Opinión
Con Venezuela en el corazón
Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.
Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.
Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, despatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.
La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.
En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.
No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.
El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.
Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.
El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que sólo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.-
Por José Cabral.
El Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la disposición transitoria de la carta magna que impide la reelección presidencial de Luis Abinader para el 2028.
La instancia al respecto fue interpuesta por Aquiles Jiménez Fernández, quien considera que la referida disposición se contrapone con los artículos 39,22,110 y 120 de la Constitución de la República.
En la acción directa de inconstitucionalidad se pide a los jueces del TC declarar inconstitucional, nula la disposición y la inaplicabilidad de la misma para el proceso electoral del 2028, lo cual quiere decir que el autor de ella entiende que la reelección presidencial debe ser indefinida o vitalicia.
Además, el autor de la acción plantea en pocas palabras que los derechos son absolutos, no relativos, es decir, que no pueden ser regulados por el legislador o el constituyente y en cambio considera que el ciudadano puede postularse libre y eternamente a la primera magistratura de la nación.
Olvida el autor de la referida acción que no hay ningún derecho absoluto, ni siquiera el que parece ser el más importante de todos, como es el derecho a la vida, quien invoca además para justificar su instancia el principio de igualdad y no discriminación para el ejercicio de los derechos políticos, conforme lo establece la Constitución y los tratados internacionales y ratificados por la República Dominicana.
Los argumentos del autor de la acción directa de inconstitucionalidad parecen copiados de cuando se invocó lo mismo cuando la carta magna buscaba impedir un tercer mandato de Danilo Medina, ya que en su opinión se ha legislado para limitar un derecho fundamental a ser elegible de Luis Rodolfo Abinader Corona, mientras, según el proponente, no ocurre lo mismo con otros ciudadanos.
De igual modo, pidió a los jueces del TC que se disponga que cualquier futura reforma constitucional que modifique derechos políticos debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional.
El autor de la acción de nombre Aquiles Jiménez parece tratarse de uno de esos personajes que entienden que los beneficios que reciben del Estado deben perpetuarse para siempre, aunque, naturalmente, como ciudadano está en su derecho de interponer la acción que considere pertinente si es que tiene calidad para ello.
En el caso de la colocación de la referida prohibición si alguna ilegalidad se puede plantear es que la modificación que se hizo debió ser a través de lo que manda el artículo 272 de la Constitución de la República, es decir, a través del referendo aprobatorio y no de una mayoría mecánica en el Congreso Nacional.
Pero es de primer orden que el autor de la acción directa de inconstitucionalidad sepa que la limitación a que Luis Abinader se repostule en el 2028 está dirigida muy directamente a su persona porque es él quien ocupa la primera magistratura de la nación, lo cual también estuvo dirigida a Danilo Medina en su momento y en el futuro a quien llegue a la cima del poder, no importa cómo se llame, pero sólo si ocupa tan alta posición, de manera que la disposición no es para todos los ciudadanos, sino sólo para aquellos que hayan alcanzado la presidencia de la República.
De manera, que esa es una discriminación positiva que muy bien puede establecerse en la carta magna, cuya disposición no exclusiva de la ley de leyes de la República Dominicana, sino que es encontrada por doquier en el derecho comparado, como por ejemplo en los Estados Unidos de América.
Por Isaías Ramos
A medida que nuestro país se embarca en la regulación de las candidaturas independientes, equiparándolas a los estándares de los partidos y movimientos políticos tradicionales, se presenta una oportunidad crucial para fortalecer nuestro sistema electoral.
La implementación de evaluaciones psicológicas obligatorias para todos los aspirantes a cargos públicos podría ser un cambio transformador, asegurando que tanto candidatos independientes como aquellos de estructuras políticas tradicionales estén adecuadamente preparados para liderar.
Este requisito no solo incrementaría la calidad del liderazgo político, sino que también serviría como un escudo protector contra los ciclos de corrupción y mala gestión que han caracterizado a nuestras naciones.
Proponemos que estas evaluaciones sean realizadas, supervisadas, auditadas y certificadas por universidades de prestigio mundial, garantizando así la imparcialidad y la exactitud de los procesos de evaluación.
Además, los costos asociados con estas evaluaciones deberán ser asumidos por los candidatos que aspiran a ocupar cargos electivos, lo cual asegura un compromiso serio y responsable por parte de los mismos hacia la transparencia y la aptitud para el servicio público.
La teoría de la estupidez de Carlo Cipolla resalta que algunas personas, por sus acciones perjudiciales para otros y para sí mismas, son un peligro inherente, especialmente en la política donde sus decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. Cipolla también clasifica como peligrosos a aquellos que deliberadamente perjudican a otros para beneficiarse ellos mismos, lo cual es igualmente destructivo en el ámbito gubernamental. Implementando evaluaciones psicológicas, podemos detectar y evitar que estos individuos, ya sean estúpidos o malintencionados, asuman cargos públicos, protegiendo así el bienestar colectivo y la integridad de nuestras instituciones.
El efecto Dunning-Kruger revela que las personas con competencias limitadas suelen sobrevalorar sus habilidades, un fenómeno peligrosamente frecuente en política. Candidatos con escasa aptitud pero excesiva confianza pueden tomar decisiones desastrosas con una certeza infundada. Mediante evaluaciones psicológicas rigurosas, podemos discernir esta brecha entre percepción y habilidad real, asegurando que solo individuos con un entendimiento certero y habilidades comprobadas asuman roles de liderazgo.
Además de implementar evaluaciones psicológicas, en el Frente Cívico y Social entendemos que sería extremadamente beneficioso para la nación una reestructuración radical en el financiamiento de la política dominicana.
Eliminar el financiamiento a los partidos políticos y transferir esos fondos a la Junta Central Electoral para programas de educación cívica y fortalecimiento de la supervisión de los procesos electorales podría transformar significativamente el panorama político, fortaleciendo la base de nuestra democracia, logrando un electorado más informado, crítico y proactivo, y elecciones más fundamentadas y menos susceptibles a manipulaciones.
Es esencial que estas evaluaciones se lleven a cabo con el más alto nivel de ética y confidencialidad. Los resultados deben concentrarse en evaluar las capacidades y características directamente relacionadas con las demandas de los cargos públicos, y se debe garantizar la protección de la información personal de los candidatos.
Un protocolo claro y transparente para la realización de estas evaluaciones asegurará que el proceso sea justo y respetuoso, manteniendo la dignidad y la privacidad de todos los candidatos. Implementar evaluaciones psicológicas para todos los candidatos es un paso proactivo hacia una política más transparente, justa y competente para nuestro pueblo.
Al asegurarnos de que nuestros líderes no solo estén calificados, sino también mentalmente aptos para enfrentar los desafíos del cargo, estamos fortaleciendo las bases de nuestro futuro colectivo.
En el FCS estamos convencidos de que este es el momento de tomar decisiones audaces y transformadoras para proteger y mejorar nuestra democracia, haciendo que la política sea un reflejo de nuestras aspiraciones más altas y no un espejo de nuestras mayores debilidades.
¡Despierta, RD!
Por Rosario Espinal
Para el 2024, la tasa de fecundidad dominicana se estimó en 2.2, y en Haití 2.7. O sea, en esta pequeña isla con unos 23 millones de habitantes entre ambos países, la tasa de fecundidad es mayor que la tasa de reemplazo poblacional, y en Haití la situación se complica por la extrema pobreza.
Actualmente existe un gran debate a nivel mundial sobre la natalidad. La disminución significativa de la tasa de fecundidad en los países más desarrollados genera un déficit de población en edad productiva, mientras el crecimiento poblacional en los países más pobres complica los procesos de mejoría de vida. O sea, en algunos países hay menos población de la necesaria y en otros más de lo prudente.
La correlación entre la pobreza y una mayor reproducción es evidencia de que la natalidad no es simplemente producto del amor, como podría sugerir la mitología romántica, sino de las precarias condiciones de vida.
Los pobres tienen menos acceso a la educación y a los servicios de salud, vitales para poder planificar los embarazos y los nacimientos.
Para ilustrar, veamos algunos números.
La región del mundo con mayor tasa de fecundidad es el África subsahariana, que registró alrededor de 4.5 nacimientos por mujer.
El desarrollo de un país no depende solo de su tasa de fecundidad o densidad poblacional, pero ambos son importantes para planificar el bienestar.
Para América Latina y el Caribe, el promedio de la tasa de fecundidad fue 1.8, colocándose por debajo de la tasa de reemplazo. En Estados Unidos fue 1.8, en Europa Occidental 1.5 y en Corea del Sur 0.75 (la menor del mundo).
Hay diferencias entre las regiones, los países, y las clases sociales, pero los números indicados dan una idea de que la población en edad reproductiva no se está reproduciendo con la misma intensidad, lo que genera un déficit poblacional en algunos países o en algunos segmentos sociales.
El crecimiento de la clase media y la disponibilidad de métodos anticonceptivos han sido los factores principales para reducir la tasa de natalidad.
La clase media tiene mayor nivel educativo y mayor acceso a los servicios de salud que los pobres, y más información sobre el costo económico y personal de criar hijos. La clase media, además, se caracteriza por tener grandes expectativas de movilidad social para sí y las futuras generaciones.
Por eso, revertir la disminución en la tasa de fecundidad para aumentar la población es particularmente difícil en los países más desarrollados, o incluso en las capas medias de los países menos desarrollados.
Ambos países tienen un territorio pequeño y, por ende, una alta densidad poblacional. En Haití, la densidad poblacional es de 413 habitantes por kilómetro cuadrado y en la República Dominicana de 225.
El desarrollo de un país no depende solo de su tasa de fecundidad o densidad poblacional, pero ambos son importantes para planificar el bienestar.