Opinión
Como un piano en el viento
Por Andrés L. Mateo
Juan Bosch es ahora un insípido florecimiento de la ilusión, una turbia eternidad, una ceguera lúcida que mortifica al discipulado que lo nombra. Aunque sus huesos suenen, inconsolables, como un piano en el viento.
Escribir de estas cosas me hace doler el pensamiento. Bosch explicó, pregonó, regó, multiplicó, rogó, expandió, y esculpió en su práctica, la idea sacrosanta de que el poder debe servir para el bien común. Y que la finalidad de todo acto de gobierno debe promover la dignidad de todos los miembros de la sociedad. Su prédica extraía fuerza de un bello sueño interior, y dejaba filtrar una mirada aguda sobre el futuro que sólo ahora comprendemos. “A los miembros del PLD se les enseña con el estudio y el trabajo cuáles son los peligros a que se expone el país si abandonan por un momento nada más la vigilancia que deben mantener sobre las tendencias disolventes y los vicios de la pequeña burguesía” -escribió el maestro. Pero a pesar de estos señalamientos “los vicios de la pequeña burguesía” saltaron el cerco tendido por las previsiones teóricas, e incluso se enfrentaron en vida a los temores de su creador.
El PLD se fundó el 15 de diciembre de 1973, y ya en el IV Congreso, Juan Bosch dio un portazo colérico, el 15 de marzo de 1991; renunciando a la dirección del partido porque “se había desarrollado una corriente de oportunistas pequeños burgueses que sólo desean tener cargos públicos”. Esa corriente prostituyó sus ideales. Juan Bosch nació para colmar la gran necesidad de su verdad solitaria, tremoló en la defensa de los miserables, pero la medusa pequeño burguesa lo venció, deshilachó sus ideas y lo dejó clavado en un sinsabor asombrado. A ese discipulado corrompido ahora le disgusta el ingrato olor de sus virtudes, y lo acusan de haber vivido en el aire y de husmear la realidad sin demasiada esperanza, como si le reprocharan sus arrebatos, su majestad, su dignidad y su orgullo.
Por encima de algunos festones de rubor, el montón de multimillonarios del discipulado de Juan Bosch en el PLD, encuentra en estos actos aniversarios la ocasión de purgar su traición. Esa herencia alquímica de la moral boschita es como un lujo inútil, que perturba el vértigo de la riqueza obtenida desde el poder. ¡Pero qué valor tiene ahora esa transparencia imborrable, que fue la trama de su vida, para un discipulado que no tiene más objetivo que el dinero, y que piensa que toda su vida fue un heroísmo sin objeto! ¡Oh, Dios! Esa pequeña burguesía del partido que él fundó ama el lujo privilegiado, y se adjudica el usufructo de los aportes del contribuyente a través de la corrupción. De nada valió su advertencia contra la tropilla depredadora de la pequeña burguesía, que se ha transformado en rica y muy rica, y para la cual su moral es un valor insípido en perpetua abolición.
Dentro de tres días el funcionariato del gobierno y del PLD celebrará un aniversario más de la fundación del partido, pero no hay manera de hacer coexistir la vieja estirpe de un moralista cascarrabias, con el lujo y la riqueza que esa dirigencia ha acumulado. Usarán su nombre, pero lo que perseguía Juan Bosch se frustró por completo.
Sus discípulos han despreciado el viejo corazón que se arrugaba. Y renunciar a Juan Bosch es renunciar no sólo a un bien moral, a un valor noble; sino justificar toda la práctica política actual, que incluye la ausencia de institucionalidad y la legitimación de la corrupción. Ahora lo cubrirán de homenajes por los treinta y nueve años de la fundación del partido, pero esos homenajes son una forma de exorcizarlo. Homenajear a Juan Bosch es no permitir que los negociantes de la política se roben el patrimonio público; y levantar el decoro y la ira ante tanta inequidad y abandono. Sus labios están ahora aherrojados por la muerte, pero desde su corazón, y no sin cierta sagrada tristeza mira desvencijado el espectáculo de su pueblo. ¿Es que acaso esos nuevos ricos del PLD pueden invocar a Juan Bosch sin que la lengua se les convierta en cáscara de guayacán reseco, y sus huesos suenen, inconsolables, como un piano en el viento?
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.