Opinión
¿Cómo alcanzar el fin de la impunidad?
Por Narciso Isa Conde
A la luz de la creciente podredumbre que exhiben todos los poderes del Estado, todas la instituciones y quienes las dirigen…
A la luz de los viejos escándalos de corrupción protegidos por el régimen de impunidad y de los nuevos estallidos de pus, que como los de las mafias del gas propano, de la JCE-escaners y la de la tierras del CEA en Boca Chica (conectadas con las mafias congresual y palaciega)…
…Se evidencia cada más que meter en la cárcel los corruptos, recuperar lo robado y asegurar el fin de la impunidad (para traducir todo eso en bienestar social), nos exige desmantelar esta institucionalidad podrida y obligar a dimitir a las autoridades mafiosas que las encabezan; esto es, ponerle fin deshonrosamente al régimen político establecido.
Porque…
Con este presidente…
Con este gobierno…
Con este Poder Judicial…
Con este Ministerio Público…
Con estas “altas cortes”…
Con este Congreso…
Con esta Policía Nacional, DNCD y DNI…
Con estos mandos militares…
Con este poder constituido mafioso…
Con el cogollo del PLD o de cualquier otro de los partidos tradicionales al frente del Estado, incluidos la alianza de los llamados partidos de oposición…
Entidades ilegitimas todas comprometidas con la corrupción, cuyos administradores garantizan la impunidad de sus delitos de Estado y de casi todos los delitos cometidos a beneficio de los sectores poderosos o allegados a ellos, o con dinero para sobornar.
· NO hay tutía.
En este marco institucional putrefacto e ilegítimo NO es posible alcanzar el fin de la impunidad que se ha propuesto el movimiento MARCHA VERDE y erradicar la corruptela política-empresarial.
Tampoco es viable reformar esas instituciones, las leyes y la constitución vigente adecuadamente, porque quienes dirigen y manipulan ese sistema tienen la posibilidad de bloquear –y lo han hecho siempre- toda modificación que los afecte, mientras multiplican la podredumbre.
Estamos, pues, bajo la dominación de una dictadura mafiosa institucionalizada, en la que todos los reclamos de justicia son obstruidos por ella; mientras el sistema electoral está bajo su absoluto control, con variados mecanismos para instrumentar reiterados fraudes que le permiten reciclarse. Estamos cercados.
· ¿Cómo romper el cerco?
Es necesario hacer conciencia sobre esta situación y difundir esta verdad evidenciada en mayor grado durante estos 10 meses de ascenso de la indignación y movilización de una gran parte del pueblo dominicano vestido de verde, para poder darle respuesta a esta especie de tranque y dar un salto en calidad y contundencia política en lo relacionado con las propuestas de cambio y las movilizaciones multitudinarias pendientes.
Esto es urgente en el contexto de la acertada decisión de construir colectivamente un PROGRAMA PARA EL FIN DE LA IMPUNIDAD.
Entonces, no se debe evadir el camino democrático, que este caso no es electoral, no es institucional, sino de alta presión de calle, vía movilizaciones y paralizaciones multitudinarias. Que es de ejercicio de la democracia de calle en grande… hasta crear una crisis de gobernabilidad, provocar el colapso de las instituciones y obligar a dimitir a las autoridades impuestas mediante una gran variedad de fraudes.
Todo esto es imprescindible para dar paso a una transición que abarque un gobierno provisional comprometido con el fin de la impunidad y la reconstrucción del Estado y de un nuevo proyecto de sociedad y nación, a través del ejercicio del poder constituyente y la convocatoria de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que apruebe una nueva Constitución cuyo contenidos, inspirados en la del 63 den respuesta a los anhelos postergados y a los nuevos desafíos políticos.
Con esos fines el pueblo verde movilizado debe convertirse en Poder Constituyente con un programa que incluya una nueva institucionalidad democrática y transformaciones que posibiliten superar las dramáticas carencias y aberraciones que en el campo de la alimentación, la salud, la educación, vivienda relaciones de género, transporte, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad ambiental, ingreso salarial, sistema de justicia, ejercicio de libertades y derechos humanos… provocadas por un modelo neoliberal montado sobre un sistema dictatorial de corrupción y impunidad.
Esto, lejos de excluir, debe incorporar también todas las medidas puntuales, reclamos de reformas coyunturales y demandas inmediatas y cotidianas, que combinadas con esta estrategia de creación de Poder Constituyente, contribuyan a potenciar las movilizaciones, ampliar el abanico social en lucha y profundizar la consciencia política transformadora; lo que exige asumir todas las luchas sociales y políticas que el sistema desprecia, bloquea y reprime.
La relegitimación continua del movimiento Marcha Verde exige asumir consecuentemente esa ruta y proceder a modalidades de luchas superiores a las ya transitadas.
La sociedad, que ha visto en este movimiento el renacer de su esperanza, lo pide a grito. Este Estado mafioso, asociado a mafias empresariales, es insoportable, por lo que no por difícil este reto debe ser evadido. ¡Hay que asumirlo sin vaciliaciones1
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom