autorizado por el Congreso Nacional.
Destacó que en esta carrera alocada y desesperada para financiar a Punta Catalina, el gobierno atacó a los fondos de pensiones de los trabajadores de los cuales pretendía sacar 600 millones de dólares para esta obra, sometió al Banco de Reservas a continuos préstamos para cubrir las operaciones de Punta Catalina sin respetar las medidas prudenciales, lo que colocó a este banco fuera del encaje legal.
“Desde que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no pudo desembolsar el financiamiento de 636 millones de dólares, a causa de la implicaciones de Odebrecht en el escándalo de Lava Jato y por estar este préstamo bajo sospecha de tráfico de influencias, el gobierno debió rescindir el contrato con Odebrecht por incumplimiento de esa empresa de la condición “Llave en mano” establecida en el contrato de construcción”.
Sin embargo, indicó que el gobierno continúo con Odebrecht supliendo el crédito perdido precisamente a causa de la conducta corrupta de esta empresa, con el financiamiento interno, completamente ilegal e inconstitucional que en otro país medianamente institucionalizado le hubiera costado el puesto al Presidente de la República.
Relató que después de haber estallado el mega escándalo de Odebrecht por confesión propia ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil, el 21 de diciembre pasado, el gobierno ha protegido esta empresa con un acuerdo que la exime de la persecución penal por sus actuaciones delictivas, y ante la suspensión del desembolso del crédito europeo por la corrupción de Odebrecht ha optado por sustituir este financiamiento por el de los bonos internacionales más caro y en perores condiciones.
El país debe detener esta cadena de abusos de poder y someter a la ley al gobierno y al Presidente Danilo Medina para que no continúe afectando a la economía nacional y a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, en aras de un proyecto inmensamente contaminante y corrupto como es la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
acento.com.do
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.