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Condenan a Beltrán Leyva a cadena perpetua y multa de 529 millones de dólares
En esta foto de archivo del 21 de enero de 2008, policía federal de México escolta a Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, después de su arresto a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México.
Washington.-Un juez de EE.UU. condenó hoy a cadena perpetua a Alfredo Beltrán Leyva, líder de uno de los carteles del narcotráfico más conocidos de México y que deberá pagar una multa de más de 529 millones de dólares por haber introducido en Estados Unidos toneladas de cocaína y metanfetamina.
Beltrán Leyva, conocido como «el Mochomo», recibió la sentencia de pie, frente al juez, junto a su abogado y vestido con un traje de presidiario de color marrón y de una pieza.
Durante la audiencia para dictar sentencia, el juez de la Corte del Distrito de Columbia, Richard J. Leon, resaltó la «magnitud» del proceso contra Beltrán Leyva y aseguró que este es el «caso de mayor escala» que ha evaluado la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, en los últimos 15 años o «incluso antes».
«Usted era el líder de una de las organizaciones más grande del narcotráfico, usted infligió violencia directa y llegó incluso a matar y torturar. Usted sobornó con frecuencia a políticos y a la policía», enunció el magistrado durante la audiencia en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.
El juez aseguró que Beltrán Leyva, líder del cartel que lleva sus apellidos, llegó a introducir 27,9 toneladas de cocaína en EE.UU. a través de la frontera con México entre los años 2000 y 2012.
Por ello, el juez decidió acceder a la petición de cadena perpetua de la Fiscalía y decidió, además, imponerle una multa de 529,2 millones de dólares que pagará a través de la incautación de sus bienes y que servirá para devolver al Estado estadounidense la gran cantidad de beneficios que obtuvo del narcotráfico.
«El pago de esta multa es adecuado, el calculo que hago es extremadamente conservador porque usted obtuvo grandes beneficios», dijo el magistrado Leon.
No obstante, la Fiscalía pedía la imposición de una multa de 10.000 millones de dólares a Beltrán Leyva, al que puso al mismo nivel que el narcotraficante mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa y antaño aliado del grupo criminal de los Beltrán Leyva.
Por su parte, la defensa reiteró hoy su petición de 25 años de prisión y, al finalizar la audiencia, aseguró que recurrirá la condena, acción para la que dispone de un plazo de 14 días.
El propio Beltrán Leyva ofreció un alegato final de unos diez minutos en el que admitió haber vendido drogas en una ciudad de México, aunque aseguró que su papel se limitaba a ayudar a su hermano Arturo Beltrán Leyva, fallecido en diciembre de 2009 y que, según él, era el verdadero líder del cartel.
«Acepto la responsabilidad de mi ofensa que fue trabajar para mi hermano Arturo y vender droga en Culiacán (ciudad del estado de Sinaloa, noroeste de México)», dijo Beltrán Leyva.
«Pero yo nunca he vendido ni un kilogramo de cocaína a Estados Unidos. Le pido que tenga clemencia y me permita pasar un último día con mi familia», dijo el narcotraficante.
Detenido en México en enero de 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, Beltrán Leyva se declaró culpable en febrero de 2016 del cargo de tráfico de cocaína y metanfetaminas, solo uno de los seis delitos de los que le acusó el Gobierno estadounidense.
En su declaración de culpabilidad, Beltrán Leyva admitió haber obtenido toneladas de cocaína de países de Suramérica, como Colombia, para transportarlas a México por aire, tierra y mar.
El hecho de que el mexicano se declarara culpable sin acuerdo para reducir la condena evidencia la larga búsqueda que llevó a cabo el Gobierno estadounidense para dar caza a «el Chapo» Guzmán con la búsqueda de antiguos aliados que estuvieran dispuestos a testificar en su contra frente a las cortes de EE.UU.
Precisamente, la Fiscalía ha detallado en numerosas ocasiones durante el proceso judicial la alianza que unió en la década de 1990 a los Beltrán Leyva y al Cártel de Sinaloa.
En sus escritos, los fiscales mencionaron en varias ocasiones las reuniones que mantenían en las montañas de México el acusado y «el Chapo» Guzmán para planificar el envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.
La detención en enero de 2008 de Alfredo Beltrán Leyva produjo la ruptura entre el clan familiar y el cártel de Sinaloa, encabezado por «el Chapo» e Ismael «Mayo» Zambada, a quienes los Beltrán Leyva acusaron de traición por supuestamente haber entregado a Alfredo.
El resultado de la ruptura entre las dos bandas criminales fue una violenta guerra entre ellas y el asesinato de miles de mexicanos, incluyendo políticos y numerosos policías.
Por ello, en palabras del juez, el día de hoy supuso el «final de un largo camino, salpicado con violencia y con narcotráfico».
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.