Economía
Cómo es el concepto de gastos tributarios
Los gastos tributarios son los impuestos que el Estado deja de percibir por los tratamientos diferenciados que se otorgan a determinados contribuyentes o actividades. Por tanto, se podría inferir que, si queremos un sistema tributario equitativo y aumentar la recaudación, simplemente deberían ser eliminados estos tratamientos diferenciados. Sin embargo, para entender el concepto de gastos tributarios y sus implicaciones debemos tomar en cuenta los dos elementos que lo componen: el sistema tributario de referencia y la forma de medición.
El sistema tributario de referencia es el punto de partida para determinar qué es un tratamiento diferenciado y los países pueden definirlo de tres formas distintas: 1) definición conceptual, que compara su sistema tributario con un sistema tributario ideal, basado en el deber ser o en las mejores prácticas; 2) definición legal, que compara el régimen tributario general con los tratamientos diferenciados respecto a este; y 3) definición de subsidio análogo, que es considerar gastos tributarios solo a aquellos que claramente pueden ser sustituidos por un subsidio del Gobierno.
En cuanto a la forma de medirlos, también puede efectuarse de tres formas distintas: 1) ingresos dejados de recaudar; 2) ingresos adicionales; y 3) como gasto directo equivalente. El primer método no considera el comportamiento de las personas en caso de que sea eliminado el tratamiento diferenciado; mientras que el segundo método sí toma en cuenta este comportamiento. De su lado, el tercer método se calcula como el subsidio que tendría que dar el Gobierno para mantener el ingreso disponible de las personas.
En la práctica, a partir de los criterios anteriores, cada país determina sus propios procedimientos para identificar y calcular los gastos tributarios. Por este motivo, no resulta completamente adecuado realizar comparaciones directas entre las estimaciones de las diferentes jurisdicciones.
En este contexto, para el caso de República Dominicana los gastos tributarios se miden a partir de un sistema tributario de referencia conceptual o ideal que al compararlo con el régimen aplicado da como resultado la identificación de exoneraciones e incentivos tributarios contenidos tanto en el régimen tributario general como en leyes de incentivos tributarios. El caso más palpable son las exenciones generales de ITBIS que, aunque están contenidas en el Código Tributario, se consideran un gasto tributario. Por otro lado, los tratamientos diferenciados del Impuesto sobre la Renta producto de aplicar el Régimen Simplificado de Tributación o el mínimo exento a las personas naturales, se consideran parte del régimen tributario de referencia.
En cuanto al método de medición, en el país se utiliza el criterio del ingreso dejado de recaudar, que sobreestima el efecto potencial recaudatorio, al no tomar en cuenta el comportamiento de las personas en caso de que se elimine el incentivo, es decir, los niveles de incumplimiento y los cambios de conducta ante un cambio de política.
Tomando en consideración estos elementos, el Ministerio de Hacienda estima anualmente unos gastos tributarios que oscilan entre 4.5% y 4.8% del PIB, partiendo de los tratamientos diferenciados respecto al régimen tributario de referencia contenidos en el Código Tributario y en unas 54 legislaciones identificadas que disponen exenciones o crean regímenes de incentivos fiscales.
La identificación y medición de los gastos tributarios es una buena práctica que ha sido impulsada por los organismos internacionales en los últimos 40 años y que empezó en Estados Unidos y Alemania a finales de la década de 1960 como un ejercicio de transparencia del Presupuesto del Estado. En el país su medición comenzó en el año 2008 y forma parte de los documentos que acompañan al Presupuesto General del Estado, conforme lo dispone la Ley 423-06 Orgánica del Presupuesto del Sector Público, aprobada en el marco de las leyes que modernizaron la Hacienda Pública.
La medición e identificación de los gastos tributarios ha sido el primer paso para mejorar las políticas públicas en torno a las exenciones e incentivos tributarios, permitiendo evaluar su efectividad, a través de los análisis costo-beneficio, o implementando mecanismos de control, como las autorizaciones previas a su aprovechamiento o los mecanismos de pago y devolución.
Está claro que en una evaluación del sistema tributario dominicano debemos considerar una revisión de los gastos tributarios; no obstante, su eliminación no siempre será socialmente deseable o eficiente y esta no se traducirá de manera automática en recaudación equivalente al monto estimado dejado de recaudar.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.