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Opinión

¿Cómo resarcir tanto dolor?

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Por Juan Bolívar Díaz

JUAN-BOLIVAR-DIAZ-2-300x199111-e1372603134555Los “Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929-2007″ presentados el martes 26 de mayo por la Junta Central Electoral (JCE), constituyen una confesión de la magnitud de la injusticia, de la iniquidad y crueldad desatada desde el 2007 contra decenas de miles de dominicanos y dominicanas  de ascendencia extranjera, en alto porcentaje de origen haitiano.

Es seguro que en medio de la crisis del partido de gobierno ha pasado desapercibido un informe tan revelador de la magnitud y la injusticia del genocidio civil que puso en marcha la propia JCE a partir del 2007 cuando comenzó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento y la emisión de cédulas de identidad a miles de personas por su origen extranjero, por simple resolución administrativa  y en flagrante violación de la ley del Registro Civil, que restringe tal decisión a un dictamen judicial y en casos individuales.

El informe presentado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se puede resumir en que atendiendo a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional  “inventariamos 116 mil 506 libros, que tienen 16 millones 748 mil 568 folios”… “De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53 mil 827 libros, que a su  vez recogen 10 millones 321 mil 799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar”, por lo que “Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido (1929-2007), apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, el 99.42%  no evidenció la inconsistencia de éstos últimos”.

Con alborozo,  el informe consigna que “El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la Ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la JCE, libre de prejuicio y comprometido sólo con el deber”. Se anuncia que a partir de esta misma semana esperaban completar el procedimiento burocrático para poner las actas a disposición de los afectados.

Para no dejar la menor duda de la barbaridad, el informe precisa que “apenas 132 expedientes de los trabajados, darán lugar a un apoderamiento de la justicia”, porque no se correspondían con la Ley o que son fruto de falsedad o alteración documental, como efectivamente instituye la Ley 659 del Registro Civil.

Todo lo indicado quiere decir que durante los últimos ocho años se les negó sus documentos a unas 53 mil personas bajo sospecha de que no les correspondía, a causa del fraude de 132. Es decir que la inconsistencia o ilegalidad del 0.58 por ciento privó durante tanto tiempo al 99.42 por ciento de los “sospechosos” de derechos tan fundamentales como a obtener actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral,  pasaporte para viajar fuera del país, a casarse o divorciarse, inscribirse en una universidad,  realizar transacciones inmobiliarias y financieras y muchos otros actos de la vida civil.

Pero no vayan a creer que los afectados son sólo esos 53 mil, porque un porcentaje de estos han tenido hijos que no han podido registrar en el lapso de 8 años. Nadie puede precisar cuántos serán, pero con dos per cápita ya estaríamos hablando de 159 mil personas afectadas, con el agravante de que ahora habrá que rescatar a los hijos de las listas de los “deportables”  por no haber sido nunca inscritos como dominicanos, o del registro de extranjeros si se acogieron al Plan de Naturalización. A no ser que pretendamos dejar a los padres como dominicanos y a los hijos como extranjeros, lo que ya ha sido denunciado  por muchos de los discriminados.

A cualquiera se le ocurriría preguntar por qué la JCE ignoró la Ley 169-14 y no fue transcribiendo las 53 mil actas en la medida en que comprobaba su procedencia, y esperó  concluir el último folio, con miles de personas clamando por sus documentos. ¿Cómo ha sido posible tanta desidia y crueldad? ¿Por qué no se siguió el mandato de la Ley 659,  lo que implicaba investigar primero y sancionar después a quienes procediera? ¿Cómo y quién resarcirá o indemnizará este inmenso dolor, daño, perjuicio y agravio colectivo?

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Opinión

URIBE-SANTOS-DUQUE… Y RD

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Por Narciso Isa Conde

El llamado “mundo libre” occidental, la denominada “comunidad internacional de naciones democráticas”, con EEUU a la cabeza, nunca admitió tan horripilantes culpas y hasta ideó, protegió y premió esa tragedia.

La toma multitudinaria de las calles y de las urnas por el pueblo colombiano en rebeldía, desgarró definitivamente el manto mediático perverso y el sistema mundial de información y opinión que encubrió y hasta exaltó ese Estado Narco-Terrorista disfrazado de democracia liberal, cruelmente tutelado por controles político-militares estadounidenses e israelí.

El ascenso del Pacto Histórico, encabezado por Petro y Francia, terminó de destapar esa olla pestilente. Ya no será posible ocultar las atrocidades cometidas en el pasado reciente y remoto. No será posible hacer creer tantas mentiras sobre la supuesta democracia de los Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque… Solo mencionar por mencionar hoy unos cuantos y destacar los tres últimos jefes políticos de ese engendro sistémico y de esa gran farsa.

El énfasis focalizado responde a razones prácticas de comunicación, pero también –y sobre todo- a las altas responsabilidades de esos personeros en el endurecimiento de las políticas neoliberales, racismo, machismo, coloniaje…; en la intervención militar estadounidense, despliegue de paramilitarismo criminal, manipulación de narco-corrupción, conversión de fuerzas armadas y policía nacional en componentes del sistema de terror, saqueo ambiental, saboteo de procesos de paz, los abundantes asesinatos políticos, “falsos positivos” a granel, fosas comunes, moto sierras como medios de tortura y muerte, y en entronización de una corriente neofascista en el poder constituido y en los poderes fácticos.

A eso se agrega la inclusión de Colombia en una OTAN genocida y su transformación en una plataforma de agresión regional, de guerra sucia dentro y fuera de ese país, de emplazamiento militares del Comando Sur, y formación y exportación de paramilitares y mercenarios a países vecinos como Venezuela, Ecuador y Haití. ¿El Israel de América?

El llamado “mundo libre” occidental, la denominada “comunidad internacional de naciones democráticas”, con EEUU a la cabeza, nunca admitió tan horripilantes culpas y hasta ideó, protegió y premió esa tragedia. Sus cúpulas políticas, empresariales, culturales, ideológicas, religiosas-fundamentalistas, mediáticas, militares…ayudaron durante décadas al sostenimiento de esa dominación ominosa; realidades presentes en grados diferentes y con expresiones particulares, a nivel regional y mundial.

En ese mismo y perverso tenor nuestra país, su clase gobernante dominante, el CONEP, el sistema tradicional de partidos, sus grandes medios comunicación, su periodismo predominantemente al servicio la dominación imperialista occidental, sus jefes militares y policiales, sus gobiernos presididos por los Leonel, Hipólito, Danilo, Abinader… Lejos de ser excepción, ha sido aliado -o cómplice por omisión, acción, o algunos parecidos- de ese oprobioso régimen colombiano, que devenido en neofascista. !Y todavía ni golpes de pecho hay! Pero si demasiada incubación fascistoide y neocolonial.

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Un legado de campañas electorales

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Por Miguel Guerrero

Una de las prácticas a evitar en los próximos procesos electorales es la de atiborrar la geografía nacional con vallas, letreros y afiches promocionales de los candidatos, que afean las ciudades y carreteras y crean contaminación visual, y en muchos casos un peligro para los conductores, cuando esa promoción oculta señales de tránsito. Finalizada las campañas los partidos incumplen con la obligación de limpiar las áreas embadurnadas con su propaganda, para facilitar, por lo menos el necesario tránsito hacia la normalidad.

En la mayoría de los países la difusión de este tipo de publicidad está muy controlada y la violación de las normas se paga a veces con la anulación de candidaturas o fuertes penalidades económicas. Ese control impone los lugares donde se permite el despliegue de material promocional y su volumen. También establece plazos para el retiro, y el incumplimiento de la norma implica también sanciones para aquellas autoridades responsables de hacerlas cumplir.

Nada de eso se observa en nuestro país, donde los partidos abusan de esa debilidad institucional y no se sienten obligados a respetar el entorno físico de aquellos a quienes cortejan por sus votos. Con frecuencia se alega que muchos candidatos ordenan a sus equipos el retiro de su publicidad promocional. Y eso me pareció un chiste, porque dos años después de las últimas elecciones, esa obligatoria tarea por tradición no se cumple, como puede verse todavía en calles y avenidas de pueblos y ciudades dominicanas.

La razón tal vez sea que a mucha más gente le importa un bledo que las paredes, los parques y los postes del tendido eléctrico de los sectores donde residen estén repletos de promoción electoral que el viento, la lluvia y el sol deterioran, afeando el ambiente en el que crecen sus hijos y nietos.

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El Gobierno a medio camino

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Por Rosario Espinal

Inaceptable que, de 24 ministerios, solo en dos haya ministras. ¡Qué discriminación!

¡El tiempo vuela! Ya se cumplieron dos años del ascenso del PRM al poder. Aunque el inicio tiende a ser más fácil, no en este caso. El Gobierno ha estado administrando una crisis por la pandemia, y luego la guerra en Ucrania, que han generado muertes, inseguridad e inflación en el mundo.

En este contexto adverso, el PRM ha tenido algunos percances propios notorios: renuncia del ministro de la Presidencia, asesinato del ministro de Medio Ambiente, destitución del ministro de Educación. Pero los dominicanos se caracterizan por otorgar largos períodos de gracia a sus presidentes, igual a Luis Abinader.

El Ministerio Público sigue concitando gran apoyo en la población por los expedientes de corrupción a figuras vinculadas a la pasada administración. Ese es el pilar de la aprobación gubernamental. El combate a la corrupción fue la principal oferta electoral del PRM.

En lo económico, la República Dominicana se ha beneficiado de su estrecho vínculo con los Estados Unidos. Los subsidios allá por la pandemia derramaron muchas divisas acá vía remesas, turismo y exportaciones. De ahí, en parte, la estabilidad cambiaria.

Ahora comienza la segunda mitad del Gobierno, un período complejo por varias razones, entre ellas:

1) La gente espera resultados más que anuncios, 2) el poder adquisitivo ha mermado por la inflación y las medidas monetarias para enfrentarla frenan el crecimiento económico, 3) las finanzas públicas son precarias para cubrir subsidios y programas de desarrollo y no hay espacio político para aumentar impuestos (la reforma fiscal fue cancelada para evitar rechazo al Gobierno), y 4) los partidos de oposición se activarán con más críticas porque hay elecciones en menos de dos años.

Los temas que han dominado la preocupación de la ciudadanía son la inflación y la delincuencia. Sobre la inflación hay que esperar para saber si las medidas monetarias antiinflacionarias surtirán su efecto sin causar recesión. Por suerte ha bajado el precio del petróleo.

La delincuencia es un problema que fluctúa en la percepción de la ciudadanía dependiendo de cuánto suben y bajan los robos y asaltos más sonados. No es fácil enfrentarla porque ahí subyace la falta de oportunidades socioeconómicas juveniles, el narco y el microtráfico, y la corrupción policial-militar.

Cuando comience con fuerza la campaña reeleccionista, el Gobierno enfrentará otro desafío: cómo presentarle a la clase media una administración austera, honesta y eficiente que prometió, y a la vez, reeditar el clientelismo propio del Estado dominicano en tiempos de elecciones.

Un asunto que va y viene es que, por la composición social de la cúpula gubernamental, las alianzas público-privadas y los fideicomisos con empresarios para administrar bienes públicos, se ha ido sedimentando la idea de que el Gobierno es de ricos para ricos. Este tema podría resurgir con fuerzas más adelante.

Finalmente, es inaceptable que, de 24 ministerios, solo en dos haya ministras. ¡Qué discriminación!

Hacia el 2024, el PRM tiene a su favor que la oposición está debilitada por los escándalos de corrupción y dividida. No obstante, enfrenta el desafío de concretizar las expectativas de cambio que lo llevó al poder

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