Nacionales
Con varios proyectos en Haití, chinos buscan ampliar sus intereses e inversiones en el Caribe
En Jamaica pretenden construir un megapuerto para que sea centro de recepción de sus buques
SANTO DOMINGO. Los proyectos millonarios que China busca desarrollar en el vecino Haití apuntan a ampliar sus intereses en el Caribe, luego de tener presencia por casi una década en países de América del Sur.
El ofrecimiento a los haitianos formarían parte de su iniciativa la Nueva Ruta de la Seda, también conocida con el nombre oficial de “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, puesta en marcha en el 2013 en procura de mejorar la conectividad e impulsar las infraestructuras y las inversiones.
“Una de sus metas es crear una red que permita, por mar y tierra, crear rutas alternativas para los productos que China exporta y para las materias primas que requiere su industria”, según recoge una información de mayo pasado de la agencia EFE.
Los planes con América Latina son de invertir US$250,000 millones en los próximos 10 años, acorde a lo anunciado por el presidente chino Xi Jinping, en la reunión de líderes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), celebrada en Pekín en el 2015.
Como parte de los acercamientos con los países de la región, será celebrada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de este año, la principal cumbre empresarial entre China, América Latina y el Caribe, “China-LAC CCPIT Business Summit 2017”. El evento servirá como un mecanismo de promoción y una plataforma para impulsar el comercio y la inversión.
En Haití, los chinos buscan desarrollar un megaproyecto que incluye la construcción de una central eléctrica de 600 megavatios para electrificar Puerto Príncipe, un nuevo ayuntamiento, mercados, miles de apartamentos y eventualmente un ferrocarril que uniría la capital haitiana con el resto del país, demandaría la mano de obra de 20,000 trabajadores.
El proyecto, acorde a las informaciones internacionales, conllevaría una inversión de US$30,000 millones. No obstante, en Haití se maneja como cifra oficial el monto de US$4.711 millones.
Hasta el momento se desconocen los términos y condiciones de financiación, debido a que la iniciativa se encuentra en la fase de negociación.
En el Caribe, también han tenido acercamiento con Jamaica. El pasado año la empresa China Harbor Engineering Co., firmó un acuerdo para construir un megapuerto que sería un centro de recepción de los enormes barcos chinos que pasarían a través del Canal de Panamá, según un artículo de Larouchepac.com.
El portal informativo refiere además que las inversiones chinas en proyectos en Trinidad y Tobago, las Bahamas y en Guyana, también están en ascenso, y que Chile busca un financiamiento de US$9.000 millones para varios grandes proyectos de infraestructura.
En Venezuela en esta semana los chinos evaluaron proyectos de inversión petrolera, como parte de la agenda de inversión conjunta, especialmente en el marco de la comercialización de hidrocarburos.
En este 2017, Venezuela y la República Popular China firmaron 27 nuevos acuerdos de cooperación, en las áreas de economía, agricultura, educación, cultura, vialidad, vivienda y energía.
Las relaciones de los chinos con Latinoamérica también son Brasil, Perú y Ecuador, con cuyos países mantienes acuerdos comerciales.
“La presencia financiera de China en la región seguirá ganando relevancia en la relación bilateral. Las inversiones se duplicarían en esta década, extendiéndose a manufacturas y sectores de la innovación”, refiere en torno a la presencia China en Latinoamérica, Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un artículo publicado por el diario El País en febrero pasado.
La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, manifestó que sería positivo cualquier inversión que llegue a Haití para la prosperidad de su pueblo.
“En la medida en que hay más prosperidad en Haití nosotros tenemos menos impacto y mayores oportunidades también de crecer de manera conjunta porque somos vecinos”, expresó la dirigente empresarial.
Sin embargo, Almánzar consideró que hay que ver bajo qué contexto se harán esas inversiones, porque si hay un interés en temas comerciales.
“Porque todavía nosotros tenemos algunos aspectos de comercio que no se han podido dirimir y hay que tener las reglas claras a la hora de que haya cualquier tipo de apertura de Haití con respecto a otro país”, precisó la representante del sector industrial.
Además, Almánzar recordó que tanto los sectores industrial como gubernamental de Haití y de República Dominicana han intentado de manera conjunta buscar un contexto más favorable para las inversiones en Haití.
“Pero uno de los problemas que tenemos es que las reglas del juego cambian mucho y no están claras y por eso han sido más difíciles las inversiones. Se han hecho varios intentos de memorandum de entendimiento con algunos empresarios haitianos, pero el cambio de las reglas de juego y la incertidumbre a veces hace que no se puedan concretizar las inversiones”, indicó.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.