Nacionales
Con varios proyectos en Haití, chinos buscan ampliar sus intereses e inversiones en el Caribe
En Jamaica pretenden construir un megapuerto para que sea centro de recepción de sus buques
SANTO DOMINGO. Los proyectos millonarios que China busca desarrollar en el vecino Haití apuntan a ampliar sus intereses en el Caribe, luego de tener presencia por casi una década en países de América del Sur.
El ofrecimiento a los haitianos formarían parte de su iniciativa la Nueva Ruta de la Seda, también conocida con el nombre oficial de “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, puesta en marcha en el 2013 en procura de mejorar la conectividad e impulsar las infraestructuras y las inversiones.
“Una de sus metas es crear una red que permita, por mar y tierra, crear rutas alternativas para los productos que China exporta y para las materias primas que requiere su industria”, según recoge una información de mayo pasado de la agencia EFE.
Los planes con América Latina son de invertir US$250,000 millones en los próximos 10 años, acorde a lo anunciado por el presidente chino Xi Jinping, en la reunión de líderes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), celebrada en Pekín en el 2015.
Como parte de los acercamientos con los países de la región, será celebrada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de este año, la principal cumbre empresarial entre China, América Latina y el Caribe, “China-LAC CCPIT Business Summit 2017”. El evento servirá como un mecanismo de promoción y una plataforma para impulsar el comercio y la inversión.
En Haití, los chinos buscan desarrollar un megaproyecto que incluye la construcción de una central eléctrica de 600 megavatios para electrificar Puerto Príncipe, un nuevo ayuntamiento, mercados, miles de apartamentos y eventualmente un ferrocarril que uniría la capital haitiana con el resto del país, demandaría la mano de obra de 20,000 trabajadores.
El proyecto, acorde a las informaciones internacionales, conllevaría una inversión de US$30,000 millones. No obstante, en Haití se maneja como cifra oficial el monto de US$4.711 millones.
Hasta el momento se desconocen los términos y condiciones de financiación, debido a que la iniciativa se encuentra en la fase de negociación.
En el Caribe, también han tenido acercamiento con Jamaica. El pasado año la empresa China Harbor Engineering Co., firmó un acuerdo para construir un megapuerto que sería un centro de recepción de los enormes barcos chinos que pasarían a través del Canal de Panamá, según un artículo de Larouchepac.com.
El portal informativo refiere además que las inversiones chinas en proyectos en Trinidad y Tobago, las Bahamas y en Guyana, también están en ascenso, y que Chile busca un financiamiento de US$9.000 millones para varios grandes proyectos de infraestructura.
En Venezuela en esta semana los chinos evaluaron proyectos de inversión petrolera, como parte de la agenda de inversión conjunta, especialmente en el marco de la comercialización de hidrocarburos.
En este 2017, Venezuela y la República Popular China firmaron 27 nuevos acuerdos de cooperación, en las áreas de economía, agricultura, educación, cultura, vialidad, vivienda y energía.
Las relaciones de los chinos con Latinoamérica también son Brasil, Perú y Ecuador, con cuyos países mantienes acuerdos comerciales.
“La presencia financiera de China en la región seguirá ganando relevancia en la relación bilateral. Las inversiones se duplicarían en esta década, extendiéndose a manufacturas y sectores de la innovación”, refiere en torno a la presencia China en Latinoamérica, Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un artículo publicado por el diario El País en febrero pasado.
La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, manifestó que sería positivo cualquier inversión que llegue a Haití para la prosperidad de su pueblo.
“En la medida en que hay más prosperidad en Haití nosotros tenemos menos impacto y mayores oportunidades también de crecer de manera conjunta porque somos vecinos”, expresó la dirigente empresarial.
Sin embargo, Almánzar consideró que hay que ver bajo qué contexto se harán esas inversiones, porque si hay un interés en temas comerciales.
“Porque todavía nosotros tenemos algunos aspectos de comercio que no se han podido dirimir y hay que tener las reglas claras a la hora de que haya cualquier tipo de apertura de Haití con respecto a otro país”, precisó la representante del sector industrial.
Además, Almánzar recordó que tanto los sectores industrial como gubernamental de Haití y de República Dominicana han intentado de manera conjunta buscar un contexto más favorable para las inversiones en Haití.
“Pero uno de los problemas que tenemos es que las reglas del juego cambian mucho y no están claras y por eso han sido más difíciles las inversiones. Se han hecho varios intentos de memorandum de entendimiento con algunos empresarios haitianos, pero el cambio de las reglas de juego y la incertidumbre a veces hace que no se puedan concretizar las inversiones”, indicó.
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.