Análisis Noticiosos
Con barro hasta las rodillas: ladrilleras argentinas quieren que se formalice su trabajo
Unas 160.000 familias están involucradas en la fabricación artesanal del insumo básico para la construcción. El rol de las mujeres estuvo históricamente invisibilizado en un trabajo exigente y masculinizado
Buenos Aires.-La producción de ladrillos es una actividad tan arraigada como artesanal en todo el territorio argentino. Aunque las estadísticas oficiales son escasas, las últimas de la Secretaría de Minería de la Nación indicaban que unas 160.000 familias se dedican a esta tarea ligada a la construcción y fuertemente influenciada por los ciclos económicos del país. Para entonces, 2011, estos datos no estaban segregados por género, así que es muy difícil saber cuántas trabajan en el sector. Así, la historia de las mujeres ladrilleras estuvo históricamente invisibilizada.
“Al recorrer el país, cuando nos encontrábamos con los trabajadores, ellos decían que hacían las tareas con sus hermanos o sus padres. A los pocos minutos llegaban las mujeres con el barro de los ladrillos hasta las rodillas. Cuando les preguntábamos, ellas decían: ‘Yo ayudo en el horno’. Así fue como comenzamos a juntarnos y charlar para cuantificar y valorar su tarea”, agregó Lemos.
Dos integrantes de la Cooperativa Unión Ladrillera, durante la elaboración artesanal de ladrillos.
Así fue como las mujeres ladrilleras comenzaron a organizarse. En 2016, lograron modificar el estatuto del sindicato para la creación de una Secretaría de Igualdad y Géneros en UOLRA, que tiene presencia en 18 de las 23 provincias del país. Y hace tres años comenzaron con la campaña de visibilización del rol de las mujeres en la actividad ladrillera, con cursos, charlas, conversatorios sobre violencia de género, y otras actividades sociales bajo la siguiente frase: “Trabajo, no ayudo”, con la idea de empoderarse y reconocerse como trabajadoras.
La preparación del ladrillo tiene varias etapas: preparar el barro; cortar y apilar el adobe crudo; armar el horno; quemar y paletizar el ladrillo; desarmar el horno… “Las mujeres estamos involucradas en todos los procesos, aunque la tarea estuvo históricamente masculinizada”, cuenta.
Soledad Casals es una de las mujeres dedicadas a la producción y quinta generación de una familia de ladrilleros. En Santa Elena, un municipio de 17.000 habitantes en la provincia litoraleña de Entre Ríos, fundó la Cooperativa Unión Ladrillera, formada por once mujeres que fabrican ladrillos y otros productos, como adoquines y grillas de césped, que venden al municipio de su ciudad. La formación de la cooperativa les permitió formalizar su trabajo y adquirir derechos, que en el rubro fueron postergados.
“Mi bisabuelo hacía ladrillos con las mismas condiciones y herramientas que usamos hoy. No se tecnificó la actividad y las herramientas que usamos son similares a las de hace 100 años. Eso tiene relación con la poca visibilidad que tiene la actividad. Todo el mundo conoce el ladrillo pero pocos saben cómo se hace de forma artesanal. El ladrillo se fabrica a cielo abierto y depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando llueve no hay actividad porque se perdería la producción”, cuenta Casals.
La formalización del trabajo de las mujeres permitió, en algunos casos, mejorar las condiciones laborales de una actividad que suele desarrollarse en zonas rurales y periféricas. “Con la cooperativa, comenzamos también a producir adoquines, con máquinas y moldes y adentro de un galpón. En ese caso, las condiciones ya son distintas, con la posibilidad de tener un baño cercano; necesitamos mejorarlas en la fabricación de los ladrillos y tener calidad en el ambiente donde producimos. Es un sector postergado porque siempre fue invisibilizado”, consideró.
Una ladrillera de la cooperativa enseña los tabiques que elaboran.
La presencia del sindicato en las provincias posibilitó la organización de las mujeres y el reconocimiento integral como trabajadoras. La creación de parques ladrilleros, el relevamiento oficial de la actividad y la participación y el protagonismo de las mujeres en todo el proceso organizativo son algunos de los grandes desafíos, junto a la cuestión ambiental.
La incorporación de tecnología es fundamental para lograr estos objetivos planeados por Casals. “No es lo mismo quemar en los hornos con leña que hacerlo con gas natural. En este último caso tendríamos ladrillos de mejor calidad y no usaríamos leñas de los bosques nativos aminorando el impacto ambiental. También necesitamos estudios de suelo para poder tener una cava. Nuestra actividad es minera y con investigación podemos saber de dónde sacar la tierra”, dice Casals. Sin un registro certero de familiares que se dedican a la actividad y hornos en actividad, tampoco hay normativas claras sobre el impacto ambiental de una actividad artesanal. “La minería se piensa en este país bajo el parámetro de la megaminería”.
Entre sus etapas, la actividad ladrillera comprende la extracción de suelo; por esa razón, la Secretaría de Minería de la Nación tiene injrencia en el tema. “Hay un componente importante de la actividad ladrillera que se desarrolla de manera artesanal, pero otra sucede a escala industrial y cuenta con procesos mucho más avanzados. Las segundas tienen impactos menores que las primeras, en términos de unidad de producción, que tienden a relacionarse con la extracción de suelos y la generación de emisiones gaseosas. Dependiendo de la fuente de combustible y tecnología, pueden tener mayor o menor incidencia en la calidad del aire y en la contribución por huella de carbono”, analiza Leonardo Pflüguer, director nacional de Producción Minera Sustentable.
Lemos, de UOLRA, cree que la actividad minera en Argentina siempre se pensó “con la óptica de la megaminería, sin darnos demasiada bolilla”. “Se nos exigía el mismo estudio de impacto ambiental a nosotros que a una minera a cielo abierto. Lo cierto es que hay un gran mito sobre nuestra actividad pero pocos números duros sobre el impacto ambiental real de la actividad ladrillera”, dijo Lemos.
La creación de un Parque Industrial Ladrillero en la provincia de San Juan es un paso hacia la regularización de la actividad en todas sus variables, incluso la ambiental. “A través de canteras autorizadas y reglamentadas, habrá un salto para la formalización de la actividad y la comercialización. Así podremos regularizar el tema extractivista y el ordenamiento territorial. Al sacar los hornos de las casas y llevarlos a los parques, también se lucha contra el trabajo infantil”, agregó Lemos, con la esperanza de construir una actividad ladrillera sustentable, que no excluya a las mujeres y que salga de la marginalidad.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.