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Cómo ser un detective digital en tiempos de informaciones falsas
Periodistas especializados compartieron consejos y herramientas durante la 10ma. Conferencia Global de Periodismo de Investigación celebrada del 16 al 19 de noviembre en Johannesburgo
JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA. “Si no estás seguro, no lo compartas”, sentenció el periodista sudafricano Raymond Joseph ante un grupo de colegas que lo escuchaba atento.
El especialista en verificación y redes sociales tenía la intención de enseñarles a los periodistas que participaban en la décima Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC, por sus siglas en inglés) cómo ser un detective digital ante la gran cantidad de informaciones falsas que circulan y que muchos dan por verdaderas.
Les recalcaba que los periodistas tienen una gran responsabilidad y no deben ser parte del problema, y lleva años construir una reputación para echarla a perder “con un tonto tuit o publicación incorrecta”.
Pero no solo un periodista debe darse cuenta cuándo una noticia es falsa. Muchas de esas informaciones son distribuidas por usuarios de la internet, en especial de las redes sociales, que al creerlas las comparten, contribuyendo a la desinformación.
En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión, centrada en las llamadas noticias falsas, desinformación y propaganda, las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, expresaron su preocupación por el hecho de que “la desinformación y la propaganda suelen diseñarse e implementarse para inducir a error a una población, así como para interferir con el derecho del público a saber”.
Indicaron que “algunas formas de desinformación y propaganda pueden dañar la reputación individual y la privacidad, o incitar a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra grupos identificables”.
“Los medios de comunicación deben considerar incluir cobertura crítica de desinformación y propaganda como parte de sus servicios de noticias en línea con su papel de perro guardián en la sociedad, particularmente durante las elecciones y en debates sobre asuntos de interés público”, expresaron las entidades en la declaración adoptada el 3 de marzo del presente año.
Joseph explicó que se pueden generar siete modelos de informaciones con falsedades. Se apoyó en la siguiente clasificación elaborada por First Draft News, una coalición creada en 2015 para concienciar y abordar desafíos sobre la confianza y la verdad en la era digital:
Joseph ha sido testigo de muchos cambios en el periodismo e hizo la transición a la narración multimedia y el manejo de datos.
Él considera que Twitter y las demás redes sociales son herramientas muy útiles para el periodismo, y también la verificación de contenido en línea.
En la conferencia, organizada por la Global Investigative Journalism Network (Red Global de Periodismo de Investigación), y también –en esta edición– por la Universidad del Witwatersrand, el especialista compartió una serie de consejos dados por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, para verificar si una información es falsa:
• Prefiera tener razón en vez de arriesgarse a equivocarse en la carrera por ser el primero.
• Revise tres veces antes de publicar en la redes sociales.
• La verificación de los hechos no es algo que a veces se hace; es parte del día a día en el flujo de trabajo como periodista.
• Nunca comparta información no verificada.
• Una vez que está afuera, no se puede recuperar.
• Si obtiene una información incorrecta, corríjala de inmediato, por ejemplo, como un comentario a la publicación incorrecta para que la corrección esté vinculada al error.
• Google Reverse Image Search, RevEye y TinEye son herramientas útiles para verificar contenido. Con una de estas herramientas mostró cómo se comprobó que era falsa una fotografía en la que se veía al presidente de Sudáfrica bailando con una joven en una forma poco diplomática.
A tener en cuenta
Además de lo anterior, Joseph compartió con los periodistas otras herramientas digitales y formas para verificar la procedencia de informaciones que circulan por la internet para hacer el denominado “Fact checking” (comprobación de hechos).
Sin embargo, le recordó a su público lo siguiente: “Las herramientas solo hacen el trabajo pesado, todavía tienes que hacer el periodismo”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.