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El voto penitenciario para elecciones del 2024 es parte de un plan piloto.

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Una delegación de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Corresponsales inició en el centro de privación de libertad en la Fortaleza Juana Núnez de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, las coordinaciones de lugar para establecer los equipos tecnológicos que requiere este proceso.

Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, manifestó que el estado social y democrático de derecho necesita que las instituciones públicas hagan convenios como este donde se establece un compromiso de devolverle lo que es un derecho fundamental a los privados de libertad. “En el 2016 tuvimos las elecciones para los presos preventivos, pero quisimos ahora dar un paso hacia delante, algo que garantizará lo que hoy es un plan operativo, que es lo que necesita la DGSPC y la Procuraduría para tener un control y pretendemos que este modelo sea replicado en los demás centros penitenciarios”, dijo.

De su lado, Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa un anhelo y un derecho que merecen los privados de libertad, que es el derecho al voto y que el mismo se va a aunar con el derecho a la identidad porque también será abarcado en esta fase.

“Nosotros hemos tenido este anhelo por años en nuestros centros, yo pienso que este convenio va a partir del compromiso del voto penitenciario a darle otros componentes de control de data al sistema penitenciario”, expresó.

La delegación también la integran el consultor jurídico de la DGSPC,  Ángelo Frías, y Mártires Cirilo Quiñones, procurador adjunto, quienes trabajaron junto a los funcionarios de la Junta Central Electoral, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular; Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Luis Mariano Matos, director nacional de Registro Electoral; Yovanny Díaz, subdirector nacional de Cedulación; Génesis Vásquez, encargada  de Operativos Móviles, Claudio Ferreira, encargado de  Desarrollo, y Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación.

La delegación de la JCE encargada de este proyecto explicó que el propósito de la instalación de este piloto en el CCR de Salcedo, será identificar a la población de internos en los recintos penitenciarios y determinar cuáles son los internos preventivos que poseen cédula de identidad y electoral para que puedan ejercer el derecho al voto.

En el acuerdo se establece que solo se realizará el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.

Con la iniciativa se cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.

Para llevar a cabo este procedimiento, se identificarán biométricamente a todos los internos del centro penitenciario y a los que tengan cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica, y al final de cada semana serán enviados los maestros de cedulados desde el centro de cedulación del municipio, previamente autorizados por la DNC, a los fines de que sean anexados a la ficha del centro.

A su vez explicaron que los internos que no hayan sido identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico con la finalidad de anexarle la constancia de solicitud a la ficha del interno.

En este sentido, Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, dijo que este proceso traerá algunos valores agregados porque todos los internos van a quedar registrados biométricamente dentro del sistema de la JCE.

“En el recinto penitenciario se quedaría el recibo que sirva como sustento a la ficha que posee el interno y el que no cuente con un documento de identificación, se le hará un registro en el sistema con la información de su ficha, por lo que quedará un registro con su biometría y sus datos personales, lo que significaría una ventaja de la que el sistema penitenciario le podría sacar provecho”, expresó.

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Emiten resolución en favor de pensionados y jubilados

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Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.

La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.

Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.

Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.

La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

Sobre SISALRIL

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.

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Apresan a varios haitianos por herir y atracar a una mujer de 61 años en Dajabón

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Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas  para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.

En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.

Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.

Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.

Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.

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Declaran inocente al agente de migración acusado de violar a una haitiana en el AILA

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Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del  Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)

La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.

Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.

Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.

De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentencia absolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.

El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.

La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.

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