Nacionales
Se presentan como turistas en audiencia imputados en Operación Falcón.
Como una burla a la solemnidad que debe primar en el sistema de justicia, los imputados en el caso Falcon se presentaron al salón de la audiencia en sandalias y pantalones cortos como si fueran turistas.
Para colmo la audiencia que busca imponer medidas de coerción a los supuestos miembros de la red de narcotráfico y lavado de activos se inició con una hora y media de retraso
Los encartados, muchos vistiendo pantalones cortos y sandalias, fueron trasladados al tribunal de manera puntual a las 10:00 de la mañana, hora pautada para iniciar la audiencia.
Sin embargo, la audiencia empezó a la 11:30 cuando se presentó la magistrada Iris Borges, jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago.
El caso se ha aplazado en tres ocasiones debido a los incidentes planteados por las defensas, quienes alegan que la magistrada Iris Borges, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, no tiene competencia para conocer el caso en su jurisdicción.
Los abogados también solicitaron sin éxito el traslado del conocimiento de la medida al Distrito Nacional y a una jurisdicción privilegiada, debido al involucramiento de legisladores en el caso, pero todo fue rechazado por el tribunal.
Entre los imputados a los que les conocen la medida están María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
También, contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.Otro imputado
Para el jueves a las 3:00 de la tarde, el juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, conocerá la solicitud de coerción a los imputados Enerio Rafael Sandoval Valdez y Juan Carlos Mosquea Eduardo.
Mientras que contra los hermanos Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many) la Oficina de Atención Permanente no ha fijado la audiencia.
El Ministerio Público acusa al prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite), de ser el cabecilla de esa organización, que operaba desde Santiago.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana aparece como una de las cinco economías más prósperas de América Latina y el Caribe, al alcanzar el quinto lugar en el nuevo “Índice de Prosperidad”.
Así lo aseguran datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismos que evalúan tanto el crecimiento económico como la calidad de vida y el bienestar social.
En el más reciente Índice, que analiza el desarrollo integral de 186 países a partir de factores económicos y sociales, la República Dominicana alcanzó la quinta posición entre 23 países de América Latina y el Caribe, con una puntuación de 37.4 sobre 100.
Con ese resultado, aparece solo detrás de Chile, Uruguay, Panamá y Argentina y supera a naciones relevantes de la región como Brasil, El Salvador, Costa Rica y Colombia.
VARIABLES CLAVES
Este ascenso de la República Dominicana evidencia avances notables en variables claves, como el aumento del Producto Interno Bruto per cápita y la reducción sostenida de la pobreza monetaria.
Con esta nueva clasificación, República Dominicana consolida su posición como una de las economías emergentes más dinámicas de la región, mientras busca cada día transformar el progreso económico en bienestar tangible para sus ciudadanos.
agl/of-am
Santo Domingo, R.D.-Una pareja de esposos, identificados como Yohan Altagracia y Yunior Santos Restrepo, fue condenada por un tribunal de San Pedro de Macorís a 12 y cinco años de cárcel, así como al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos por ser encontrados culpables de narcotráfico y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo explicó que el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís ordenó, además, el decomiso de todos los bienes y activos, incluyendo los derechos sobre bienes muebles e inmuebles lujosos, villas, apartamentos y vehículos de alta gama que fueron obtenidos por los procesados a través del narcotráfico y el lavado de activos.
La investigación reveló que la red introdujo al sistema económico más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachadas para adquirir bienes, muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.
Durante los allanamientos realizados en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo, vehículos de lujo y otros bienes relacionados con la red criminal.
Por el hecho, hay otros miembros con medidas de coerción, esperando la audiencia para su acusación, estos son: a Walky Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Hellwy Santos Restrepo y Danilo Piñeyro Aristy, hermana y cuñado, de Yunior Santos Restrepo.
La procuradora, Ramona Nova, titular de Antilavado del Ministerio Público, manifestó que el órgano persecutor del delito continuará firme para que caiga todo el peso de la ley contra los demás miembros de la red que faltan por procesar.
Aseveró, que la investigación realizada en coordinación con los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes han aportado pruebas suficientes para identificar y vincular a los acusados a los hechos por los que son procesados.
Nacionales
Será este sábado que depositarán solicitud de medida de coerción contra dueños del Jet Set.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción será depositada por el Ministerio Público este sábado en contra de Antonio Espaillat y su hermana Maribel, propietarios de la discoteca Jet Set, ya que se les cumple las 48 horas que establece la Constitución de la República.
Antonio Espaillat fue trasladado la noche del jueves al centro de atención de privación de libertad provisional de este recinto.
El empresario enfrenta varias demandas interpuestas por los familiares de las víctimas mortales de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.
Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los citó a su despacho el pasado jueves.
Según los fiscales, ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, que provocó 236 muertos y más de 180 heridos.
Asimismo los fiscales investigan a los hermanos por el delito de homicidio involuntario. Además, aseguran que ambos intentaron «intimidar o manipular» a empleados que pueden servir de testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.
Igualmente se informó que Maribel Espaillat fue ingresada en un centro de salud luego de estar recluida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los arrestos ocurrieron un día después de que un empleado de Jet Set asegurara que le advirtió con anterioridad a Espaillat que no se podía realizar la fiesta del 8 de abril amenizada por el merenguero Rubby Pérez, en la que fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron lesionadas.
El Ministerio Público pudo acceder al celular del empleado, para extraer conversaciones que tuvo con Espaillat.
Asimismo, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya entregó el informe preliminar a la Procuraduría con la explicación de las causas que produjeron la caída del techo.