Más Noticias
CONANI remite al Ministerio Público denuncia por video de contenido sexual que involucra a una bebé
Santo Domingo, República Dominicana. – El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que el Ministerio Público ha sido apoderado de un caso que ha generado indignación en las redes sociales, luego de la difusión de un video en el que aparece un hombre sosteniendo a una bebé mientras realiza gestos y pronuncia expresiones de connotación sexual.
La institución confirmó que las autoridades competentes tienen conocimiento de la situación y trabajan en la adopción de las medidas correspondientes para investigar los hechos y garantizar la protección de la menor de edad.
Según las informaciones divulgadas, el audiovisual habría sido publicado en la plataforma TikTok por un hombre identificado como Carlos Tejeda, quien asegura que la bebé que aparece en la grabación es su sobrina.
La difusión del material provocó numerosas reacciones de rechazo entre usuarios de las redes sociales, quienes solicitaron una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias en que se produjo la grabación y establecer si la niña ha sido víctima de alguna forma de abuso.
Asimismo, ciudadanos han reclamado la intervención de especialistas en protección infantil para evaluar la situación de la menor, preservar su integridad física y emocional y garantizar que reciba la asistencia necesaria.
Denuncias adicionales deberán ser investigadas
La controversia se ha intensificado debido a otras publicaciones que circulan en las plataformas digitales, en las cuales se atribuyen al mismo hombre presuntas declaraciones relacionadas con otra menor de 13 años.
Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, por lo que corresponde al Ministerio Público determinar su autenticidad y establecer si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones investigativas.
Protección de los derechos de la niñez
El caso vuelve a colocar en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y denuncia de posibles agresiones contra niños, niñas y adolescentes.
En República Dominicana, la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, contempla mecanismos destinados a garantizar su protección frente a situaciones de abuso, violencia y explotación.
La intervención del Ministerio Público deberá desarrollarse respetando las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y, especialmente, el interés superior de las menores que pudieran resultar afectadas.
Hasta el momento de la información divulgada por CONANI, no se habían comunicado públicamente resultados de la investigación ni posibles medidas judiciales contra el hombre señalado.
Las autoridades deberán determinar los hechos y las eventuales responsabilidades penales, mientras se mantiene como prioridad la protección de la identidad, la dignidad y la seguridad de las menores involucradas.
Más Noticias
Tribunal de Valverde condena a 20 años de prisión a padrastro por abuso sexual contra adolescente con parálisis cerebral
Una prueba de ADN con una probabilidad de paternidad del 99.99 % fue determinante para establecer la responsabilidad penal del condenado, pese a que la madre de la víctima se negó a declarar durante el juicio.
Valverde, República Dominicana. – El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde impuso una condena de 20 años de prisión contra Darwin Daniel González, encontrado culpable de agredir sexualmente y embarazar a su hijastra, una adolescente de 14 años con parálisis cerebral y otras condiciones de discapacidad.
La decisión fue adoptada por los magistrados Miguel Alejandro Báez, quien presidió el tribunal, Rikelmigh Padilla y Dariana Peñalo, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial.
De acuerdo con la acusación, el condenado aprovechó las condiciones de vulnerabilidad de la adolescente, quien presentaba limitaciones físicas y cognitivas que dificultaban su capacidad para defenderse y comunicar lo ocurrido.
El fiscal Luis Enrique Taveras, representante del Ministerio Público, destacó la gravedad de los hechos y consideró que la sentencia constituye una respuesta judicial frente a una agresión sexual cometida contra una menor en una situación de especial vulnerabilidad.
Prueba genética resultó fundamental para la condena
Uno de los elementos de mayor relevancia durante el juicio fue una prueba de ADN que estableció una probabilidad de paternidad del 99.99 %, vinculando biológicamente al condenado con la niña nacida como consecuencia de la agresión sexual.
La menor nacida de ese embarazo tiene actualmente dos años, según las informaciones ofrecidas durante el proceso.
El Ministerio Público sostuvo que los resultados científicos, junto con los testimonios y demás elementos probatorios, permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado.
Madre de la víctima se negó a declarar
Durante el juicio se produjo una situación que llamó la atención de las autoridades judiciales, debido a que la madre de la adolescente se negó a ofrecer declaraciones ante el tribunal.
Según explicó el fiscal Taveras, fue necesario disponer su conducción a la audiencia con asistencia de agentes militares, debido a su resistencia a comparecer.
Sin embargo, aun después de presentarse ante los jueces, la mujer mantuvo su negativa a declarar.
Esta circunstancia no impidió que el tribunal dictara una sentencia condenatoria, ya que el Ministerio Público había incorporado otras pruebas documentales, científicas y testimoniales que sustentaron la acusación.
Testimonios médicos contribuyeron a esclarecer los hechos
Entre los testigos presentados durante el proceso figuró el ginecólogo Pedro Nicasio, quien recibió en su consultorio a la adolescente acompañada de su madre y su padrastro.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el Ministerio Público, el condenado habría consultado al especialista sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, tomando en consideración las condiciones médicas de la adolescente.
La acusación interpretó esta actuación como parte de un presunto intento de ocultar la gestación.
También fueron incorporados los testimonios de la magistrada Ana Marrero y de Yaniri Quiñones, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), quienes aportaron informaciones relacionadas con las investigaciones y las actuaciones desarrolladas en torno al caso.
Cumplirá condena en Rafey Hombres
El tribunal dispuso que Darwin Daniel González cumpla los 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago.
La sentencia representa una decisión judicial de especial relevancia por tratarse de una víctima menor de edad con discapacidad, cuya condición exigía una protección reforzada frente a cualquier forma de violencia o explotación sexual.
El caso también pone de manifiesto la importancia de las pruebas científicas y los testimonios especializados para esclarecer delitos sexuales cuando las víctimas enfrentan dificultades para denunciar o comunicar las agresiones sufridas.
La legislación dominicana reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir protección frente al abuso sexual, particularmente cuando existen condiciones de discapacidad que incrementan su vulnerabilidad.
La decisión judicial reafirma la importancia de investigar y sancionar estos delitos, garantizar la protección de las víctimas y promover mecanismos institucionales que permitan detectar oportunamente situaciones de violencia dentro del entorno familiar.
Más Noticias
Tribunal dispone cinco años de internamiento psiquiátrico para hombre que irrumpió en el Palacio Nacional
La justicia también ordenó una indemnización de RD$1.7 millones a favor de dos militares que resultaron gravemente heridos durante el incidente ocurrido en febrero de 2024.
Santo Domingo, República Dominicana. – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el internamiento psiquiátrico durante cinco años de John Raymond Durán Villar, señalado como responsable de irrumpir en una camioneta en las instalaciones del Palacio Nacional y atropellar a dos integrantes de la Guardia Presidencial durante un incidente ocurrido el 4 de febrero de 2024.
La decisión judicial establece que Durán Villar deberá permanecer en un centro especializado adscrito al Ministerio de Salud Pública, bajo la supervisión del Ministerio Público, para recibir tratamiento médico y someterse a evaluaciones periódicas.
El tribunal estuvo presidido por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por las juezas Arisleida Méndez Batista y Francis Hernández Susaña, quienes determinaron que las pruebas presentadas durante el proceso demostraron la ocurrencia de los hechos y la participación del procesado.
Ordenan indemnización a militares afectados
Además de disponer la medida de seguridad, el tribunal acogió las reclamaciones civiles presentadas por los dos miembros de la Guardia Presidencial que resultaron lesionados.
En consecuencia, ordenó el pago de RD$1,000,000 a favor del sargento Westel Yoel Jiménez Hernández y RD$700,000 para el raso Erick Yeremi Castillo Tejada, para una indemnización conjunta de RD$1,700,000.
Los militares sufrieron lesiones de consideración cuando fueron impactados por el vehículo conducido por Durán Villar mientras cumplían sus funciones de vigilancia en la sede del Poder Ejecutivo.
Así ocurrió el incidente en el Palacio Nacional
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los acontecimientos se registraron aproximadamente a las 11:50 de la noche del 4 de febrero de 2024.
Durán Villar llegó a las inmediaciones del Palacio Nacional a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado, de color gris, y realizó maniobras irregulares en las proximidades de la entrada ubicada en la avenida México.
Posteriormente, aceleró contra el acceso principal, impactando a los dos militares que se encontraban de servicio.
Tras el primer choque, continuó avanzando dentro del recinto gubernamental, derribando varias estructuras y barreras de seguridad hasta alcanzar el área de estacionamiento destinada al presidente de la República, donde finalmente se detuvo después de colisionar con otro vehículo.
Como consecuencia del atropello, el sargento Jiménez Hernández sufrió lesiones graves, entre ellas traumatismo craneoencefálico, fracturas y una hemorragia intracraneal, que requirieron su ingreso en una unidad de cuidados intensivos y una intervención quirúrgica.
Por su parte, Castillo Tejada presentó traumatismo craneoencefálico y otras lesiones, incluida una herida que dejó una cicatriz permanente en la frente.
Condición de salud mental determinó la medida judicial
Durante el desarrollo del proceso, los representantes legales de Durán Villar argumentaron que este atravesaba un episodio psicótico al momento del incidente, para lo cual aportaron evaluaciones e informes psiquiátricos.
El tribunal había declarado su inimputabilidad mediante una resolución emitida el 16 de octubre de 2025, circunstancia que impidió imponerle una sanción penal ordinaria.
Sin embargo, las magistradas establecieron que existían pruebas suficientes para acreditar la materialidad de los acontecimientos y su participación en ellos.
En ese sentido, dispusieron una medida de seguridad consistente en internamiento psiquiátrico, orientada a garantizar que reciba atención médica especializada y prevenir situaciones que pudieran poner en peligro su integridad o la de terceros.
La sentencia contempla evaluaciones médicas periódicas para determinar si persisten las circunstancias que justifican su permanencia en el centro de salud.
Asimismo, establece que su esposa, María Estela Cruz de Durán, quien fue designada como representante legal durante el proceso, deberá velar por el seguimiento del tratamiento indicado.
Finalmente, las juezas ordenaron notificar la decisión al juez de Ejecución de la Pena correspondiente, para los fines legales pertinentes.
El fallo pone de relieve la aplicación de medidas de seguridad en procesos penales en los que se determina la inimputabilidad de una persona por razones de salud mental, sin dejar de reconocer los daños ocasionados a las víctimas y sus derechos a reclamar una reparación económica.
Más Noticias
Incidente de avión de Arajet en Punta Cana obliga a desviar varios vuelos hacia el AILA
La avería de un neumático durante el aterrizaje provocó la suspensión temporal de las operaciones aéreas en Punta Cana. La aerolínea confirmó que no hubo personas heridas.
Santo Domingo, República Dominicana. – Al menos cinco vuelos comerciales con destino al Aeropuerto Internacional de Punta Cana fueron desviados hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de que una aeronave de la compañía dominicana Arajet experimentara un inconveniente técnico durante su aterrizaje la tarde de este jueves.
El incidente involucró al vuelo DM 5101, procedente de Miami, Estados Unidos, cuyo avión presentó una avería en uno de sus neumáticos al tocar tierra en la terminal turística, situación que obligó a detener la aeronave sobre la pista.
Como consecuencia, las autoridades aeroportuarias suspendieron temporalmente las operaciones de aterrizaje y activaron los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes.
La situación afectó a distintas aerolíneas internacionales que tenían previsto llegar a Punta Cana, cuyos vuelos fueron redirigidos hacia el AILA para garantizar la seguridad de sus ocupantes.
Una pista fuera de servicio complicó las operaciones
El incidente se produjo mientras el Aeropuerto Internacional de Punta Cana operaba con una sola de sus dos pistas, debido a que la otra permanecía fuera de servicio por trabajos de reparación.
Esta circunstancia dificultó la continuidad de las operaciones aéreas, por lo que las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), en coordinación con los responsables de la terminal, adoptaron medidas preventivas para gestionar el tránsito de las aeronaves.
Los equipos técnicos y de emergencia iniciaron las labores necesarias para retirar el avión afectado y verificar las condiciones de seguridad de la pista antes de autorizar la reanudación de las operaciones.
De acuerdo con los reportes iniciales, se estimaba que la normalización de las actividades aeroportuarias podría producirse en aproximadamente dos horas, dependiendo del retiro de la aeronave y de las inspecciones correspondientes.
Arajet confirma que no hubo heridos
Mediante un comunicado, la aerolínea Arajet confirmó que su vuelo DM 5101, que cubría la ruta Miami-Punta Cana, presentó una incidencia relacionada con uno de los neumáticos durante la maniobra de aterrizaje.
La empresa explicó que la aeronave logró aterrizar de manera segura y que posteriormente quedó detenida en la pista, conforme a los procedimientos operacionales establecidos para este tipo de situaciones.
Asimismo, aseguró que todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encontraban en buen estado de salud, sin que se registraran personas lesionadas.
El acontecimiento puso de manifiesto la importancia de los protocolos de seguridad aeroportuaria y de la disponibilidad de infraestructura alternativa para responder a situaciones imprevistas en terminales de alto movimiento turístico.
Hasta el momento del reporte inicial, las autoridades trabajaban en el restablecimiento de las operaciones normales del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, una de las principales puertas de entrada de visitantes internacionales a la República Dominicana.