Opinión
¿Cómo alcanzar el fin de la impunidad?
Por Narciso Isa Conde
A la luz de la creciente podredumbre que exhiben todos los poderes del Estado, todas la instituciones y quienes las dirigen…
A la luz de los viejos escándalos de corrupción protegidos por el régimen de impunidad y de los nuevos estallidos de pus, que como los de las mafias del gas propano, de la JCE-escaners y la de la tierras del CEA en Boca Chica (conectadas con las mafias congresual y palaciega)…
…Se evidencia cada más que meter en la cárcel los corruptos, recuperar lo robado y asegurar el fin de la impunidad (para traducir todo eso en bienestar social), nos exige desmantelar esta institucionalidad podrida y obligar a dimitir a las autoridades mafiosas que las encabezan; esto es, ponerle fin deshonrosamente al régimen político establecido.
Porque…
Con este presidente…
Con este gobierno…
Con este Poder Judicial…
Con este Ministerio Público…
Con estas “altas cortes”…
Con este Congreso…
Con esta Policía Nacional, DNCD y DNI…
Con estos mandos militares…
Con este poder constituido mafioso…
Con el cogollo del PLD o de cualquier otro de los partidos tradicionales al frente del Estado, incluidos la alianza de los llamados partidos de oposición…
Entidades ilegitimas todas comprometidas con la corrupción, cuyos administradores garantizan la impunidad de sus delitos de Estado y de casi todos los delitos cometidos a beneficio de los sectores poderosos o allegados a ellos, o con dinero para sobornar.
· NO hay tutía.
En este marco institucional putrefacto e ilegítimo NO es posible alcanzar el fin de la impunidad que se ha propuesto el movimiento MARCHA VERDE y erradicar la corruptela política-empresarial.
Tampoco es viable reformar esas instituciones, las leyes y la constitución vigente adecuadamente, porque quienes dirigen y manipulan ese sistema tienen la posibilidad de bloquear –y lo han hecho siempre- toda modificación que los afecte, mientras multiplican la podredumbre.
Estamos, pues, bajo la dominación de una dictadura mafiosa institucionalizada, en la que todos los reclamos de justicia son obstruidos por ella; mientras el sistema electoral está bajo su absoluto control, con variados mecanismos para instrumentar reiterados fraudes que le permiten reciclarse. Estamos cercados.
· ¿Cómo romper el cerco?
Es necesario hacer conciencia sobre esta situación y difundir esta verdad evidenciada en mayor grado durante estos 10 meses de ascenso de la indignación y movilización de una gran parte del pueblo dominicano vestido de verde, para poder darle respuesta a esta especie de tranque y dar un salto en calidad y contundencia política en lo relacionado con las propuestas de cambio y las movilizaciones multitudinarias pendientes.
Esto es urgente en el contexto de la acertada decisión de construir colectivamente un PROGRAMA PARA EL FIN DE LA IMPUNIDAD.
Entonces, no se debe evadir el camino democrático, que este caso no es electoral, no es institucional, sino de alta presión de calle, vía movilizaciones y paralizaciones multitudinarias. Que es de ejercicio de la democracia de calle en grande… hasta crear una crisis de gobernabilidad, provocar el colapso de las instituciones y obligar a dimitir a las autoridades impuestas mediante una gran variedad de fraudes.
Todo esto es imprescindible para dar paso a una transición que abarque un gobierno provisional comprometido con el fin de la impunidad y la reconstrucción del Estado y de un nuevo proyecto de sociedad y nación, a través del ejercicio del poder constituyente y la convocatoria de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que apruebe una nueva Constitución cuyo contenidos, inspirados en la del 63 den respuesta a los anhelos postergados y a los nuevos desafíos políticos.
Con esos fines el pueblo verde movilizado debe convertirse en Poder Constituyente con un programa que incluya una nueva institucionalidad democrática y transformaciones que posibiliten superar las dramáticas carencias y aberraciones que en el campo de la alimentación, la salud, la educación, vivienda relaciones de género, transporte, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad ambiental, ingreso salarial, sistema de justicia, ejercicio de libertades y derechos humanos… provocadas por un modelo neoliberal montado sobre un sistema dictatorial de corrupción y impunidad.
Esto, lejos de excluir, debe incorporar también todas las medidas puntuales, reclamos de reformas coyunturales y demandas inmediatas y cotidianas, que combinadas con esta estrategia de creación de Poder Constituyente, contribuyan a potenciar las movilizaciones, ampliar el abanico social en lucha y profundizar la consciencia política transformadora; lo que exige asumir todas las luchas sociales y políticas que el sistema desprecia, bloquea y reprime.
La relegitimación continua del movimiento Marcha Verde exige asumir consecuentemente esa ruta y proceder a modalidades de luchas superiores a las ya transitadas.
La sociedad, que ha visto en este movimiento el renacer de su esperanza, lo pide a grito. Este Estado mafioso, asociado a mafias empresariales, es insoportable, por lo que no por difícil este reto debe ser evadido. ¡Hay que asumirlo sin vaciliaciones1
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.