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El voto penitenciario para elecciones del 2024 es parte de un plan piloto.
Una delegación de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Corresponsales inició en el centro de privación de libertad en la Fortaleza Juana Núnez de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, las coordinaciones de lugar para establecer los equipos tecnológicos que requiere este proceso.
De su lado, Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa un anhelo y un derecho que merecen los privados de libertad, que es el derecho al voto y que el mismo se va a aunar con el derecho a la identidad porque también será abarcado en esta fase.
“Nosotros hemos tenido este anhelo por años en nuestros centros, yo pienso que este convenio va a partir del compromiso del voto penitenciario a darle otros componentes de control de data al sistema penitenciario”, expresó.
La delegación también la integran el consultor jurídico de la DGSPC, Ángelo Frías, y Mártires Cirilo Quiñones, procurador adjunto, quienes trabajaron junto a los funcionarios de la Junta Central Electoral, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular; Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Luis Mariano Matos, director nacional de Registro Electoral; Yovanny Díaz, subdirector nacional de Cedulación; Génesis Vásquez, encargada de Operativos Móviles, Claudio Ferreira, encargado de Desarrollo, y Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación.
La delegación de la JCE encargada de este proyecto explicó que el propósito de la instalación de este piloto en el CCR de Salcedo, será identificar a la población de internos en los recintos penitenciarios y determinar cuáles son los internos preventivos que poseen cédula de identidad y electoral para que puedan ejercer el derecho al voto.
En el acuerdo se establece que solo se realizará el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.
Con la iniciativa se cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Para llevar a cabo este procedimiento, se identificarán biométricamente a todos los internos del centro penitenciario y a los que tengan cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica, y al final de cada semana serán enviados los maestros de cedulados desde el centro de cedulación del municipio, previamente autorizados por la DNC, a los fines de que sean anexados a la ficha del centro.
A su vez explicaron que los internos que no hayan sido identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico con la finalidad de anexarle la constancia de solicitud a la ficha del interno.
En este sentido, Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, dijo que este proceso traerá algunos valores agregados porque todos los internos van a quedar registrados biométricamente dentro del sistema de la JCE.
“En el recinto penitenciario se quedaría el recibo que sirva como sustento a la ficha que posee el interno y el que no cuente con un documento de identificación, se le hará un registro en el sistema con la información de su ficha, por lo que quedará un registro con su biometría y sus datos personales, lo que significaría una ventaja de la que el sistema penitenciario le podría sacar provecho”, expresó.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.