Opinión
Compromiso con los héroes de Abril
Por Juan Bolívar Díaz
Fue particularmente reconfortante concluir en Uno+Uno esta semana un ciclo de cinco paneles sobre la trascendencia de la Revolución Constitucionalista con la participación del ingeniero Ludovino Fernández Fernández, del teniente coronel Francis Caamaño Acevedo y del mayor Juan Lora de León, sendos hijos de los máximos héroes militares de 1965: Rafael Fernández Domínguez, Francisco Caamaño Deñó y Juan María Lora Fernández.
Es relevante que coincidieron en sus apreciaciones sobre la justeza de la gesta histórica de la que estamos conmemorando medio siglo, sobre los ideales y propósitos que guiaron a sus propulsares, civiles y militares, y especialmente cómo han asumido el sacrificio de sus padres. Los tres fueron bien expresivos, pero la condición de civil del ingeniero Ludovino Fernández, hijo del ideólogo militar de la lucha por la restauración del orden constitucional interrumpido por un golpe de Estado, le permitió mayor franqueza.
Fernández, reflejando la integridad y grandeza que adornan también a su madre Arlette Fernández, contó cómo fue educado y criado con alegría, sin tristezas ni resentimientos, empoderado del legado histórico de su padre, pero expresó insatisfacción por el Estado de la nación cincuenta años después, y sus esperanzas de que le demos un cambio para acercarnos a los ideales de tantos que murieron tratando de cambiar el atraso histórico nacional.
La Revolución Constitucionalista fue la gesta más trascendente del siglo pasado, y la de mayor gloria después de la independencia y la restauración de la República. Fue la expresión de varias generaciones que habían luchado contra la opresión y la anarquía y contra la ocupación norteamericana de 1916-24 que nos legó la peor tiranía de América que durante 31 años conculcó todos los derechos y libertades.
Fue la conjunción del valor y la decisión de líderes civiles y militares, mujeres y hombres de diversos estratos sociales, con ideales democráticos, socialistas y socialcristianos que pretendían la restauración del gobierno democrático de Juan Bosch, pero también el reino de la libertad, el imperio del orden y la justicia social. La masiva y valerosa participación popular fue indicativa de los anhelos del pueblo dominicano.
La ignominiosa nueva invasión militar de Estados Unidos cercenó el salto democrático que pretendían los dominicanos, que no se rindieron pese a la infinita superioridad militar del invasor y durante más de cuatro meses escribieron una epopeya patriótica que asombró al mundo con ejemplos de integridad y sentimiento patrio.
Los que sobrevivimos de aquella gesta, en cualquier campo que nos encontremos, tenemos una responsabilidad histórica con la memoria de los héroes y heroínas de abril, no sólo con Caamaño, Fernández y Lora, con Juan Miguel Román, Yolanda Guzmán, Oscar Santana, Ilio Capocci, Jacques Viau o el padre Arturo, para recordar algunos de los más relevantes y diversos, sino con la infinita legión de héroes anónimos.
Hay que recordar el compromiso derivado del valor de todos los combatientes civiles y militares, incluyendo a los que pagarían su osadía en la represión que siguió al acuerdo de paz, y a aquellos seis sacerdotes que evadieron la huida de sus superiores y lucharon en la zona Constitucionalista con el aliento del Nuncio Enmanuel Clarizio. También a los periodistas de Ahora, La Nación y Patria, que compensaron con creces el silencio y la complicidad de los periódicos dominantes. Y los locutores, intelectuales y artistas que mantuvieron en alto la moral de los constitucionalistas. Sin olvidar la voz tronante de José Francisco Peña Gómez, con sus cotidianas arengas patrióticas, y la integridad de Antonio Guzmán, quien renunció a la presidencia que se le ofrecía al no aceptar establecer campos de concentración para los presuntos comunistas.
Con todos y todas pervive el compromiso de superar las dolencias históricas de la nación, que sí podemos, lo que comienza ahora luchando para proscribir el pesimismo, la indiferencia y la resignación que afecta a gran parte de la sociedad dominicana ante la corrupción, la impunidad y la corrosión institucional.
Por Isaías Ramos
Nuestro país se encuentra en una encrucijada crucial, donde el futuro de su democracia y la equidad social están en juego. La persistencia de una estructura política y económica que favorece a una élite, en detrimento del bienestar de la mayoría, plantea un desafío formidable que no podemos ignorar. Nuestro país clama por un cambio profundo que redefina los fundamentos de nuestra sociedad y asegure un futuro justo para todos.
La malversación de recursos y el abuso de poder no son simplemente noticias recurrentes; son realidades que coexisten con niveles alarmantes de pobreza y una inseguridad que afecta a la mayoría de nuestros hogares. Esta situación desalentadora requiere más que soluciones temporales y políticas de subsidios mal enfocadas, las cuales solo sirven para posponer lo inevitable.
Es imperativo que el pueblo dominicano tome las riendas de su destino, rechazando ser meros espectadores de un sistema que perpetúa la desigualdad y se nutre de injusticias. La historia nos enseña que las libertades y derechos se conquistan y mantienen a través de una lucha continua y consciente. Nuestro combate no es solo por necesidades económicas, sino por la dignidad y el futuro de nuestra nación.
Debemos aspirar a una transformación radical del modelo político y económico. Las políticas deben enfocarse en crear condiciones de igualdad de oportunidades, promover la inversión en infraestructura agrícola e industrial, así como apoyar decididamente a las micro, pequeñas y medianas empresas: verdaderas locomotoras del crecimiento local.
La implementación de subsidios y exenciones fiscales a sectores económicos privilegiados debe ser eliminada; estos recursos deben redirigirse hacia sectores donde tengan un impacto directo y medible. Es esencial poner fin a la política del derroche y endeudamiento, transfiriendo los recursos necesarios para incrementar la producción nacional.
El llamado es claro: construir un nuevo amanecer; un despertar nacional que eleve los intereses del pueblo por encima del egoísmo mezquino de una élite desconectada. Es momento de redefinir nuestras prioridades asegurándonos de que cada dominicano sea parte activa e informada sobre este cambio. La partidocracia actual ha fallado en atender los problemas estructurales del país; ya es tiempo promover una verdadera transformación.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que las candidaturas independientes enriquecen la pluralidad, el debate y las ideas. Trabajar unidos para hacer realidad nuestra Constitución y la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el objetivo de vivir plenamente en un Estado Social y Democrático de Derecho para el 2030. Es nuestro norte, definido incluso por aquellos que hasta ahora lo han ignorado. Es esencial lograr su despertar a la conciencia para que no se conviertan en simples testigos, sino también en participantes activos en esta transformación hacia un Estado que verdaderamente refleje nuestros valores y aspiraciones.
Nuestra Patria tiene el potencial de ser un faro de justicia y equidad en la región. Solo mediante un compromiso renovado y genuino con el cambio, así como con la participación de cada ciudadano, podremos transformar nuestro país en un lugar donde la prosperidad sea compartida y la dignidad de todos sea una realidad palpable.
Este es el momento de unirnos y evitar que nuestra nación caiga en un abismo de miseria y opresión, como ha sucedido en otras naciones vecinas. Es el momento de actuar, despertar y luchar por una República Dominicana que honre su promesa de justicia, igualdad y democracia.
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.