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Opinión

Con Ivelisse Prats en el corazón

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Por Juan Bolívar Díaz

En estos días en que la nación demanda de políticos enteros de cuerpo y alma, capaces de subordinar sus ambiciones para actuar con integridad y honradez en medio de las peores penalidades de nuestra época, la memoria nos remite a la figura de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, ejemplo de coherencia, de tenacidad y de grandilocuencia ideológica que cultivó la nobleza política.

A punto de entrar en la novena década, nuestra querida profesora libra una difícil y penosa batalla contra las adversidades físicas a las que ha sabido sobreponerse desde joven. Ella, de estructura física endeble, con escoliosis y asmática de siempre, ha sufrido incremento de sus antiguas dificultades visuales, demasiado gravoso para quien se ha leído bibliotecas enteras. Su indeclinable magisterio también le fue consumiendo las cuerdas vocales y hace algún tiempo casi queda sin la voz.

El indomable espíritu de Ivelisse ha logrado vencer todas las limitaciones físicas, pero hace unos tres meses, alrededor de su 89 cumpleaños, una caída le rompió un fémur y desde entonces ha quedado postrada y adolorida, más espiritual que físicamente.

Desde aquí, en la distancia que imponen las circunstancias, hay que expresar solidaridad y los mejores augurios para la maestra, ideóloga, articulista, dirigente política, gremialista, legisladora, funcionaria, forjadora de líderes, madre y esposa.

Una mujer tan extraordinaria, un dechado de virtudes sociales, una maestra como Ivelisse no merece una larga postración ni sufrimiento, por lo que debemos encomendarla al Dios de los justos para que le haga leve la etapa de transición en que se encuentra.

Y para que compense sus penalidades con la firme conciencia de los sembradores e iluminadores colocados mucho más allá de las infinitas limitaciones de la condición humana.
Ojalá que muchos de los compañeros de partido y de los alumnos que ella forjó en el Instituto de Formación Política que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez se detengan en estos días a reivindicar la vida de doña Ivelisse Prats, para rendirle el tributo que merece, poniendo en primer plano sus enseñanzas de la política como servicio y entrega al ideal colectivo y al engrandecimiento de la patria.

Vale reproducir la salutación que le ofrecimos en el 2001 cuando celebrábamos su medio siglo de entrega al magisterio: Salve profesora; los alumnos de los primeros años te saludamos. Y te deseamos aún larga vida y mayores realizaciones, en la libertad y para la libertad, como en aquellos tiempos (1959-60) en que anhelábamos encontrar voces de aliento que nos ayudaran a levantarnos sobre las tinieblas y a encender antorchas definitivas.

Las tuyas no se apagan ni con los vientos huracanados que tanto soplan en estas latitudes, sin embargo colocadas en el mismo trayecto del sol, como nos dijo entonces el inolvidable poeta don Pedro Mir.
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Tras el artículo de la semana pasada en el que agradecimos la sensibilidad del presidente Luis Abinader, por haber terminado el calvario de los ancianos trabajadores cañeros que por dos décadas demandaron la pensión por la que cotizaron, la querida compañera Altagracia Salazar nos recordó que hay otro grupo, mucho más pequeño, que también espera y merece un tributo.

Se trata de los 28 contralores aéreos cancelados por el político que dirigía el Instituto de Aviación Civil por haber cometido la osadía de denunciar sistemáticas violaciones de las normativas internacionales de seguridad en el espacio aéreo nacional.

Durante muchos meses mantuvieron su demanda de reposición ante la sede del gobierno, y hasta tuvieron ganancia de causa en el tribunal administrativo, sin que le hicieran el menor caso. Se les ignoró hasta convencerlos de que no cabían rectificaciones ni sensibilidades humanas.

Eran los mejores técnicos en su oficio, forjados en instituciones internacionales especializadas. Su pecado fue hacer públicas las preocupaciones profesionales por la seguridad aeroportuaria.

Como entonces, el ahora presidente Luis Abinader los visitó en el 2015, durante aquel calvario y conoció de sus razones, puede esperarse una justa reparación. Vale el recordatorio.-

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Opinión

¿De qué nos avergonzamos realmente?

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Por Isaías Ramos

En el evento reciente denominado La Semanal, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestó que sentía vergüenza debido a la falta de un estadio modelo que pueda acoger eventos de Grandes Ligas en nuestro país. Estas declaraciones resaltan un malestar superficial que contrasta dramáticamente con las verdaderas vergüenzas que afligen a nuestra nación.

La propuesta de solucionar esta carencia a través de «Alianzas Público-Privadas», conocidas por socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es indicativa de una problemática mucho más profunda y sistemática.

Esta situación nos invita a reflexionar y cuestionar: ¿No es acaso más vergonzoso que nuestros gobernantes adopten políticas neoliberales que contravienen el espíritu de la Constitución que juran proteger? ¿No deberíamos sentir una indignación más profunda cuando el régimen promueve un consumismo insostenible y un modelo económico que favorece la extracción sobre la producción genuina, despreciando así la creación de riqueza sostenible y la productividad?

Observamos con dolor cómo la palabra “político” se ha convertido en sinónimo de corrupto en el imaginario colectivo. Es desgarrador ver cómo nuestros líderes permiten que el futuro de la nación se vea comprometido por una deuda que supera los 70 mil millones de dólares en las últimas dos décadas, mientras nuestros recursos naturales son saqueados impunemente, dejando a la población solo con daños ambientales y problemas de salud irreparables.

Nuestro sistema educativo se encuentra entre los más ineficientes del mundo, deteriorándose ante nuestros ojos, y la seguridad en nuestras calles ha llegado a tal punto que la población vive prácticamente encerrada en sus propios hogares.

La implementación de leyes de «alianzas público-privadas» se ha convertido en un mecanismo legalizado para el saqueo de fondos públicos, exacerbando la corrupción ya rampante y desviando recursos que podrían mejorar la vida de todos.

¿Cómo no sentir un profundo malestar al saber que la deuda pública se ha incrementado en más de 27 mil millones de dólares en los últimos cuatro años sin mostrar ningún impacto social significativo de las inversiones realizadas?

¿No es vergonzoso que las políticas públicas hayan abandonado por completo el sector agropecuario desde 1996, permitiendo que nuestros campos sean invadidos por extranjeros siendo el desprecio más evidente para este sector bajo la actual administración del «cambio»?

Es hora de que como sociedad dominicana enfrentemos estas verdades incómodas. No podemos continuar tolerando la corrupción, el abandono de nuestra educación y salud, y la desatención hacia el bienestar general.

Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a cada ciudadano a exigir cuentas, a reclamar transparencia y a trabajar juntos para reconstruir un país donde la dignidad, la justicia y el progreso real sean los pilares de nuestra comunidad.

¡Es tiempo de dejar atrás la vergüenza que nos paraliza y abrazar la valentía necesaria para cambiar nuestro destino colectivo! ¡Actuemos con determinación por un futuro mejor para todos!

Este es un momento crucial en nuestra historia. Debemos elegir si continuaremos permitiendo que estas prácticas vergonzosas definan nuestro país o si, en cambio, nos levantaremos para demandar y efectuar un cambio genuino y duradero que refleje el verdadero espíritu y potencial de la República Dominicana.

¡Despierta, RD!

 

 

 

 

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Opinión

Los Tribunales Militares y la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

Los tribunales militares, tal como los tribunales ordinarios, podrán procesar a los autores de un delito de la CPI. El Estatuto de Roma no hace ninguna distinción entre estos dos tipos de sistemas  y los Estados Partes pueden escoger libremente cuál tribunal nacional será competente para procesar un delito  de la CPI.

Un Estado Parte podrá decidir que los procedimientos relacionados  con el Estatuto de Roma  serán competencia de los tribunales ordinarios, de los tribunales militares, o de ambos, dependiendo de la organización general  de su sistema  judicial.

Sin embargo, los tribunales militares normalmente tienen  una competencia restringida. Solo pueden enjuiciar al personal  militar, y no tienen competencia  sobre los civiles.

Los crímenes de la competencia de la CPI , sin embargo, podrán  cometerse en tiempo de paz,  tanto por miembros de las fuerzas armadas , así como  civiles. Por ejemplo, la fuerza policial o grupos armados paramilitares pueden cometer crímenes de lesa humanidad, como un civil que participe reclutando niños o  niñas,  y que por ende cometa un crimen de guerra.

Los Estados Partes que deseen enjuiciar a los autores de un delito  de la Corte Penal Internacional  deberan, la mayor parte del tiempo , utilizar sus jurisdicciones  ordinarias, salvo que los tribunales militares cuenten con una amplia competencia  que cubra los crímenes cometidos en tiempo de paz y aquellos cometidos por civiles.

En muchos países, los procedimientos ante los tribunales militares son distintos a aquellos  ante un tribunal ordinario.

Los procedimientos son a veces  más expeditos ante un tribunal militar, y en algunas jurisdicciones el debido proceso puede que no se garantice al mismo nivel  que en los procedimientos penales comunes.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede admitir  un caso que se esté persiguiendo en una jurisdicción nacional, en el que el procedimiento a nivel nacional  tenga como fin proteger  de su responsabilidad penal o se esté llevando a cabo de manera contraria a la intención de llevar a la persona  ante la justicia.

Cualquier procedimiento militar que se  lleve  cabo de buena fe normalmente no será asumido  posteriormente por la competencia de la Corte Penal Internacional, sólo porque el proceso fue expedito.

Los tribunales militares deberán determinar la responsabilidad penal de un individuo tal y como lo describe el Estatuto de Roma, tomando en consideración a manera de lo posible, las definiciones de los delitos, los medios de defensa, y los principios generales de derecho penal descritos en el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma no establece explícitamente las obligaciones de los Estados Partes  relacionadas a la dirección de sus ejércitos.Sin embargo, uno de los propósitos del Estatuto es asegurar un mayor respeto de las leyes de los conflictos armados al mismo tiempo que muchos de los crímenes de la CPI están relacionados a la práctica militar.

Cada prohibición que resulte de las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deberá  ser aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Partes.

Adicionalmente, los principios generales del derecho penal, y las ofensas establecidas en el Estatuto de Roma deberán incorporarse en los códigos militares.

 Finalmente, como medidas preventivas, los Estados Partes deberían incluir en su manual militar y adaptar la capacitación e instrucción de sus tropas, a medida de lo necesario,  con el fin de respetar la prohibición de utilizar ciertas armas establecidas por el Estatuto de Roma. La misma medida debería tomarse en relación con las cuestiones relacionadas a las órdenes de superiores.

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Opinión

¡Ojo con el plan en las EDE!

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Nelson Encarnación

El proceso de capitalización de las empresas públicas fue una iniciativa que, sin ninguna duda, estaba justificado desde el punto de vista gerencial, pues se suponía que el Estado se quitaba de las espaldas una pesada carga de subsidios a unidades “productivas” cuya permanencia solo se justificaba en el interés de disponer dónde acoger una empleomanía inútil. En lo concerniente al sector eléctrico, de una gigantesca Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) surgieron ocho empresas y tres entidades, es decir, once espacios para albergar una plantilla de personal casi siempre superior al que existía antes de la capitalización.

El proceso en su génesis fue bueno, si lo vemos desde la perspectiva del ahorro para el Estado, pero fue desvirtuado en lo esencial, al asignar a las distribuidoras el papel de balones en la cancha pública, que pasaron del Estado al sector privado, volvieron al Estado, y ahora posiblemente regresen a ser administradas por particulares.

Es lo que prima en la lógica empresarial del licenciado Celso Marranzini, y parece que esa lógica cuajará, pues también es del agrado de algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Poner gerentes privados en las distribuidoras no sería nada nuevo, pues en su origen dichas empresas estuvieron dirigidas por ejecutivos privados —para colmo extranjeros— que cobraban un dineral con resultados financieros muy cuestionables.

Pero ya muchos años antes se había incurrido en un experimento similar, cuando en los albores del gobierno del presidente Antonio Guzmán en 1978, fueron designados numerosos empresarios privados como administradores en unidades de la entonces todopoderosa Corporación de Empresas Estatales (Corde), heredera del patrimonio corporativo del dictador Rafael L. Trujillo que fue pasado al dominio público.

¿Qué resultado obtuvieron esos administradores privados como gerentes de las empresas de Corde? Un fracaso absoluto. De modo que, como experiencia, esa fue bastante negativa.

¿Y qué decir de los socios estratégicos del Estado en la capitalización de la parte comercial del negocio eléctrico? Otro fracaso, sin decir que en algunos casos fue más bien un atraco.

La pregunta obligada es: ¿incurriremos nuevamente en la experiencia negativa del presidente Guzmán, del negocio de capar perros con Unión Fenosa o el fiasco de los administradores sudamericanos, caros e ineficientes? Con los pies se camina, pero también se tropieza.

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